Víctor Hugo García Rivera

Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
213/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo García Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 213/2021-IV trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito, el recurso de revisión previsto por el artículo 81 de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento, en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo del mismo. ANOTACIONES. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    JUICIO 213/2021-IV veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, relativo al expediente laboral 1237/2017 de su estadística, documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es la omisión de proveer lo conducente en relación al escrito presentado por el aquí quejoso el veintidós de junio de dos mil veinte, en el expediente laboral 1237/2017 de la estadística de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Como ya se precisó, en el particular el acto de reclamo consiste en la omisión de proveer lo conducente en relación al escrito presentado por el aquí quejoso el veintidós de junio de dos mil veinte, en el expediente laboral 1237/2017 de la estadística de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; sin embargo, de la constancia que en esta data se provee, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó lo solicitado en el ocurso en comento. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (cuatro de marzo de dos mil veintiuno) la omisión reclamada existía, pero durante el transcurso del presente juicio ésta dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De la misma forma, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracciones XXI, del citado ordenamiento jurídico, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional estuviere señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como el juicio 213/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la presente demanda de amparo, en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 109, 110, 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Asimismo, se le informa a la autoridad responsable que no habrá necesidad de emitirle oficio para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una notificación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la nueva fecha y hora acordada para ese efecto la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/a cuerd_ini.asp., con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo1. Se autoriza a la responsable para que remitan su informe justificado a la dirección de correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. De igual forma, indíquese a la responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien Unidades de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible 1De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes. de las constancias necesarias para la solución del juicio. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. De igual forma, comuníquesele que se le sancionará con multa de cien a mil unidades de medidas de actualización, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización será acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con fundamento en los artículos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento de la parte quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES De conformidad con el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. TERCEROS NO HA LUGAR. Ahora, respecto a los terceros interesados mencionados por la parte quejosa dígase que no ha lugar a acordar favorable su emplazamiento a juicio, ya que en el presente sumario el acto reclamado se hace consistir en un acto omisivo que ha incurrido la Junta responsable dentro de los autos del juicio de origen; por lo que es inconcuso que ningún perjuicio le depara a la parte tercera interesada el sentido de la resolución que se dicte en el presente asunto. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las 1) documentales anexas al escrito de demanda, 2) la instrumental de actuaciones y la 3) presuncional legal y humana, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. SE EXHORTA AL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico Juana.Colome.Payro@correo.cjf.gob.mx, así como al número telefónico 9935904190. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo SANTIAGO EDUARDO JIMÉNEZ SOLÍS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.52.49 20/11/23 12:08:12 establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

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