Víctor Hugo Mendoza Patiño
Expediente 243/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Víctor Hugo Mendoza Patiño
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintisiete de febrero del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ***, por el cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: Es decir, que en el caso, se reclama el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. En la especie, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso, juicio o medio de defensa dentro del procedimiento que puedan tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten todos y cada uno de dichos recursos o medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal. No obstante, esa obligación no es exigible cuando se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso es persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la sentencia en primera instancia, pues en caso contrario, se entiende que el agraviado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a solicitar la nulidad del emplazamiento que considera irregular. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, porque alega en su demanda, se reitera, el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Consecuentemente, para determinar si en el caso a estudio cobra aplicación la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio, o si la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio apuntado, antes de acudir a la instancia constitucional, es necesario precisar cuál es el estado procesal que guarda la controversia generadora del acto reclamado y cuáles son los actos procedimentales que se han llevado a cabo. Así, de la lectura de las constancias que agregó el quejoso Víctor Hugo Mendoza Patiño a su escrito de prevención se advierte que la aquí tercero interesada Laura Ivonne Lora Castillo, en representación de su menor hija K..A.L.C., demandó al mencionado impetrante en la vía escrita familiar, entre otras prestaciones, el reconocimiento de paternidad y pago de alimentos. Por lo que, el juez responsable por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda, radicándola con el número 23/2023, de su índice, y, entre otras cosas, ordenó correr traslado y emplazar al demandado ahora quejoso. De lo que se evidencia que el juicio de origen aún está en trámite. De lo antes expuesto, se advierte que el quejoso es parte en sentido material dentro de la controversia familiar generadora del acto reclamado, pues la demanda fue entablada en su contra, por estimar que se le reclama el reconocimiento de paternidad, además, que le recae el carácter de deudor alimentario frente a su menor hijo. En segundo término, se advierte que en la controversia referida, aún no se dicta sentencia definitiva, pues hasta ese momento únicamente se realizaron actuaciones tendientes a correr traslado y emplazar al demandado ahora quejoso para en el plazo de nueve días de contestación a la demanda instaurada en su contra, entre otros requerimientos. Ante esas circunstancias, resulta evidente que la parte quejosa, se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Familiares le ofrece para defender sus intereses, pues si el juez responsable aún no dicta sentencia, es claro que está en posibilidad de intentarlos, sin que deba soslayarse que en el juicio de amparo, únicamente procederá cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En la especie, si de lo que se duele el solicitante del amparo, es el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones que prevén los artículos 424, fracción II 58, 59, y 60 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen lo siguiente: Artículo 424. Se tramitarán incidentalmente: (.) II.- Las cuestiones sobre nulidad de actuaciones, notificaciones o emplazamiento; (.) Artículo 58. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, tramitándose de acuerdo a la naturaleza del juicio en forma de incidente desde la notificación hecha ilegalmente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 59. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente, de lo contrario, el acto que dio origen a la misma, queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 60. Si la parte contraria está conforme con la nulidad, se decretará desde luego, si no, tratándose de juicio oral, el incidente se resolverá en la audiencia de pruebas y alegatos. En el juicio escrito, no se suspenderán los procedimientos, se tramitará por cuerda separada y se citará a las partes a una audiencia que se verificará dentro de los ocho días, en la que se contestará el incidente planteado, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá. En esa tesitura, al contener el Código Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto nulificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Carácter que no le asiste a la parte quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que deriva el acto reclamado; lo anterior, en virtud de que ha sido llamado a juicio, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó correr traslado y emplazar a juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 18/92, sustentada por la extinta Tercera Sala, página 16, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Ante tales circunstancias, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoria y manifiesta causa de improcedencia, la demanda de amparo promovida por ******************** HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa""
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ***, por el cual desahoga el requerimiento realizado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: Es decir, que en el caso, se reclama el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. En la especie, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso, juicio o medio de defensa dentro del procedimiento que puedan tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten todos y cada uno de dichos recursos o medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal. No obstante, esa obligación no es exigible cuando se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso es persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la sentencia en primera instancia, pues en caso contrario, se entiende que el agraviado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a solicitar la nulidad del emplazamiento que considera irregular. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, porque alega en su demanda, se reitera, el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Consecuentemente, para determinar si en el caso a estudio cobra aplicación la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio, o si la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio apuntado, antes de acudir a la instancia constitucional, es necesario precisar cuál es el estado procesal que guarda la controversia generadora del acto reclamado y cuáles son los actos procedimentales que se han llevado a cabo. Así, de la lectura de las constancias que agregó el quejoso Víctor Hugo Mendoza Patiño a su escrito de prevención se advierte que la aquí tercero interesada Laura Ivonne Lora Castillo, en representación de su menor hija K..A.L.C., demandó al mencionado impetrante en la vía escrita familiar, entre otras prestaciones, el reconocimiento de paternidad y pago de alimentos. Por lo que, el juez responsable por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda, radicándola con el número 23/2023, de su índice, y, entre otras cosas, ordenó correr traslado y emplazar al demandado ahora quejoso. De lo que se evidencia que el juicio de origen aún está en trámite. De lo antes expuesto, se advierte que el quejoso es parte en sentido material dentro de la controversia familiar generadora del acto reclamado, pues la demanda fue entablada en su contra, por estimar que se le reclama el reconocimiento de paternidad, además, que le recae el carácter de deudor alimentario frente a su menor hijo. En segundo término, se advierte que en la controversia referida, aún no se dicta sentencia definitiva, pues hasta ese momento únicamente se realizaron actuaciones tendientes a correr traslado y emplazar al demandado ahora quejoso para en el plazo de nueve días de contestación a la demanda instaurada en su contra, entre otros requerimientos. Ante esas circunstancias, resulta evidente que la parte quejosa, se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Familiares le ofrece para defender sus intereses, pues si el juez responsable aún no dicta sentencia, es claro que está en posibilidad de intentarlos, sin que deba soslayarse que en el juicio de amparo, únicamente procederá cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En la especie, si de lo que se duele el solicitante del amparo, es el indebido e ilegal emplazamiento en el juicio escrito familiar 23/2023 de la estadística del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el inconforme debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones que prevén los artículos 424, fracción II 58, 59, y 60 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen lo siguiente: Artículo 424. Se tramitarán incidentalmente: (.) II.- Las cuestiones sobre nulidad de actuaciones, notificaciones o emplazamiento; (.) Artículo 58. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, tramitándose de acuerdo a la naturaleza del juicio en forma de incidente desde la notificación hecha ilegalmente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 59. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente, de lo contrario, el acto que dio origen a la misma, queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 60. Si la parte contraria está conforme con la nulidad, se decretará desde luego, si no, tratándose de juicio oral, el incidente se resolverá en la audiencia de pruebas y alegatos. En el juicio escrito, no se suspenderán los procedimientos, se tramitará por cuerda separada y se citará a las partes a una audiencia que se verificará dentro de los ocho días, en la que se contestará el incidente planteado, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá. En esa tesitura, al contener el Código Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto nulificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Carácter que no le asiste a la parte quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que deriva el acto reclamado; lo anterior, en virtud de que ha sido llamado a juicio, mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó correr traslado y emplazar a juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 18/92, sustentada por la extinta Tercera Sala, página 16, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Ante tales circunstancias, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoria y manifiesta causa de improcedencia, la demanda de amparo promovida por ******************** HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Agréguense únicamente a los autos el informe previo que rinde el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, sin proveer al respecto, toda vez que en once de octubre de dos mil veintidós, se acordó lo referente al mismo. Informes previos.- Por otra parte, se tiene a las siguientes autoridades rindiendo su informe previo en relación a la admisión y ampliación de demanda: Juez Cuadragésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, autoridad sustituta de los Juzgados Octavo Noveno y Trigésimo Noveno Penal. Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve en funciones de Jueza de Trámite acorde al Acuerdo General 33/2022, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México. Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve en funciones de Jueza de Trámite acorde al Acuerdo General 33/2022, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de la Ciudad de México. Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México. Jueza Interina Trigésimo Quinto Penal de la Ciudad de México. Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Investigación Policial en apoyo a Mandamientos de la Ciudad de México. Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Ciudad de México. Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Ciudad de México. Director de Amparo en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México. (Todas en sus denominaciones correctas) Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental respectiva. Correo Electrónico y Domicilio.- Téngase a la oficiante señalando correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, de lo que se toma conocimiento, así como domicilio, para oír y recibir notificaciones. Delegados.- Asimismo, se le tiene designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala. Se comisiona al Oficial Judicial "A" para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativas la denominación de las autoridades citadas. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la moral aquí tercero interesado; en su atención, dígasele que quince del mes y año en curso, se ordenó la notificación a las autoridades responsables de la resolución que dejó de surtir sus efectos la suspensión provisional concedida. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental prevista para el día de hoy, toda vez que no obra en autos la totalidad de los informes previos, ni la constancia de notificación de los oficios, a través de los cuales se solicitó dicho informe: Para dar tiempo a lo anterior, se DIFIERE LA AUDIENCIA INCIDENTAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. Sirve de apoyo, la tesis aislada sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 224, tomo XI - marzo -1993, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es: "AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE." Notifíquese.
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