Victor Hugo García Soto

Expediente 350/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
350/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Victor Hugo García Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado, lo que significa que deberá conservarse dicho expediente por el plazo de TRES AÑOS, y una vez haya concluido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el mismo conservando únicamente la demanda, la sentencia dictada y el presente proveído, en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del Incidente de Suspensión. Cabe precisar que el presente juicio de amparo no se apertura incidente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, no se cuentan con los acuses de los oficios correspondientes de la notificación de dicha sentencia a las autoridades responsables, a su vez no obra la constancia de notificación a la parte quejosa de dicha determinación; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para realizar la notificación a las partes procesales antes citadas de la resolución dictada. Por lo anterior, gírese oficio a las autoridades responsables adjuntándole copia de la sentencia dictada. Por otra parte, instrúyase al Actuario adscrito para que a la brevedad posible realice la notificación correspondiente a la parte quejosa. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y A LAS AUTORIDADES VÍA OFICIO. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la licenciada Karina Vanessa Corona Alday secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Séptimo de distrito en el Estado de Morelos, Víctor Hugo García Soto, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso, todos de Morelos. Acto reclamado: ". A.- La aprobación. Promulgación, refrendo, expedición y publicación del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. B.- el acto de aplicación consistente en el dictamen y/o acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil veinte, dictado por la Comisión de Trabajo, . mediante el cual se niega solicitud de pensión por jubilación al quejoso, por el hecho de ser varón." SEGUNDO. El once de marzo de dos mil veinte, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró ser incompetente por conocimiento previo de la demanda de amparo del quejoso Víctor Hugo García Soto, que radicó bajo el expediente 334/2020-B, y ordenó su remisión a esta autoridad. TERCERO. El trece de marzo de dos mil veinte, esta autoridad recibió el expediente de amparo 334/2020-B, al día hábil siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el consecutivo 350/2020, admitió la demanda del quejoso Víctor Hugo García Soto, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.  Primer acto de aplicación del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, reflejada en el dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, por el que niega conceder pensión por jubilación al quejoso. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado, Congreso del Estado y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, todos con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, aceptaron el acto reclamado cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, y por desprenderse de las constancias que en apoyo al mismo remitió la última, relativo a las copias certificadas de diversas constancias que obran en dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, por el que negó la pensión por jubilación al ahora quejoso, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así, la existencia de la disposición legal combatida, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatidos (artículos 58, fracción I, inciso f) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Causales de improcedencia fundadas. Ahora bien, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la diversa III, del ordinal 108 de la Ley de amparo, que hacen valer el Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los motivos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". De la fracción III del artículo 108 de la Ley en cita, se advierte que en el caso de promover un juicio de amparo en contra de normas generales (16 fracción I inciso e), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema de Seguridad Pública, en las cuales se reclame el refrendo o su publicación, empero no sea por vicio propios, las autoridades que lo realizaron no son autoridades responsables para efectos del amparo; ello es así, toda vez que la obligación del quejoso de señalar a las mismas, es solo cuando tales actos del proceso legislativo se reclamen por vicios propios. En consecuencia, al no surtirse el último supuesto aducido en el párrafo que antecede, no puede considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a dichas autoridades, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.  Causales de improcedencia infundadas: El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en correlación a la fracción III del numeral 108 ambos de la Ley de amparo, en virtud a que no combate por vicios propios la promulgación del ordenamiento impugnado. Es inatendible la causal de improcedencia que hace valer la responsable en razón a que la fracción III del ordinal 108 de la Ley de Amparo, hace alusión al refrendo y publicado de la norma, más no así respecto a la promulgación de la ley, por tanto, la responsable si le reviste el carácter de responsable para el juicio de amparo al haber promulgado la ley. Al no advertir diversa causal hecha valer por las partes y que esta autoridad advierta de oficio, procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso aduce de manera sustancial, que el artículo 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, transgrede en su perjuicio el derecho de igualdad de género establecido en el numeral 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los varones y las mujeres deben ser tratados por igual, sin distinción de sexo. Agrega que el acto reclamado, viola su derecho de igualdad y no discriminación, al exigirle una antigüedad mayor a la de una mujer para poder jubilarse con un porcentaje más alto al que se otorga a la mujer por el mismo tiempo de servicio, motivo de disenso que resulta inoperante. En primer término, se estima oportuno destacar que al quejoso en el dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, le fue negada la pensión por jubilación en razón que laboró únicamente un total de dieciocho años y cinco días, por tanto, no acreditó el requisito mínimo de antigüedad para los trabajadores que corresponde a veinte años de servicio para poder gozar del beneficio de la pensión por jubilación que establece la fracción I, del numeral 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Sustancialmente, aduce el quejoso que el artículo 16, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sustentó el diverso acto de autoridad que se reclama; transgrede lo dispuesto por los artículos 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a los trabajadores del sexo masculino con dieciocho años cinco días de servicio no alcanzan el beneficio de pensión por jubilación que establece dicho precepto que se tilda de inconstitucional, en cambio, tratándose del personal del sexo femenino con el mismo número de años (dieciocho años) de servicio de conformidad con la fracción II, inciso k) del citado ordinal, les corresponde una pensión en un porcentaje del cincuenta por ciento, lo que considera, se traduce en una violación a los derechos humanos de igualdad y no discriminación contenidos en los indicados preceptos constitucionales; porque el legislador no justificó razonable, proporcional y objetivamente el trato diferenciado entre hombres y mujeres para acceder distintos porcentajes a la pensión por jubilación, siendo que el derecho a la pensión por jubilación es de seguridad social a favor de los empleados públicos; por tanto, la disposición legal impugnada genera un beneficio a las mujeres y perjudica a los hombres. Son inoperantes los conceptos de violación, lo que da lugar a negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que en el caso exista queja deficiente que suplir, ya que, al tratarse de un juicio de amparo en el que se combate el otorgamiento de una pensión por jubilación, sólo procede suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho; sin embargo, como se precisará en el presente apartado, no se advierte que la suplencia conduzca a algo provechoso para el quejoso, por ello, basta con que así se declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto. Al respecto se cita la jurisprudencia PC.XII.A. J/1 A (10a.), Registro 2009745, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II, Página1723, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho a una pensión jubilatoria por parte del ISSSTE constituye un derecho fundamental de seguridad social tutelado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que, atendiendo al principio de interpretación más favorable a la persona, inmerso en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, que exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el alcance que debe darse a la figura de la suplencia de la queja deficiente consignada en los artículos 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción V, de la vigente, no sólo comprende a los trabajadores en activo, sino también a los pensionados por el instituto mencionado, ya que sería injusto sostener que por la naturaleza administrativa del acto impugnado en el juicio de nulidad y desconociendo el carácter de trabajador en retiro o jubilado del quejoso, no procediera la suplencia de la queja deficiente en su favor cuando demanda la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria, toda vez que no existe duda de que los derechos controvertidos emergen de una relación de naturaleza laboral, pues la pensión deriva de haber cumplido con los requisitos previstos por la ley respectiva para disfrutar de ese beneficio y sigue prevaleciendo, incluso acrecentado, su estado de debilidad. Establecido lo anterior, lo que procede es declarar inoperantes los sintetizados conceptos de violación relativos a la constitucionalidad del artículo 16, fracción I inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que sirvió de sustento para la expedición del acuerdo dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, que niega otorgar pensión por jubilación al quejoso en razón del 50% del último salario percibido, en razón de que sobre tal cuestión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció jurisprudencia por contradicción, en la que consideró que las leyes burocráticas que benefician a las mujeres al establecer menos años de servicio de los exigidos a los hombres para acceder al porcentaje máximo de la pensión por jubilación no viola los principios de igualdad ante la ley, ni el que ordena que a trabajo igual corresponderá salario igual. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2019 en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve, se pronunció en el sentido de que las diferencias de trato entre hombres y mujeres para acceder a la pensión por jubilación, en relación con el porcentaje del salario que reciben por los años de servicios prestados, no vulnera los derechos de igualdad y no discriminación por razón de género, así como el principio del derecho laboral en el sentido de que a trabajo igual, corresponde salario igual, pues el otorgamiento de dicha pensión con un límite de edad y/o años de servicio, en favor de las mujeres trabajadoras diferenciado del régimen aplicable a los hombres, constituye un reconocimiento a la función que la mujer desempeña dentro de nuestra sociedad, sobre la base de que en la mayoría de los casos cumple una doble función dentro de esta, a saber, en el desarrollo de las actividades derivadas de su relación laboral, así como dentro del seno familiar, pues las circunstancias sociales y familiares que las han rodeado en el transcurso de los años, han conducido a implementar diversas medidas, tanto contractuales como legislativas, a fin de lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el desarrollo de las actividades laborales. Lo que motivó la jurisprudencia 2a./J.140/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época, página 607, número de registro 2020994, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. Las leyes burocráticas que prevén un trato diferenciado en favor de la mujer trabajadora, en el sentido de que se le exigen menos años de servicios que a los hombres para obtener el máximo de una pensión de retiro, y la consecuente diferencia porcentual que se mantiene entre ambos sexos en un orden decreciente, resulta acorde con las diferencias que corresponden a cada uno, pues en la mayoría de los casos la participación de la mujer durante su vida laboral activa implica la coexistencia con la maternidad y la subsecuente crianza de los hijos, lo cual trae como consecuencia una mayor ocupación así como desgaste físico y mental para el desarrollo de las actividades laborales, además, el hecho de que los roles sociales entre mujeres y hombres hayan evolucionado a fin de superar las diferencias existentes, no es razón para suponer que el trato diferenciado actualmente sea discriminatorio en perjuicio de los hombres, ya que los derechos de ambos sexos aún no logran equipararse en su totalidad en forma sustantiva, pues la igualdad de género en el trabajo no es real, y el mercado de trabajo está diseñado en una estructura económica y de relaciones laborales jurídicas en las que la vida familiar de las personas no está incluida. Consecuentemente, esa asimetría en los años de servicio exigidos para la obtención del porcentaje máximo de una pensión entre mujeres y hombres -en favor de las primeras- no viola el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal que establece que "La mujer y el hombre son iguales ante la ley.", pues el privilegio que se otorga aspira a lograr una igualdad real y no meramente formal entre ellos. Asimismo, las legislaciones burocráticas referidas tampoco violan el principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", toda vez que en lo único que reside la desigualdad es en el tiempo laborable exigido y no en el monto del salario base con el cual se otorga la pensión, ya que el trabajador queda en condiciones de aspirar al porcentaje máximo de esa prestación de seguridad social, pero para ello debe acumular más años de servicios que la trabajadora." En ese tenor, resulta indudable que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso deben declararse inoperantes, habida cuenta que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyó jurisprudencia por contradicción, en la que determinó que numerales como el impugnado no contravienen el principio de igualdad y no discriminación contenido en los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la posibilidad legal de que las mujeres se jubilen en mejores condiciones de edad y/o años de servicio, en comparación con los hombres, otorga un beneficio a la mujer que generalmente cumple con dos funciones en la sociedad, esto es, como participante activa en el desarrollo de las actividades del país y como pilar fundamental en el ámbito familiar, sin que esto implique un perjuicio o una limitante al derecho de los hombres a gozar de la jubilación, pues estos podrán alcanzar dicho beneficio siempre y cuando se cumplan con los años de servicio requeridos y la edad exigida para ello, de conformidad con lo expresamente previsto en las leyes; criterio que al resolver la interpretación de normas relativas de manera temática, ya que así se expuso por el Máximo Tribunal, resulta exactamente aplicable al caso. Motivo por el cual, es inconcuso que, para dar contestación a los conceptos de violación, basta invocar la jurisprudencia antes indicada a efectos de dar respuesta al planteamiento central del tema; máxime que ésta resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, consultable a página 21, con registro 198920, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer contra la norma combatida, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación combatido consistente en el acuerdo dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, que niega la pensión por jubilación al quejoso al no reunir el mínimo de antigüedad que para los trabajadores hombres es de veinte años, al sustentar su inconstitucionalidad a lo resuelto en relación al precepto legal ya analizado. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Víctor Hugo García Soto, por cuanto a la aprobación, promulgación y expedición del artículo 16, fracción I, inciso k), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, así como en relación al acto de aplicación consistente en el acuerdo dictamen de uno de febrero de dos mil veinte, que niega pensión por jubilación al quejoso, que se reclamó a las autoridades responsables cada cual en el ámbito de su competencia, por los razonamientos contenidos en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por la responsable, a través del cual da contestación al requerimiento de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; atento a lo anterior, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda y se tiene por satisfecho el requerimiento aludido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con dichas constancias, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable y a efecto de tener mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por cuerda separada un anexo. Al respecto, hágase del conocimiento a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que a la letra dice: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Ahora, lo anterior no causa un perjuicio de naturaleza trascendental y grave a la parte quejosa, pues las citadas constancias podrán ser consultadas en las Instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, además que las mismas deberán ser analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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