Victor Hugo Godinez Sahagún
Expediente 179/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Hugo Godinez Sahagún
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de abril de dos mil veintidós. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, al que anexa el juicio de amparo 156/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Godínez Sahagún, contra actos del Juez Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá y otras autoridades. Ello, en virtud de que en acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo 156/2022 de su estadística; y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en esta ciudad, al declararse incompetente por cuestión de territorio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta el conocimiento de la demanda en cuestión. Acúsese recibo al Juzgado de Distrito declinante. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 179/2022-V; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. El promovente del amparo señala como acto reclamado específicamente el siguiente: El auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Decimoctavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, en la carpeta administrativa 8165/2021; así como su ejecución a diversas autoridades, en el que se ordenó el bloqueo de las siguientes cuentas bancarias: 0151282662 y 0175384109 (número de cliente 13443627) de la institución bancaria BBVA. 0419276867 y 0429945500 (número de cliente 45623823) de la institución bancaria Banorte. 60-61155274-7 y 61-61155274-7 (número de cliente 02579275) de la institución bancaria Santander. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve Jueza de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Víctor Hugo Godínez Sahagún, por su propio derecho, habida cuenta que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV y 17, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 11 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Asimismo, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la misma ley. Por su parte, en el diverso dispositivo 18 de la Ley de Amparo, el legislador estableció expresamente tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo que prevé para interponer o promover el juicio de garantías, que son: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4. Salvo el caso de la fracción I, del artículo 17 en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días). Las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que "indica diferencia, separación o alternativa" (Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Vigésima Segunda Edición), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, resulta claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que, aun cuando exista constancia de notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad, tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedor de los mismos. Apoya lo expuesto, la tesis P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 163172, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De lo anterior se colige, que el cómputo del plazo para la interposición del juicio de garantías, deberá efectuarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: a). Cuando no exista constancia de notificación del acto reclamado al quejoso por parte de la autoridad responsable; o bien, b). Cuando existiendo tal constancia de notificación, aparezca probado fehacientemente que, con anterioridad, el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama o de sus actos de ejecución. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer el juicio de garantías, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones, según lo establecido en la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones". Por tanto, resulta claro que no basta con afirmar que se tuvo conocimiento del acto reclamado, hasta la fecha de la notificación que del mismo practicó la autoridad responsable o de la que el propio peticionario del amparo indirecto manifiesta, para considerar aquélla como punto de partida para iniciar el cómputo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, sino que es necesario que el referido conocimiento se encuentre debidamente acreditado. En el caso, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que los conceptos de violación indicados en su demanda de amparo que perjudican sus intereses personales y patrimoniales, fueron de su mayor conocimiento el dieciséis de febrero de dos mil veintidós (fecha en que fue notificado); no obstante, agregó, que, tuvo acceso al expediente del cual derivan los actos reclamados, el diez del citado mes y año (febrero de dos mil veintidós), pues afirma que en esa fecha se apersonó a la Carpeta Administrativa 8165/2021 e interpuso recusación dentro de ésta. Entonces, a partir del día siguiente a esa data (diez de febrero de dos mil veintidós), computaron los quince días hábiles para presentar su demanda de amparo; es decir, el día siguiente hábil al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, primeramente, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por el promovente en el escrito de la demanda, bajo protesta de decir verdad. Se transcribe: "1. El suscrito, es titular de las cuentas bancarias siguientes: Cuentas 0151282662 y 0175384109, Número de Cliente 13443627, de la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO; cuenta 0419276867 y 0429945500, de la Institución de Crédito Bancaria denominada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE; cuentas 60-61155274-7 y 61-61155274-7, con número de cliente 02579275, de la Institución de Crédito Bancaria denominada BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA 03100229660, de la Institución de Crédito Bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIAABANK INVERLAT. 2. Es el caso, que el día viernes 19 de noviembre del presente año, el suscrito ingresé a la banca en línea, con la finalidad de hacer algunos pagos, pero le fue imposible en virtud de que las cuentas mencionadas en líneas anteriores se encontraban bloqueadas, por lo que acudí a cada una de las Instituciones de crédito mencionadas para preguntar los motivos, por lo que pasé directamente con el Gerente de cada sucursal y la persona que me atención no me supo decir los motivos. 3. Ahora bien, se manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que al suscrito NO se le dio a conocer ni se le notificó, mandamiento oral o escrito de autoridad competente emitido en el que se me hubiera informado, el motivo, causa o razón particular por la cual fueron bloqueadas las cuentas bancarias del quejoso, dejándolo pues en completo estado de indefensión, violando con ello los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrado en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Después de varias gestiones e indagar los motivos por los cuales se habían bloqueado mis cuentas, puede darme cuenta de que la responsable ordenadora había enviado oficios para que me fueran bloqueadas mis cuentas por el término de 60 días, motivo por el cual, y ante tantas violaciones por parte de la ordenadora, presenté denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en contra del Juez de Control señalado como ordenadora, por lo que con fecha 10 de febrero de 2022 dos mil veintidós me apersoné dentro de la carpeta administrativa 8165/2021 y presenté recusación. 5. Después de lo anterior, la ORDENADORA emitió el auto que ahora se combate, mismo que me fue notificado el día 16 de febrero de 2022 dos mil veintidós." Precisado lo anterior, no queda lugar a dudas que aún cuando el quejoso refiere haber tenido conocimiento del acto reclamado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós; lo cierto es, que éste, tuvo conocimiento pleno de su existencia, el diez del citado mes y año (febrero de dos mil veintidós), pues de los puntos 2, 4 y 5. Del capítulo de antecedentes de la demanda que se analiza, bajo protesta de decir verdad, expresó: "2. Es el caso que el día viernes 19 de noviembre del presente año (sic), el suscrito ingresé a la banca en línea, con la finalidad de hacer algunos pagos, pero le fue imposible en virtud de que las cuentas mencionadas en líneas anteriores se encontraban bloqueadas"; "4. Después de varias gestiones e indagar los motivos por los cuales se habían bloqueado mis cuentas, puede darme cuenta de que la responsable ordenadora había enviado oficios para que me fueran bloqueadas mis cuentas por el término de 60 días, motivo por el cual, y ante tantas violaciones por parte de la ordenadora, presenté denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en contra del Juez de Control señalado como ordenadora, por lo que con fecha 10 de febrero de 2022 dos mil veintidós me apersoné dentro de la carpeta administrativa 8165/2021 y presenté recusación. "5. Después de lo anterior, la ORDENADORA emitió el auto que ahora se combate, mismo que me fue notificado el día 16 de febrero de 2022 dos mil veintidós" Por tanto, es incuestionable que al estar apersonado en autos de la Carpeta Administrativa 8165/2021, de la estadística del Juzgado Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá, tuvo conocimiento pleno del auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, desde el diez del citado mes y año (febrero de dos mil veintidós), pues en la primera fecha, la responsable ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias y en la siguiente, el quejoso confiesa haberse apersonado a la carpeta administrativa. Se afirma lo anterior, puesto que el propio quejoso expresó que después de varias gestiones e indagar los motivos por los cuales se habían bloqueado sus cuentas bancarias, se percató que la responsable ordenadora había enviado oficios para tal efecto (bloqueadas sus cuentas bancarias por el término de 60 días), por lo que presentó denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en contra del Juez de Control señalado como responsable y además, enfatizó que con fecha diez de febrero de la anualidad corriente, se apersonó dentro de la carpeta administrativa 8165/2021 y que una vez estando apersonado, presentó recusación en dicho asunto. También, agregó que el acuerdo recaído a la recusación, le fue notificado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, como se desprende del punto 5., relativo al capítulo de antecedentes ya señalado. Se transcribe: "5. Después de lo anterior, la ORDENADORA emitió el auto que ahora se combate, mismo que me fue notificado el día 16 de febrero de 2022 dos mil veintidós" Empero, no es el acuerdo recaído a la recusación interpuesta, el que combate ante esta instancia constitucional (notificado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós), sino el diverso de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable ordenó el congelamiento o bloqueo de sus cuentas bancarias materia del acto reclamado, del cual como ya se adelantó, tuvo conocimiento pleno desde el diez de febrero de dos mil veintidós, pues al estar apersonado a la carpeta administrativa 8165/2021 y haber presentado recurso de recusación dentro de ésta, es incuestionable tal situación, no obstante que refiera haber sido notificado el dieciséis siguiente (febrero de dos mil veintidós). En mérito de lo anterior, cabe destacar que del contenido vertido en los antecedentes en la demanda de amparo, se traduce en una "confesión expresa" por parte del quejoso, respecto del acto jurídico vinculado con el acto a combatir, conforme a los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición establecida en su artículo 2°; habida cuenta que, de sus propias manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que el diez de febrero del año actual, tuvo acceso a la carpeta administrativa 8165/2021 e interpuso recusación dentro de ésta, por lo que, no queda lugar a dudas que desde aquél momento conoció plenamente del acto que reclama. Respalda lo anterior, por analogía jurídica, la tesis de rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 27/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200094 14 de 83 Pleno Tomo III, Junio de 1996 Pág. 57 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte". En ese sentido, se puntualiza que el quejoso Víctor Hugo Godínez Sahagún, al haber tenido pleno conocimiento del acto reclamado consistente en el bloqueo de sus cuentas bancarias, el diez de febrero de dos mil veintidós, siendo así, que a partir del día siguiente estuvo en condiciones de hacer valer el derecho que estimara pertinente para combatir tal molestia; de lo que se concluye de manera manifiesta, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veintidós-, ya habían transcurrido los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar. Entonces, se insiste, al haber tenido la parte quejosa pleno conocimiento de la determinación que se tilda de inconstitucional, desde el diez de febrero de dos mil veintidós, resulta patente que estuvo en aptitud de promover en su contra el juicio de garantías, dentro de los siguientes quince días hábiles, en términos del invocado numeral 17 de la ley de la materia; plazo que ha de computarse, como se indicó, a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, como se especifica en el siguiente recuadro ilustrativo: FEBRERO 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 7 8 9 10 SE APERSONA EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA Y SE HACE CONOCEDOR DE LOS ACTOS 11 (1) INICIO DE PLAZO 12 INHÁBIL 13 INHÁBIL 14 (2) 15 (3) 16 (4) 17 (5) 18 (6) 19 INHÁBIL 20 INHÁBIL 21 (7) 22 (8) 23 (9) 24 (10) 25 (11) 26 INHÁBIL 27 INHÁBIL 28 (12) MARZO 2022 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 (13) 2 (14) 3 (15) VENCE TÉRMINO 4 5 INHÁBIL 6 INHÁBIL Por tanto, al haber sido presentada la demanda de garantías ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, hasta el diez de marzo año en curso, como se desprende de la papeleta de turno correspondiente, es inconcuso que ya había transcurrido el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en que la parte promovente pudo hacer valer el derecho que aquí enarbola. Sirve de apoyo, por los motivos que la informan a lo anterior, la jurisprudencia XI.1º.A.T.J/1(10ª) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos noventa y nueve, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, tomo 1, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y textos son los siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Víctor Hugo Godínez Sahagún, por haberse presentado de forma extemporánea; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracción XIV y 17, todos de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora, toda vez que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, declinó en favor de este Juzgado de Distrito la competencia para conocer del presente sumario y en virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Monte Himalaya número 1120, colonia Lomas de Independencia, código postal 44370, en Guadalajara, Jalisco, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, gírese atento exhorto vía interconexión, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique a la promovente de amparo, el presente proveído, en el domicilio indicado, por sí o por conducto de sus autorizados. De igual forma, lo requiera para que dentro de los tres días siguientes al en que quede debidamente notificado, por escrito, proporcione domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones; en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal le serán ordenadas por medio de lista, como lo establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, para en caso de que se tenga conocimiento de un diverso domicilio al referido en líneas precedentes, se practique la diligencia necesaria para llevar a cabo la notificación correspondiente, siempre y cuando se ubique dentro de su circunscripción territorial. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal informe sobre el tratamiento dado a lo solicitado; hecho lo encomendado, remita a la brevedad posible las constancias con las que acredite dicha circunstancia. PRECISIÓN. En el caso de que la notificación de que se trata se realice mediante lista de acuerdos, solicítese al Titular del Juzgado que conozca del exhorto, remita la lista de acuerdos respectiva, en la que se contenga el auto dictado por este juzgado Federal o un extracto del mismo, en lo relativo a la prevención y apercibimiento decretado; ello con la finalidad de garantizar a las partes una tutela judicial efectiva y la expedites a que se refiere el artículo 17 Constitucional. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Asimismo, téngase como autorizado con amplitud de facultades a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Damián Santillán Múgica, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que sí cuentan con cédula profesional expedida en su favor. De igual manera, se tiene como autorizados de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado ordenamiento a Rogelio Alfredo Arceo Múgica, Edwin Omar Magdaleno Gómez, José de Jesús Urdiales Reyes, Lucía Paulina Tejeda Víctor y/o Montserrat de Jesús Núñez Flores, en razón de que así lo solicita el quejoso. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD DECLINANTE.
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