Víctor Hugo Juárez Jiménez
Expediente 921/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2020
Partes del expediente
- Víctor Hugo Juárez Jiménez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta de ****, por medio del cual solicita la devolución del documento que adjuntó a su demanda de amparo, consistente en copia cotejada de resolución para el Otorgamiento de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada, con número de folio ********************. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse al quejoso la documental antes señalada, previa identificación de las personas que señala para tal efecto, a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En el entendido que el solicitante deberá gestionar la entrega de dicha constancia de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, generar la cita correspondiente. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el treinta de septiembre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. De las constancias que integran el presente sumario, se advierte que mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se ordenó remitir los autos al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, hasta en tanto obraran las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del proveído referido por el que se tuvo por interpuesto recurso de revisión a la parte quejosa y ordenó correr traslado del mismo a las demás partes; y, toda vez que dichas constancias de notificación ya obran, con apoyo en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se remiten mediante oficio los datos del presente juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a través del correo electrónico correspondiente, a fin de que los turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio constitucional. Una vez que se cuente con la papeleta de turno respectiva, se remitirá vía interconexión al Tribunal Colegiado correspondiente el oficio, la papeleta en cita y el escrito de agravios que cuenta con firma autógrafa de la parte quejosa, previa vinculación que se realice por la analista jurídico SISE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 921/2020. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ****, en contra de los actos de la Titular de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, por violación de los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, 16, párrafo primero y 123 base A, fracción XXIX Constitucionales, se provee: ..... Acto reclamado De la lectura integra de la demanda, se advierte que el promovente Víctor Hugo Juárez Jiménez reclama de la autoridad responsable Titular de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, la suspensión de pago de la pensión de vejez, de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Causal de improcedencia Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, 5°, fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo; y el numeral 295 de la Ley del Seguro Social. .....En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, a contrario sensu, del artículo 1º de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de autoridad. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aunado a lo anterior, el precitado artículo de la Ley de Amparo, también prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; siempre que sus funciones estén determinadas por una norma general. En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la clasificación que la teoría general del derecho, estableció que las relaciones jurídicas pueden ser: ( De coordinación; ( De supra a subordinación; y, ( De supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Así, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, como ya se precisó el quejoso reclama del Titular de la Delegación Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí que resulte pertinente manifestar que al tener el citado Instituto un doble carácter, como organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de cuotas obrero patronales y, por otra, como ente asegurador cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto a las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley de dicho Instituto; así, puede establecerse que el acto que debate el promovente no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues la naturaleza de la relación existente entre dicho instituto y el promovente no se encuentra en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación, en el ámbito del derecho privado; dado que dicho organismo descentralizado no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo cual el acto que reclama carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad; pues por regla general en caso de controversia ésta debe someterse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, constitucional, artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 295 de la Ley del Seguro Social, que a la letra dice: "ARTÍCULO 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En efecto, no puede considerarse como acto de autoridad la suspensión de la pensión, pues como se sostiene la naturaleza de la relación entre el particular asegurado y la dependencia del Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador es de coordinación, en un plano del derecho privado y no de supra-subordinación; amen que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, como ya se precisó, la que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. .....A.... Desechamiento En consecuencia, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Juárez Jiménez. ....
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