Victor Hugo García Rabago

Expediente 1016/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1016/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Juez Cuarto en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
  • Victor Hugo García Rabago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia o acuerdo. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que, en dicho plazo, la parte quejosa hubiere recurrido la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 21, inciso c), del aludido acuerdo general, es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se negó la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de octubre de dos mil veintidós. V I S T O, para resolver, el juicio de amparo citado al rubro, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito depositado el once de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, registrado el dieciséis de mayo siguiente por la citada oficina, Víctor Hugo García Rabago, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La quejosa manifestó que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, este juzgado conoció de la demanda y previno al promovente para que precisara el acto que le reclamaba al Juez Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por lo que, al no desahogar la misma en el plazo otorgado, el tres de junio de dos mil veintidós la admitió a trámite por la diversa autoridad responsable, a quien se le pidió informe, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento y 21/03/24 15:35:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.30 Juan José Díaz Hernández programó la audiencia constitucional. Luego, el dieciocho de julio de dos mil veintidós se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Menor de Tepatitlán, Jalisco, sin que, en el plazo otorgado, se pronunciara al respecto, por lo que el veinticinco de agosto siguiente se hizo efectivo el apercibimiento formulado, consistente en que este asunto se resolvería conforme a lo manifestado en la demanda de amparo e informe rendido y, finalmente, la audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se controvierte una abstención o negativa suscitada en un procedimiento jurisdiccional en materia civil, con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en una de las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado al Secretario Ejecutor del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: ? La negativa de ejecutar la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada, diligencia decretada dentro del juicio mercantil ejecutivo 1961/2021. Precisión que se hace en estricto cumplimiento a las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"1 y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 2 TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario Ejecutor del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, no obstante que al rendir su informe haya admitido su existencia. En este aspecto, cabe destacar que consta en autos la prueba documental consistente en copia certificada del auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio mercantil ejecutivo 1961/2021, de la cual se advierte que si bien es cierto, previo a la presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintidós), el Juez Cuarto de lo Mercantil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ordenó requerir de pago a la demandada, y de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para garantizar lo reclamado y, finalmente, emplazarla a juicio, también lo es que el desahogo de esa diligencia se encomendó al Juez Menor de Tepatitlán, Jalisco, mediante despacho, de ahí que no existía la obligación del Secretario ejecutor responsable de actuar en el sentido que indica la parte quejosa, esto es, ejecutar el auto exequendo. Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,3 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable, por analogía, la tesis XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, tomo VII, junio de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario 3 Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." A mayor abundamiento cabe destacar que el dieciocho de julio de dos mil veintidós se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como responsable al Juez Menor de Tepatitlán, Jalisco, sin que, en el término otorgado, ampliara la demanda de amparo, por lo que el veinticinco de agosto siguiente se hizo efectivo el apercibimiento formulado, consistente en que este asunto se resolvería conforme a lo manifestado en el escrito inicial e informe rendido. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con base en el sentido del fallo, jurídicamente es inadmisible el estudio de los conceptos de violación, con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, volumen 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, del tenor literal siguiente: 21/03/24 15:35:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.75.30 Juan José Díaz Hernández "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Hugo García Rabago, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos consignados en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con Juan José Díaz Hernández, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. El Juez El secretario. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de julio de dos mil veintidós, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, pues le fue notificado el veintiuno de julio siguiente, por tanto, el término otorgado transcurrió del veinticinco de julio al doce de agosto de dos mil veintidós, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y este asunto se resolverá conforme a lo manifestado en el escrito inicial de demanda e informes justificados. Ahora, en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, para dar oportunidad a que la parte quejosa, en su caso, impugne esa determinación, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para este día y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada a través de los diversos acuerdos generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 7/2022 y 16/2022, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de un análisis al informe justificado de la autoridad responsable, se advierte la participación, en el acto reclamado de una autoridad que no fue señalada como responsable, a saber, del Juez Menor de Tepatitlán, Jalisco, acorde a lo instruido en auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de origen. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de quince días legalmente computados, de conformidad con el artículo 111, fracción II, relacionado con el diverso 17, ambos de Ley de Amparo, indique si es su deseo señalar como autoridad responsable a: 1. Juez Menor de Tepatitlán, Jalisco. Por lo que de ser así, deberá cumplir con los requisitos previstos en los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior es con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, únicamente se substanciará este sumario conforme al acto reclamado y autoridad responsable por la que se admitió el presente juicio. Así las cosas, con el objeto de permitir que acontezca lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para este día y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada a través de los diversos acuerdos generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, la audiencia, en su caso, se desahogará a partir de las promociones presentadas física o electrónicamente por las partes, sin menoscabo de que, de considerarlo pertinente, este órgano jurisdiccional podrá llevarla a cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica de videoconferencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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