Víctor Hugo González Díaz

Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
757/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo González Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Magistrado Presidente de la Primera sala Colegiada Civil de Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusando recibo del oficio y de las copias certificadas que le fueron remitidos; en consecuencia, tómese conocimiento. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se sobreseyó y negó la protección constitucional. El incidente de suspensión es conservable de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Cuarto Civil de Ecatepec con residencia en Coacalco México, acusando recibo de los comunicados 23007/2023 y 23009/2023 que le fueron remitidos; en consecuencia, tómese conocimiento. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec Estado de México y otras autoridades, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguno los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. R E S U L T A N D O: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de Distrito, el trece siguiente a este Juzgado Federal, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Civil de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. II. Trámite de la demanda. Por auto de quince de junio del año en curso, se radicó la demanda de amparo bajo el número ******************** y se formuló auto de prevención, previo desahogo y ratificación del mismo, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, admitió a trámite la citada demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio de la tercera interesada********************y********************; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 49 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama un acto de naturaleza civil atribuido a dos autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, que resolvió el recurso de queja interpuesto en contra del auto de diez de abril del año en curso, dictado por la Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente ********************, que ordenó regularizar el procedimiento e inadmitió la reconvención planteada por ********************, en contra de ********************, así como su cumplimiento. Tercero. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, así como la Jueza, Secretaria de Acuerdos y Notificadora, todas adscritas al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto, por tanto se tienen por ciertos. Al caso se invoca la jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora al imponerse del contenido de las copias certificadas del expediente ********************, así como del toca ********************-III, que remitió la Juez y Sala Colegiada Civil responsable como apoyo a sus respectivos informes justificados; constancias cuyo valor probatorio es pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, segundo párrafo. Cuarto. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, de oficio se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos que atribuye a la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México. Ello es así, debido a que la facultad que se le confiere a la referida funcionaria no están las de decisión o de ejecución, pues únicamente tiene el carácter de subalterno del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México y recibe órdenes de dicha Titular y, por ende, su actuación está desprovista de imperio y decisión, excluyéndolo así del carácter de autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, página 583, registro 226319, del siguiente rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CONTRA ACTOS DE SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO CIVIL, CUANDO AUTORIZAN RESOLUCIONES Y AUTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". Así también, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 159, registro 228098, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO TIENE EL CARÁCTER DE". En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto a la autoridad señalada en el presente considerando, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. No habiendo alguna diversa causa de improcedencia que las partes hayan hecho valer, ni este juzgador advierte de oficio; por ende, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. Quinto. Estudio de fondo. Del análisis íntegro de los conceptos de violación enunciados en el escrito de demanda, se advierte que el quejoso alega, en esencia, lo siguiente: -Refiere que la Sala responsable al confirmar el auto de desechamiento de la reconvención planteada, inobservó los agravios planteados en el recurso de queja vulnerando su derecho a un recurso efectivo, así como a la tutela judicial efectiva. -Manifiesta que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, transgredió en su perjuicio sus garantías de debido proceso, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, contenidas en los numerales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo anterior, lo hace depender, de que no se le permitió al quejoso gozar de un recurso efectivo por el cual defienda sus derechos en el procedimiento judicial. -Señala que la autoridad responsable debió homologar la reconvención con una demanda. Ello lo considera de esa manera, pues refiere que la ley procesal civil para el Estado de México, omite contemplar un recurso en contra del auto que inadmite la reconvención. En ese tenor, por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación se analizarán en forma conjunta en virtud de su estrecha vinculación e identidad; sin que tal actuación irrogue perjuicio alguno a las partes, ya que está prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2o. J/5 (10a.), con emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo III, página 2018, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." No obstante, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de las constancias que obran en autos, se advierte que la Sala responsable, sí realizó una exacta aplicación de la ley; ello, al atender los principios de legalidad y debido proceso, lo anterior por las siguientes consideraciones: Como preámbulo, es menester precisar que la fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario consiste en que los actos de autoridad deben basarse en una disposición normativa general que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar aquél acto, esto es, que dentro del ámbito de normatividad del derecho positivo, exista un precepto legal contenido en una ley vigente que autorice y faculte a una determinada autoridad para emitir el acto de molestia. Dicho en otras palabras, la fundamentación legal de cualquier acto de autoridad, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades del país sólo pueden hacer lo que la ley les permite, esto es, que las autoridades no tienen más facultades que las que la ley les otorga, pues, si así no fuera, fácil sería suponer implícitas todas las necesarias para sostener actos que tendrían que ser arbitrarios por carecer de fundamento legal. Por otro lado, la motivación de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto, expresando los razonamientos lógico jurídicos sobre el porqué consideró que el caso concreto se ajusta, o no, a la hipótesis normativa. Sin lo anterior, se violaría invariablemente, la citada subgarantía que conjuntamente con la de fundamentación legal, integra la garantía de legalidad. Resulta aplicable la tesis I.4o.P.56 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, de noviembre de 1994, visible en la página 450, de la Octava Época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa." En ese contexto, la resolución que es materia de estudió se tiene que la sala responsable precisó que, conforme al artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que emita el juez, en las cuales no admite una demanda, o en su caso, deniega una apelación. Además, tomó en cuenta las actuaciones que obran en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, relativo al juicio ordinario civil (acción plenaria de posesión), promovido por ********************, en contra de ********************, y determinó que el proveído diez de abril de dos mil veintitrés, en el cual se regularizó el procedimiento y se inadmitió el escrito de reconvención, en razón de que no era recurrible mediante el recurso de queja. De ahí que, se considere correcta la determinación de declarar improcedente el recurso de queja interpuesto en contra del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, ya que, sí se realizó un estudio relativo a la procedencia del recurso de queja. Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional se limita a determinar la eficacia o no de los argumentos expuestos por el agraviado, los cuales se estiman inoperantes. Se afirma lo anterior, en razón de que, sobre la inadmisión de la reconvención, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 234/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J 10/2012 (10a), de rubro: "RECONVENCIÓN. CONTRA SU DESECHAMIENTO NO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS DE MORELOS, MÉXICO, CHIAPAS, PUEBLA -ABROGADA-, Y JALISCO, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994)."; precisó que la acción, in genere, es un derecho abstracto de obrar, una facultad que goza un sujeto para acudir ante los tribunales para exponer su pretensión frente a otro; el poder de presentar y mantener ante un órgano jurisdiccional una pretensión jurídica. Asimismo, destacó que todas las legislaciones involucradas en la aducida contradicción de tesis, entre éstas, la legislación civil del Estado de México, reconocen un derecho de acción para acudir ante los tribunales del orden común para exponer una pretensión frente a otro sujeto, deduciendo un juicio contencioso que tiene por objeto obtener la declaración judicial a su favor. También, la Sala de la Corte afirmó que, ante la reclamación del actor formulada en la demanda, el demandado en un juicio podía, entre otras cosas, formular nuevas pretensiones en contra de la parte actora, aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido. Actitud procesal, que adujo, se le llama reconvención o contrademanda. Destacó que la doctrina considera que la reconvención o contrademanda es la actitud más enérgica del demandado, reconocida, por supuesto, en las legislaciones que se analizaban en esa contradicción, y no era sino la pretensión que el demandado deducía al contestar la demanda, por lo cual se constituía a la vez en demandante del actor, a fin de que se fallaran las dos pretensiones en una sola sentencia. Adujo que la reconvención es la actitud más enérgica del demandado, porque éste no se limitaba a oponer obstáculos procesales o a contradecir el derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprovechando la relación procesal ya establecida, formulaba una nueva pretensión contra el actor. La reconvención, señaló, era un acto procesal de petición mediante el cual el demandado deducía oportunamente contra el actor una acción propia, independiente o conexa con la acción que era materia de la demanda, a fin de que ambas fueran sustanciadas y decididas simultáneamente en el mismo proceso. En los juicios en los que se produce la reconvención, precisó el Alto Tribunal del País, las partes asumían, a la vez, el carácter de actores y demandados: una parte era actora en relación con la demanda inicial y demandada respecto de la reconvención, y la otra era demandada en la primera demanda y era actora en la demanda reconvencional. Por eso a estos juicios, en la doctrina, se les llamaba "dobles". La nueva pretensión del demandado, aseguró la Sala, se expresaba en una nueva demanda, una contrademanda, que debía contenerse en el mismo escrito de contestación a la demanda, sin que se confundieran. Es decir, en el mismo escrito se debía contener, por una parte, la contestación de la demanda, en la que el demandado se refería a los hechos y al derecho afirmado en la demanda y manifestaba su actitud respecto a las pretensiones del actor; y, por la otra, la reconvención, que es una nueva demanda, por lo cual debía cumplir esencialmente los mismos requisitos para su formulación. Como se trataba de una nueva demanda, afirmó la Sala de la Corte, se debía realizar un nuevo emplazamiento, pero ahora notificando al actor, para que contestara la reconvención en un plazo determinado. De lo anterior, precisó que se desprendía que la reconvención constituía en sí el ejercicio de un derecho abstracto, como lo era el de acción. Es decir, no era más que la petición a una autoridad jurisdiccional de que conociera cierta pretensión y, previo un juicio, resolviera conforme a derecho. Así, puntualizó, que tanto el derecho de acción y su correlativo de reconvenir, derivaba de un derecho genérico del que gozaba todo sujeto para acceder a los tribunales con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso en el que se observaran ciertas formalidades esenciales. De esta manera era factible afirmar que el derecho de acción se ejercitaba mediante la iniciación de un juicio autónomo o a través de la reconvención. Por estas consideraciones, refirió, que era comprensible porque las legislaciones materia de contradicción (Estado de México, Jalisco, Puebla y Morelos) establecían que la reconvención debía reunir las mismas formalidades que la demanda. En cuanto a las diferencias entre la demanda y la reconvención, destacó que eran de naturaleza esencialmente procedimental, y eran, entre otras, las siguientes: 1. La demanda es el primer acto procesal con el cual da inicio el juicio o la instancia, en cambio, la reconvención, contrario a lo pretendido por el ahora inconforme, surgía una vez instaurado el juicio y, por tanto, ya había un juez que previno de la causa. 2. Toda vez que con la sola presentación y admisión de la demanda aún no se integraba una relación procesal entre el actor y el demandado, este último debía ser emplazado personalmente para conocer de la demanda. 3. En cambio, cuando se le notificaba al actor la reconvención, no existía previsión legal de que ello tuviera que llevarse a cabo personalmente, sino en todo caso, bastaba hacerlo por lista. 4. Si bien la demanda y la reconvención constituían el ejercicio de un derecho de acción, también guardaban independencia en cuanto a la suerte que podía seguir cada una, pues no había necesidad de que la deducida por el actor quedara probada para que la segunda pudiera estimarse procedente. En otras palabras, precisó que, si bien la reconvención no era más que una nueva demanda y para esos efectos era factible aplicar a la primera la mayoría de los requisitos y exigencias de la segunda, ello no podía dar lugar a hacer procedente un recurso especial que sólo hacía referencia expresa a la demanda y no a la contrademanda. Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción reconvencional, la cual ya quedó expuesta, determinó que, en contra de su inadmisión, no procedía el recurso de queja y que debía atenderse a las restantes reglas procedimentales contenidas en cada ordenamiento legal, a fin de determinar cuál sería el recurso que debería interponerse en su contra. En este contexto, siguiendo las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, es oportuno traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual prevé, en esencia, que procede el recurso de queja en los siguientes casos: "Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." En efecto, de dicho precepto se desprende que sólo podrán ser materia de queja aquellas determinaciones que en las cuales no se admite una demanda, o en su caso, deniega una apelación. Por su parte, los artículos 2.115 y 2.118 del referido código adjetivo disponen: "Artículo 2.115. El demandado deberá contestar cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, si son propios, o expresando los que ignore, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia." "Artículo 2.118. El demandado que oponga reconvención, lo hará al contestar la demanda. En este caso se correrá traslado de ella al actor, para que conteste dentro del plazo de nueve días, satisfaciendo los requisitos sobre la demanda y su contestación." Por tanto, si en dicho ordenamiento legal, no se establece que sea procedente el recurso de queja contra el auto por el cual se inadmite una demanda reconvencional y el diverso 1.393 establece que sólo podrán ser materia de queja aquellas determinaciones que en las cuales no se admite una demanda, o en su caso, deniega una apelación; consecuentemente, al no estar prevista expresamente la queja contra dicha determinación, se concluye que no es procedente contra éste. Razón por la cual los conceptos de violación de la quejosa deben declararse inoperantes, pues es evidente que respecto a dicho tema ya existe un pronunciamiento por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la cuestión de fondo planteada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/30 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, página 2305, de epígrafe siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, debe decirse que los numerales 1.360 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De dichos dispositivos se desprende que la ley que rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado contempla diversos medios de defensa mediante los cuales las determinaciones emitidas dentro del procedimiento puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Con base en lo anterior, se desprende que en contra del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, el quejoso debió haber hecho valer el recurso de revocación y no así el diverso de queja, ya que, por su naturaleza, es impugnable a través del recurso mencionado en primer término. Sustenta a lo antes expuesto, la tesis de la Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, página 573, de la Séptima Época, que dice: "REVOCACIÓN, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En ese contexto, se desprende que la Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, al emitir la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el toca ********************-III, acertadamente lo inadmitió, ya que el recurso de queja planteado por el quejoso, no es el procedente en atención a lo expuesto en párrafos precedentes. Por último, se puntualiza que la efectividad del recurso intentado acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada; por ende, la circunstancia de que en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que se analice el fondo de los planteamientos propuestos por las partes, no constituye en sí misma una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, de marzo de 2014, tomo I, página 325, de la Décima Época, que indica: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Consecuentemente, al resultar inoperantes los argumentos vertidos por el recurrente, sin que se advierta deficiencia alguna que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ********************. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Juez y Notificadora adscritos al Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y por lista electrónica a las partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre la vista de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgada a la tercera interesada ********************, en proveído de dieciocho de agosto de la anualidad que transcurre, respecto a los informes justificados que obran en autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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