Víctor Hugo González Martínez

Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo González Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    cERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, apareciendo que dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la ley de la materia, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto; por tanto, con fundamento en los normativos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por otra parte y en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenando en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento de las partes, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente este juicio, sin obrar documentos originales. Por otro lado, dado lo antes acordado, resulta innecesario conservar los anexos acompañados por la autoridad responsable en su comunicado de ley; consecuentemente, devuélvanse vía oficio. Finalmente, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.

  3. Incidental

    Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, del cual se advierte, causó estado el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio principal. En consecuencia, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que el original del presente cuaderno es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se negó en forma provisional y definitiva la medida cautelar solicitada; además, no obran documentos originales.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, a través del cual, rinde su informe justificado, al que acompaña diversas constancias relativa a la carpeta judicial 10224/2020, donde deriva el acto reclamado, la cual se le instruye a la parte quejosa Víctor Hugo González Martínez. por hechos con las características del delito de secuestro agravado. Por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, ello, acorde al artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles - aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se observa que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable, la omisión de dar contestación a la petición, por escrito y en forma pacífica, que se hiciera el día 08-ocho de febrero del año 2023-dos mil veintitrés, dentro de la Carpeta Judicial 10224/2020. Sobre ese contexto, del análisis de las documentales allegadas por la autoridad judicial responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que en relación al acto de reproche en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la propia ley, los cuales disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado en el juicio accionado. Lo anterior ocurre cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionante de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Sin que ello implique sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, ya que igualmente deben desaparecer la totalidad de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no perjudique a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese contexto, el acto reclamado se trata de la omisión de la responsable en proveer la petición elevada por el quejoso a la autoridad responsable dentro la carpeta judicial 10224/2020, mediante ocurso presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, donde nombró a diversos profesionistas como defensores particulares, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Al respecto, de las documentales a las cuales previamente se les ha otorgado valor probatorio, se observa que en relación a tal petición, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, emitió el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el cual es del tenor siguiente: "Monterrey, Nuevo León, a 09 de febrero de 2023. Por recibido escrito presentado por HUGO DELFINO GONZALEZ LEOLIM Ó VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, a quien se le inició la causa penal 10224/2020, por hechos con las características del delito de SECUESTRO AGRAVADO, mediante el cual nombra como sus nuevos defensores a los licenciados Clodoaldo Campos Olvera, Jesús Alberto Nevarez Castillo y Job Azuceno Gil. Al efecto, dígasele que de autos se desprende que en fecha 02 de febrero de 2023, se remitieron las constancias de la causa penal al Magistrado de la Segunda Sala Colegiala Penal para la substanciación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en fecha 01 de diciembre de 2022; motivo por el cual esta Autoridad no es competente para pronunciarse a la solicitud planteada, en consecuencia, dicha petición deberá elevarse ante el Magistrado de la Segunda Sala Colegiada Penal, para los efectos correspondientes dentro del toca de apelación en definitiva. [.]" Proveído el cual, le fue notificado al hoy quejoso Víctor Hugo González Martínez, a través del Sistema Electrónico de Videoconferencia, conforme se observa de la certificación efectuada por el Secretario Adscrito a la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal del Estado, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, es decir, posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, que lo fue el ocho de mayo del propio año; tal circunstancia pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que la omisión reclamada dejó de existir en virtud de que la autoridad responsable a través del auto de nueve de febrero citado, dio respuesta a lo peticionado por el quejoso en los términos anteriormente descrito, lo cual se lo hizo del conocimiento por el medio utilizado para tal efecto; con lo que las cosas volvieron al estado que guardaban como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Luego, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRÉS MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente al ********************.

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