Víctor Hugo Guerrero Cruz

Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
512/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Guerrero Cruz
  • Víctor Hugo Guerrero Cruz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS INICIA PLAZO FENECE PLAZO DÍAS INHÁBILES QUEJOSA Y AMPF ADSCRITA 4 DE ABRIL DE 2023 10 DE ABRIL DE 2023 11 DE ABRIL DE 2023 24 DE ABRIL DE 2023 15, 16, 22 y 23 DE ABRIL DE 2023 AUTORIDAD RESPONSABLE 4 DE ABRIL DE 2023 4 DE ABRIL DE 2023 10 DE ABRIL DE 2023 21 DE ABRIL DE 2023 15, 16, 22 y 23 DE ABRIL DE 2023 ASIMISMO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE FUERON REVISADAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, DE LAS QUE SE APRECIA QUE NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL. CONSTE. En veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación que antecede. Conste.Reynosa, Tamaulipas, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.yrhr"Reynosa, Tamaulipas, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe".

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 512/2023-II, promovido por Víctor Hugo Guerrero Cruz; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; dada la naturaleza del acto reclamado no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto que no requiere de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad, en donde radica la autoridad laboral que tramita el juicio de origen. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, apoya lo expuesto la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, el acto reclamado consiste en: La omisión dictar el laudo dentro del juicio laboral 149/2020. TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en eta ciudad, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene como cierto. CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de manera oficiosa, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, lo que a su vez también se encuentra sustentado en el criterio jurisprudencial número 814, visible en las páginas 553 y 554, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien esto resuelve advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicho artículo y fracción en comento, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Como quedó precisado, la parte quejosa se duele básicamente de que la autoridad responsable se ha abstenido de emitir el laudo dentro del juicio laboral 149/2020. Realizado el análisis de las documentales que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte que el veintisiete de marzo del presente año, se emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 149/2020; ello, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Con lo expuesto, este juzgador considera que dicha parte ha sido restituida en el goce del derecho fundamental violado, lo que ha sido de manera total e incondicional, toda vez que no se le impone carga alguna, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Habida cuenta que el estado de incertidumbre en que se encontraban la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, la Junta responsable emitió el laudo correspondiente dentro del juicio de origen; por lo que se reitera, lo procedente es sobreseer en el juicio al haber cesado los efectos del mencionado acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 512/2023-II, promovido por Víctor Hugo Guerrero Cruz, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria quien autoriza y da fe.AMLFH

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano judicial; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

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