Víctor Hugo Hernández Picasso

Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
598/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Hernández Picasso

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos del cuaderno de antecedentes, el oficio de cuenta, en atención a su contenido se toma conocimiento de que el Juez ------- de Distrito en el Estado de San Luis Potosí reenvía el oficio ------/2020 derivado del proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se acusó recibo de los autos del juicio de amparo ---/2020-8 de este índice y comunicó que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto quedando registrado con el número ---/2021 de su índice. Expuesto lo anterior, al no existir diligencias pendientes por dictar, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez que transcurra el término establecido en el numeral citado, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que firma electrónicamente la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, a través del cual informa que recibió el presente juicio de amparo el seis de noviembre de dos mil veinte y lo turnó al Juzgado ----------------------------------------------------------------------. En consecuencia, con fundamento en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales, solicítese atentamente a dicho Juzgado a efecto de que acuse el recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o no de la competencia planteada. Notifíquese...2

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, con motivo de la incompetencia planteada en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó remitir los autos originales del presente asunto... ... A efecto de conocer qué Juzgado de Distrito con sede en dicho circuito judicial tiene conocimiento del presente juicio de amparo, solicítese...remitió los autos originales del Juicio de Amparo 598/2020-8, del índice de este... ...

  4. Principal

    MESA "8" En la Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, contra actos del ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y otra autoridad., regístrese con el número de juicio de amparo ---/2020-8 y fórmese expediente electrónico e impreso. Incompetencia. Previo a la admisión, desechamiento o prevención de la demanda de amparo, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público, y por tanto, preferentes. Así, de la lectura integra del libelo de cuenta esta juzgadora federal se estima legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Es importante precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad. La cual es tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, el artículo 37, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales son: a) La primera regla se caracteriza porque se tomará en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito lo relativo a la jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso, y en su caso, para el cumplimiento de la sentencia; consideración que se corrobora con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad, lo que dentro de la lógica del sistema de competencias obedece, otra vez, a la agilización de los trámites y comunicaciones procesales entre la autoridad jurisdiccional y las responsables, en beneficio de una pronta impartición de justicia y, por ende, del agraviado. Por su parte, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Es lógico, desde la perspectiva de que la parte peticionaria así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. En la especie, se tiene que el quejoso señaló, como autoridades responsables: 1. "----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (ordenadora). 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------su carácter de ---------------------------------------------------------- (ejecutora). Además, en el apartado relativo a los actos reclamados, señaló los siguientes: a. De la AUTORIDAD ORDENADORA se reclaman las atribuciones o facultades para ordenar de la ejecutora que se investigue, intervengan sus teléfonos celulares o dispositivos móviles, es decir, realice actos de espionaje sobre la persona de mi representado, sin su autorización ni consentimiento, realice entrevistas al personal adscrito al ------------------, así como supuestos ciudadanos externos o civiles, rinda informes y emita tarjetas informativas respecto a los resultados que arrojen sus supuestas investigaciones, sin orden judicial, ni castrense ni por autoridad competente para ello, siendo de explorado derecho que quien debía de haber dado vista al C. ------------------------------------------------------------------ que iniciara la correspondiente Carpeta de Investigación y por consiguiente ordenar la realización de dichas investigaciones y no así el -----------------------------. b. De la AUTORIDAD EJECUTORA reclamo la ejecución de la orden recibida por la ordenadora para realizar actos de espionaje, sobre la persona de mi representado, sin la debida orden de investigación ordenada por la autoridad correspondiente, además de que no es la autoridad competente para realizar dichos actos de investigación para culparlo por delito alguno, ya que no se ha cometido conducta ilícita alguna que transgreda a los intereses de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda y resolver lo que en derecho corresponda, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa; lo cual acontece en el lugar en donde refirió encontrase privado de su libertad, esto es, en el estado de San Luis Potosí. En tal virtud, debe concluirse que corresponde conocer del presente juicio al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el lugar en el que se encuentra el directo quejoso, que es donde se está ejecutando el acto reclamado. Máxime que señaló como autoridad ejecutora al ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, el promovente refirió bajo protesta de decir verdad que el lugar en donde se están ejecutando los actos reclamados es en el del -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. En efecto, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, la competencia se surtirá en favor del Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De ahí que se surta la regla en mención, puesto que de acuerdo a la información vertida en la demanda de amparo, los actos reclamados por el solicitante del amparo, se están ejecutando en un territorio distinto al en que esta juzgadora tiene jurisdicción; esto es, en Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí. En consecuencia de conformidad con los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de control constitucional se declara incompetente en razón de territorio para conocer del juicio que nos ocupa, declinándolo en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno. Por los motivos expuestos con antelación, por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, así como informe lo relativo a la aceptación o no de la competencia que se plantea. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Luego, vista la certificación de cuenta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Vista al Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otra parte, con relación a su petición consistente en que se le de vista al Ministerio Público Adscrito a fin de que inicie la carpeta de investigación correspondiente respecto a las conductas posiblemente constitutivas de delito que se llevan a cabo por las responsables, debe decirse que en el Capítulo III, del Título Quinto de la Ley de Amparo, se encuentran comprendidos los numerales 261 a 271, referentes a los delitos especiales, de los que se desprende que las conductas ilícitas descritas tienen incidencia en la tramitación de los juicios de amparo, ya sea durante su sustanciación, esto es, a través de las actuaciones verificadas antes de la emisión de la sentencia con que dichos juicios se resuelven en definitiva (demanda, informes con justificación, desahogo de probanzas, etcétera); con motivo del trámite y cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva; o bien, derivado de la fase de cumplimiento del fallo ejecutor o, en su caso, de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es, en las disposiciones legales a las que se ha hecho alusión, la Ley de Amparo faculta ampliamente a los órganos jurisdiccionales de amparo para efecto de hacer del conocimiento del Ministerio Público la noticia criminis, es decir, la posible comisión de un delito durante la tramitación de un juicio de amparo, la suspensión, el cumplimiento del fallo ejecutor o de la declaratoria general de inconstitucionalidad, por conductas cometidas por las partes, por los órganos jurisdiccionales auxiliares de la Justicia Federal, por los propios juzgadores constitucionales o por cualquier otra autoridad o particular que tenga injerencia en el debido acatamiento de la multiplicidad de resoluciones que sean emitidas en dicho juicio. En el caso, tomando en consideración la etapa en la que se encuentra el presente juicio de amparo, así como que la parte quejosa solicita se de vista al agente ministerial adscrito por hechos suscitados fuera de la tramitación de este controvertido, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud. Máxime, que es facultad de este órgano jurisdiccional dar vista o no al representante social de la adscripción con la conducta procesal de las partes en el juicio y no un derecho de éstas, por lo que dígase a la promovente que tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que legalmente proceda. Lo anterior, sin menoscabo de que, en términos del artículo 271 de la Ley de Amparo, si en su caso, al concederse definitivamente a la parte quejosa el amparo, apareciera que el acto reclamado además de violar derechos humanos y derechos fundamentales, constituye delito, el juez de distrito pondrá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y 1 Artículo 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. 06/06/22 13:14:20 El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico gabriel.acosta.acuna@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55)-53-22-17-00, extensión 4321. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario -----------; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa..."

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