Victor Hugo Martínez Morales

Expediente 1119/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1119/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Victor Hugo Martínez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de seis de julio de dos mil veintidós (fojas 8 a 14), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve , contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ALTIPLANO, en Almoloya de Juárez, y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1119/2022-VI. Desechamiento de demanda. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, en concordancia con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LADEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso en estudio, debe decirse que la petición de amparo no se encuentra firmada ni de manera autógrafa ni electrónicamente por el quejoso XXXXXXXXX. Al respecto, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia legislación. Vinculado con ello, los artículos 5 y 6 de la misma legislación señala: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que estaLey lo permita." Tales preceptos legales contemplan el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, consistente en que no puede tramitarse de oficio por un tribunal, sino que siempre deberá mediar la solicitud de aquél que considere que una ley o acto de voluntad vulnera su esfera jurídica, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado: por el defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento penal, e incluso por medio de cualquier persona en los casos que la legislación lo permita. En ese tenor, la manifestación de voluntad del promovente para ejercer la acción de amparo, se constituye con la firma que estampe el quejoso en el escrito correspondiente, porque cumple con la función de identificar a éste, a través de un signo gráfico o rasgo distintivo, de la escritura de su nombre o la conjunción de signos gráficos, rasgos y palabras plasmados por su propia mano; incluso a través de un conjunto de caracteres alfanuméricos o conjunto de datos electrónicos que permite la identificación digital del usuario o del autor del documento que vincula al firmante de manera única por ser intransferible, irrepetible, personal y único. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 45/2018 y 47/2018 estableció que el artículo 3° de la Ley de Amparo otorga la posibilidad de instar a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de las tecnologías de información, utilizando la firma electrónica conforme a la legislación que al efecto emitiera el Consejo. Al respecto, se emitieron los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, de los que se aprecia que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) constituye un documento de identidad al ser un instrumento que permite el ingreso al sistema electrónico para actuar en los asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Se vislumbra que el propósito de la implementación de formas tecnológicas para la iniciación y tramitación de los juicios de amparo obedece, entre otros, a la simplificación de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando firma electrónica autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, el Máximo Tribunal concluyó que debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso, porque tal omisión no se equipara a alguna irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo; sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios que rigen al procedimiento de amparo que no amerita prevención alguna, como lo es la falta de la firma electrónica o autógrafa de la demanda, según el medio por el cual se ha presentado. Asimismo, estableció como excepción a esta regla cuando se promueva la demanda conforme lo establece el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, será innecesaria la firma electrónica del quejoso cuando se reclamen actos contenidos en el numeral 15 de la misma legislación. Tales razonamientos dieron origen a las jurisprudencias P./J. 32/2018 (10a.) y P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Ahora, se advierte que la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la cual la firma electrónica corresponde a XXXXXXXXX, el cual no tiene la calidad de defensor del quejoso; en tales condiciones es exigible que contenga la firma electrónica del directo agraviado. Lo anterior, pues como concluyó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis antedichas, éste requisito, es decir, la firma de quien aduce ser titular de derechos subjetivos violados es indispensable como uno de los presupuestos procesales para admitir una demanda, ya que cumple con el principio de instancia de parte; por tanto, el hecho de que contenga la firma de persona diversa a XXXXXXXX, sin que tampoco se señale la representación que ejerce respecto del directo agraviado, impide advertir la voluntad de éste. Ahora, debe verificarse si los actos reclamados actualizan algún supuesto de excepción, que permita la promoción de la demanda sin que sea exigible la firma electrónica; esto porque en tal sentido, el juez de amparo se limitó a afirmar que no se actualizaba alguna de las hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin abundar en ello. En ese contexto, el artículo 109 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica." Por su parte, el numeral 15 de la misma legislación señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)" De las porciones normativas transcritas se desprende, en lo que interesa, que cuando la demanda se promueva por medios electrónicos, reclamando algún acto que importe peligro de privación de vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; pena de muerte, mutilación o infamia; marca, azotes o palos; tormentos; la multa excesiva; la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, la falta de firma electrónica del quejoso, no trae consigo la consecuencia de inadmitir la demanda. En el caso, conforme a lo indicado en la demanda de amparo, el acto reclamado se hacen consistir en: la omisión de proporcionar el medicamento DAFLON y realizar diversos estudios médicos, del Director General y el Titular de Área Médica del Centro ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ALTIPLANO, en Almoloya de Juárez. Acto que no se encuentra previsto en el trascrito artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ni constituyen un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; no consisten en incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición; ni implican desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos -pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, o pena inusitada y trascendental- tampoco se trata de actos que impliquen la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sin que se soslaye que el promovente refiere que dicho acto se equipara a un tormento; sin embargo, dichas manifestaciones son insuficientes para considerar la omisión reclamada, como un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello constituye solo una apreciación del promovente. Y de igual manera, tampoco se expone en la demanda de amparo alguna razón que justifique que XXXXXXXXX, se encuentre incomunicado para promover el amparo. Esto es, el acto reclamado, no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia, para considerar que no se requiere la firma electrónica del directo agraviado; así tampoco, para ratificar la voluntad de XXXXX para promover la demanda. Asimismo, no pasa inadvertido que si bien el quejoso aduce dolerse de tormentos, tratos crueles e inhumanos por el malestar que presenta, lo cierto es que, dichos actos derivan del estado de salud del quejoso, más no los materializan las autoridades responsables con actos continuos que afecten su dignidad humana. Por tanto, en el caso, en razón de que el acto volitivo de ejercer la acción constitucional no fue manifestada por el impetrante, ya que la demanda no contiene la firma electrónica respectiva, se incumple el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; razón por la que opera de forma manifiesta e indudable causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por No se desconoce que, con motivo de la emergencia sanitaria aludida, el Consejo de la Judicatura Federal, ha emitido diversas disposiciones a efecto de que los órganos jurisdiccionales continúen con la prestación del servicio de administración de justicia; sin embargo, en ninguno de los acuerdos generales emitidos bajo tales circunstancias, se instruye a los órgano jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a dar curso a demandas de amparo sin firma de la persona a quien agravie el acto de autoridad que reclame, o bien por su representante en términos de ley, fuera de los casos que expresamente prevé la ley como excepción al principio de instancia de parte agraviada. Finalmente, en relación a la jurisprudencia de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA", se debe precisar que la misma ya fue superada por las jurisprudencias P./J. 32/2018 (10a.) y P./J. 8/2019 (10a.), cuyo título y subtítulo son: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Domicilio. Con fundamento en los artículo 57 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita la promovente, se tiene por señalado el usuario "lic.jmartinez23", para oír y recibir notificaciones, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se comisiona al analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios en el presente expediente, para que se realicen las notificaciones por dicha vía de las resoluciones que así lo ameriten y para la consulta del presente expediente. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que señaló un diverso domicilio para los mismos efectos; sin embargo, en aras de una pronta impartición de justicia, se tienen por establecidos los medios electrónicos para oír y recibir notificaciones, por así haberlo señalado; aunado a que de tener por señalado dicho domicilio podría propiciar duplicidad de notificaciones. Correo electrónico. Respecto al correo electrónico que proporciona la parte quejosa, con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, dicho medio electrónico se tendrá para establecer el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados; con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 3°, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique e

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