Victor Hugo Garcia Machorro
Expediente 560/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Victor Hugo Garcia Machorro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada -provisional y definitiva-, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes físicos, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente al quejoso Víctor Hugo García Machorro, por conducto de su personal autorizado; por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, la diligencia judicial de ocho de septiembre de dos mil veintidós, entendida con el directo quejoso Víctor Hugo García Machorro, en donde se aprecia que, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de septiembre pasado, ratificó el contenido y firma del escrito registrado con folio 15518 de 2022, por el cual, manifestó su deseo de desistirse del presente juicio de derechos fundamentales. En ese tenor, debe decirse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En relación con lo anterior, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Dicho en otras palabras, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, para que el juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que debe dictar al respecto, en los términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. En ese sentido, en el caso ocurre que el quejoso Víctor Hugo García Machorro, mediante escrito presentado el dos de septiembre del actual y recibido en este juzgado el cinco de septiembre siguiente, manifestó su deseo de desistirse de este juicio de derechos fundamentales, el cual fue ratificado ante la presencia judicial el ocho de septiembre pasado. Además, por tratarse de un asunto en materia penal, en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós y en la propia diligencia de ratificación se hizo saber al quejoso los alcances del desistimiento de la acción constitucional, en observancia a la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, toda vez que el referido desistimiento fue ratificado ante la presencia judicial y se hizo del conocimiento del quejoso los alcances del mismo, tal como se desprende de la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que en el caso ha operado la causa de sobreseimiento prevista en el referido artículo 63, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinticuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (por sus siglas S.I.S.E.). Notifíquese electrónicamente al quejoso Víctor Hugo García Machorro, por conducto de su personal autorizado; por oficio a las autoridades responsables (a la foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. ESCRITO PARTE QUEJOSA Agréguese a sus autos el escrito del quejoso Víctor Hugo Garcia Machorro, mediante el cual, manifiesta su deseo de desistirse del presente juicio de amparo, por los motivos que expone; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en la diligencia que se programará en líneas siguientes, ratifique el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no asistir a la diligencia, se tendrá por no desistido del presente juicio, con sus consecuencias legales inherentes. Asimismo, hágase saber al promovente que, de conformidad con el citado artículo, el desistimiento ratificado de la acción constitucional significará el sobreseimiento del presente juicio y, por ende, que el suscrito juzgador Federal se encuentre jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de los actos aquí reclamados, pues el sobreseimiento impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que su naturaleza es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo, esto es, sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. En efecto, el desistimiento es la abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; acción que puede realizar en cualquier momento, con la sola declaración de su voluntad y que se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. Dicho en otras palabras, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En consecuencia, al momento de la diligencia, hágase saber al promovente el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, póngase a su vista el escrito con registro de entrada 15518; le explique los alcances del desistimiento -precisados en este auto- y, una vez hecho ello, le requiera para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si ratifica el mismo, es decir, si confirma su decisión de desistirse del presente juicio de amparo. Norma el criterio del suscrito juzgador, la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Para dar margen a lo anterior, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las once horas del trece de septiembre de dos mil veintidós para que el promovente acuda a las instalaciones de este recinto judicial y estén en aptitud de reconocer las firmas indicadas. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído -previo recibo que de dicha entrega recaben-. Sin embargo, hágase del conocimiento de la parte promovente, que si es su deseo comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia para la que es requerida, en una fecha anterior, a la programada para tal fin y respecto de la cual este Juzgado generó la cita respectiva, entonces, la propia parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridades responsables3 Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de PueblaCon el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Por otra parte, no ha lugar a tener el número telefónico y correo electrónico proporcionado por la autoridad responsable citada, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomarán en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. DIFERIMIENTO ANTICIPADO En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE; y, en su lugar se señalan las nueve horas con veinticuatro minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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