Víctor Hugo Guzmán Correa
Expediente 1042/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Hugo Guzmán Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, unoprimero de febrero de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes para recurrir la sentencia definitiva que se sobreseyó y negó el amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 2.2. Incidente de Suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2.1. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Lo anterior, se ordena hacerlo constar en la carátula de los cuadernos incidentales. 3. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de las constancias enviadas por la autoridad responsable como justificación de su informe, en el entendido de que servirá como acuse la evidencia que para ello genere este juzgado. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1042/2022, promovido por Víctor Hugo Guzmán Correa, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Ejecución Región Morelia y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO EN UNA PARTE Y EN OTRA NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del: Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia. Juez de Ejecución Región Morelia. Coordinador General de la Policía de Investigación, con residencia en esta ciudad. Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, con residencia en esta ciudad: La orden de reaprehensión dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que el acto que se reclama tratará de ejecutarse dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento y el Juez de Control, ambos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dichas negativas, ni existan medios de convicción que revelen su existencia. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado, respecto de las autoridades antes precisadas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, y la jurisprudencia 170 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora Juez de Ejecución Región Morelia, así como al Coordinador General de la Policía de Investigación y al Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos con residencia en esta ciudad, en su carácter de ejecutoras, pues así los aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que el Juez de Ejecución Región Morelia remitió como anexos a su informe justificado, de las que se desprende que el nueve de marzo de dos mil veintidós, se dictó orden de reaprehensión al quejoso, dentro del procedimiento de ejecución POSA-463/2021, para que cumpliera la pena de prisión que le fue impuesta en la causa penal 943/2020, del índice del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, asimismo, las partes no señalaron que se actualizara alguna. SEXTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados. En el primer concepto de violación señala que se vulnera lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, ya que tiene el temor fundado de ser privado de su libertad, sin haberse seguido un juicio previo ante autoridad judicial competente, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, vulnerada su garantía de audiencia. Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la constitución federal, imponen que toda autoridad tiene como obligación, ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, instituyéndose así el principio de seguridad jurídica; por tanto, al emitir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento, pues el gobernado necesita tener la certeza de que el acto de autoridad cumple con el principio de seguridad jurídica, porque en caso contrario se estaría vulnerando su esfera de derechos. Atendiendo a lo ya explicado, debe precisarse que la autoridad judicial está facultada por la ley para velar por la buena marcha del proceso, para que la impartición de la justicia sea pronta y eficaz, así como para emitir determinaciones que propicien el cumplimiento de sus determinaciones, cuando exista contumacia para acatar alguno de los requerimientos hechos por el órgano jurisdiccional; o bien, para el cumplimiento de una sanción de pena de prisión. Al respecto, el artículo 14, segundo párrafo, constitucional, prevé lo siguiente: "Artículo 14. [...] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." La garantía en comento, constituye en general la garantía de seguridad jurídica que es una de las más importantes dentro del régimen jurídico nacional, puesto que tiende a proteger a todo gobernado frente a los actos de autoridad privativos de los bienes tutelados por la misma, y que conforme al precepto constitucional trascrito comprende a su vez, cuatro garantías específicas de seguridad jurídica: - La del juicio previo al acto de privación. - La de que dicho juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos. - La de cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento (entre las que se encuentra la garantía de audiencia). - Y la que el acto privativo se ajuste a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En efecto, tratándose de actos privativos de libertad, el juez responsable debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento correspondiente, tendientes a que no se prive al gobernado de su derecho de ser oído en defensa de sus intereses. La jurisprudencia ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 de la Constitución General de la República, son las que otorgan al indiciado la posibilidad de ser oído en la causa instruida en su contra, en la que se encuentre en aptitud de ofrecer pruebas y alegar lo que estime pertinente previo al acto de autoridad. Lo anterior, encuentra sustento, en la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Así también, en la Jurisprudencia que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUE CONSISTEN. (ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses." En otras palabras, las formalidades esenciales del procedimiento, son elemento primordial de la garantía de audiencia; se comprende la observancia, esencialmente, de los requisitos procesales siguientes: a) El derecho de ser llamado a juicio y ser informado de lo que va a ser materia de la afectación. b) El derecho de alegar. c) La oportunidad de aportar pruebas. d) Y el derecho de obtener una sentencia. Asimismo, la Suprema Corte de justicia de la nación ha establecido o determinado que existen dos núcleos para analizar la garantía de audiencia y debido proceso, a saber: a) Núcleo duro. b) Núcleo de garantías. El primer núcleo (núcleo duro) se refieren justamente a los cuatro aspectos antes enunciados, que como básicos se examinan en el tópico de las formalidades esenciales del procedimiento. Mientras que el otro núcleo (núcleo de garantías) se encuentra los demás derechos fundamentales propios del proceso y de su secuela y en el caso tanto para procesados como víctimas. Cobra aplicación, la Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." De los criterios expuestos se desprende que la garantía de seguridad jurídica en comento, entraña, entre otras cosas, la prerrogativa del gobernado de que no podrá ser privado de sus posesiones o libertad, sin que la autoridad responsable cumpla las formalidades esenciales del procedimiento; entre ellas, la de ser oído en juicio para hacer valer lo que a su interés convenga. Luego, los artículos 100, 101, 102 y 103, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estatuyen: "Artículo 100. Ejecución de la sentencia El Juez de Ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la Ejecución de Sentencia, para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta Ley, por el Código y demás leyes penales aplicables. Artículo 101. Tipos de resoluciones que ejecutará el Juez de Ejecución El Juez de Ejecución deberá cumplimentar las sentencias condenatorias y firmes. Artículo 102. Puesta a Disposición El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución y a la Autoridad Penitenciaria. Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión. Artículo 103. Inicio de la Ejecución La administración del Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo al Juez de Ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. Una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de tres días. Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. El Juez de Ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un Defensor Particular y, sino lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código. El Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la información correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado. De los numerales transcritos se desprende que al Juez de Ejecución corresponde la ejecución de las sentencias condenatorias y firmes, emitidos por el Juez de Control o tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, se establecen tres hipótesis de su actuación: a. Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución; b. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata; y, c. Cuando el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión. De igual manera, se advierte que una vez turnados los autos al Juez de Ejecución, a los que se anexará la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de tres días, ordenará la notificación a las partes, prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de tres días, designe un defensor particular y, sino lo hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código, garantizando con ello su derecho a una defensa adecuada. En el caso, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la causa penal 943/2020, del índice del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, decretándose la culpabilidad del quejoso, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de los menores J.G.G.F. y D.S.G.F, imponiéndosele entre otras, la pena de 1 año de prisión; misma que causó ejecutoria el cinco de octubre de dos mil veintiuno. Así, el doce de octubre siguiente, inició el procedimiento de ejecución POSA-463/2021, para el cumplimiento de la sentencia, en la cual, se señaló que ante el Juez de Ejecución se debía efectuar la solicitud y debate respecto a la concesión de un beneficio, por ello, en el citado auto y conforme a los artículos 102 y 118, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se requirió al sentenciado y su defensa para que en cinco días tramitaran el procedimiento correspondiente para la procedencia de un beneficio; bajo apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. La notificación de la defensa se realizó el catorce de octubre de dos mil veintiuno y al sentenciado el quince de octubre siguiente, a través de los números telefónicos que proporcionaron como medio para tal propósito ante el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. El sentenciado no cumplió con el requerimiento, por lo que, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se le requirió por última ocasión, para el mencionado propósito; apercibiéndole que de no efectuarlo, se ordenaría su detención para que cumpliera la pena de prisión impuesta en el Centro penitenciario "David Franco Rodríguez", conforme al artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior se notificó a su defensa el diez de noviembre del citado año y al sentenciado el once de noviembre siguiente. Luego, por las razones de imposibilidad expuestas para notificar al sentenciado en su domicilio personal y laboral, el dos de febrero de dos mil veintidós, nuevamente se dispuso notificar al quejoso el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante estrados. Finalmente, como transcurrió el término concedido, sin haberse tramitado el procedimiento para determinar en audiencia oral la concesión de un beneficio, el nueve de marzo de dos mil veintidós, se dictó orden de reaprehensión al quejoso, para que cumpliera, entre otra, la citada pena de prisión. En ese contexto, el acto aquí reclamado cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, y no vulnera ni restringe el derecho de audiencia del peticionario de amparo, porque previo a su emisión, como se observa de la narración de antecedentes, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, siguió un procedimiento - causa penal 943/2020- que culminó con el dictado de la sentencia en la que el quejoso resultó penalmente responsable de delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de los menores J.G.G.F. y D.S.G.F, por lo cual se le condenó a un año de prisión; determinándose que ante el Juez de Ejecución se debía efectuar la solicitud y debate respecto a la concesión de un beneficio. De ahí que, iniciado el procedimiento por el Juez de Ejecución Región Morelia, para el cumplimiento de la sentencia y, al no cumplir con los requerimientos para determinar en audiencia oral la concesión de un beneficio, se dictó orden de reaprehensión al quejoso para cumplir la pena de prisión. Determinación que rige su actual situación jurídica. De modo que, es evidente que sí se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento en favor del quejoso, pues los requerimientos les fueron notificados personalmente a él y a su defensa, y por estrados, el último que se efectuó. Además, con la notificación del primer requerimiento tuvieron incluso el aludido quejoso y su defensa, la oportunidad de ofrecer los medios de prueba y alegaciones que estimaran necesarios para demostrar que tal requerimiento carecía de sustento, sin que lo hubieran hecho. No obstante lo anterior, los apercibimientos realizados al quejoso en el sentido de ordenar su reaprehensión en caso de no cumplir con la requerimiento formulado, tienen su sustento en el párrafo tercero del artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual se estima legal, dado se cumple con las hipótesis normativas que dicho numeral prevé, esto es, que el sentenciado se encuentra en libertad y que se dictó una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal; de ahí que, atendiendo a lo sentenciado, en el sentido de que la procedencia y en su caso, autorización para el quejoso de algún beneficio sería materia de solicitud y debate ante el juez de ejecución, por ser el competente, es que se estiman fundados y motivados los requerimientos. Ilustra, la tesis aislada de rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL DECRETARLA SIN RESPETARSE LAS GARANTÍAS DE PREVIA AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL PROCESO PENAL. Resulta ilegal la determinación consistente en que la orden de reaprehensión reclamada fue correctamente obsequiada, al tomarse en consideración lo siguiente: a) Que se había dictado en contra del quejoso auto de formal prisión por un delito sancionado con pena privativa de libertad; b) Que el diverso juicio de garantías promovido contra la orden de aprehensión librada en la causa natural, había sido sobreseído, causando la correspondiente ejecutoria y dejando sin efectos la suspensión del acto reclamado; y c) Que al no existir evidencia de que el quejoso se hubiera sometido de manera voluntaria ante su Juez, ello trajo como consecuencia el libramiento del mandamiento de recaptura en su contra. Es así, porque antes de girar la orden de reaprehensión, el Juez natural, a fin de no violar las garantías de previa audiencia y legalidad que rigen el proceso penal, debió hacer saber en forma personal al inculpado, hoy recurrente, que debería manifestar en el término que estimara prudente, si era su deseo recluirse voluntariamente en el centro de readaptación social o, en su defecto, solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, apercibiéndolo de que en caso de ser omiso, se giraría en su contra orden de reaprehensión; es decir, debió observar las reglas relacionadas con la restricción de libertad y beneficio de libertad bajo fianza, a que alude el artículo 395 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas. Máxime cuando la conducta desplegada por el quejoso no incide en alguno de los supuestos contemplados en el cuerpo de leyes mencionado, para que sea procedente el libramiento de la orden de reaprehensión de que se trata y que el auto de formal prisión del que se hace derivar dicho mandamiento, no ha quedado firme por no habérsele notificado personalmente." En esas condiciones, se concluye que se respetó a favor del quejoso su derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal; por tanto, infundado su concepto de violación. En el segundo motivo de disenso alega violación al artículo 16 de la Constitución Federal, ya que no se funda ni motiva la causa legal del procedimiento; y, que no se acredita la existencia del cuerpo del delito ni su probable responsabilidad en la comisión de delito. Contrario a lo que sostiene, tampoco existe violación a los derechos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el párrafo primero, del numeral 16, de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" El artículo transcrito establece en su primer párrafo, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, así como su adecuación del juicio de hechos objetivamente probados al marco normativo en que éstos encuadran. En términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, la conformación de la fundamentación y motivación es condición de existencia del acto autoritario, pues con la sola mención del derecho, que es abstracto resulta imposible resolver un caso concreto, y sin ella, es decir, sin la concurrencia aludida, es igualmente imposible la operación lógica de adecuar un caso concreto a aquellas disposiciones abstractas. Por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto. La motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Ilustra, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ciento sesenta y dos, consultable en el Tomo XXII, que corresponde al mes diciembre de dos mil cinco, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así, de la lectura integral de los autos de doce de octubre y nueve de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, mediante los cuales el juez responsable requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días tramiten el procedimiento correspondiente para determinar la procedencia de algún beneficio -en el primero-; y, para que inicien el trámite correspondiente y en audiencia oral se pueda determinar si se le concede un beneficio -en el segundo-; apercibido que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión, sí están fundados y motivados, habida cuenta que la autoridad responsable plasmó el artículo 102, tercer párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente transcrito, como fundamento de sus apercibimientos. De ahí, lo fundado y motivado de los requerimientos. Luego, al no dar cumplimiento el sentenciado, se emite la orden de reaprehensión -aquí reclamada-, misma que también cumple con los requisitos de fundamentación y motivación. De fundamentación porque el juez responsable reiteró la cita del artículo y párrafo con el que apercibió al sentenciado. Y, respecto de la motivación, también cumplió con tal extremo, pues de su lectura se advierte, que de manera pormenorizada hizo una narrativa de las razones que le llevaron al dictado de la orden de reaprehensión y que para efectos de esta sentencia se cumple al haber establecido lo siguiente: 1. Que se dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso, la cual quedó firme. 2. Asimismo, que se decretó el inicio del procedimiento de ejecución. 3. Los requerimientos efectuados y sus notificaciones. Lo que pone de manifiesto que la autoridad jurisdiccional responsable le dio a conocer a la parte quejosa las razones de manera clara por las cuales emitió la orden de reaprehensión, las cuales se consideran suficientes de forma tal que no lo deja en estado de indefensión para poder combatir dicho acto, en virtud de que basta su lectura para observar las disposiciones legales que se aplicaron y las razones que motivaron su proceder. De modo que no puede existir incertidumbre jurídica contra el quejoso, por habérsele dado a conocer de manera clara las razones jurídicas que tuvo el juez responsable para emitir la orden de reaprehensión reclamada. Por tanto, si el acto reclamado sí cuenta con la debida fundamentación y motivación, es infundado su reclamo. Finalmente, como quedó establecido, la orden de reaprehensión fue emitida en el procedimiento de ejecución POSA-463/2021, que se formó con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la sentencia emitida en la causa penal 943/2020, instaurada en contra del quejoso, por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de los menores J.G.G.F. y D.S.G.F. De ahí que, para la emisión de ese tipo de resoluciones no se requiere -como lo esgrime el quejoso- que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sentenciado, a diferencia de una orden de aprehensión; de ahí lo infundado de su argumento. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada 1a. CC/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, y, al no existir motivos para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado de las autoridades ejecutoras Coordinador General de la Policía de Investigación y Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos con residencia en esta ciudad, ya que no se les atribuyó vicios propios, sino que fue impugnado en vía de consecuencia de la resolución reclamada. Es aplicable, tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Guzmán Correa, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en los considerandos primero; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Hugo Guzmán Correa, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, particularmente, la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, se señalaron las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, siendo lo correcto las diez horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, regularícese el procedimiento, para el efecto de precisar que son las diez horas con veinte minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en que tendrá verificativo la audiencia constitucional dentro de este juicio. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.SSC/MSHM/@®T
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En dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la secretaria certifica:Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación, adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese, y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.
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