Víctor Hugo García Machorro

Expediente 1416/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1416/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo García Machorro
  • Israel Calva Corro (Asesor)
  • ISRAEL CALVA CORRO (ASESOR) y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. QUEJA INFUNDADA Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro recurso de queja ***, el expediente de amparo número ** sin anexos, de la cual se advierte que dicho Tribunal determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por **** quien se ostenta con el carácter de asesor jurídico del quejoso **. INTEGRACIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES En mérito de lo anterior, glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. ACUSE DE RECIBO A LA SUPERIORIDAD, ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO Sin perjuicio de lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE ... ANOTACIONES EN CARÁTULA ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. ADMITE QUEJA Glósese a los presentes autos el oficio del Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este mismo Circuito, misma que fue recibida de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por Israel Calva Corro, quien se ostenta como asesor jurídico de Víctor Hugo García Machorro, el cual se registró con el número de toca Q-19/2023 de su índice, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a la Circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la analista jurídico SISE para hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo con el recurso de revisión citado con antelación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. INTERPONE QUEJA Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa Israel Calva Corro en su calidad de asesor jurídico de Víctor Hugo García Machorro, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes. Por lo anterior, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Israel Calva Corro, quien se ostenta como asesor jurídico de Víctor Hugo García Machorro, recibida en el Panel de Promociones Electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fórmese el expediente de amparo correspondiente, registrándose con el número 1416/2022. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en su carácter de víctima, reclama al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Hugo Salvador Sánchez Ontiveros), lo siguiente: ".la determinación de fecha cinco de diciembre de dos mil veintidós dictada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-III/004774/2021 por el LIC. HUGO SALVADOR SÁNCHEZ ONTIVEROS, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de delitos de abuso de confianza, fraude, despojo, daño en propiedad ajena, robo de ganado, robo de maquinaria e implementos diversos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la que deja sin efectos el citatorio al C. OLIVERIO GONZÁLEZ TELLEZ en calidad de indiciado, por ser violatoria de derechos humanos." Sin embargo, respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las abstenciones u omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta por parte de las autoridades investigadoras en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluye dar contestación a las solicitudes presentadas ante él. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo, quien, según se advierte de lo relatado en la demanda, ostenta la calidad de denunciante y víctima de un delito, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la determinación que aquí controvierte, máxime, cuando el citatorio que posteriormente se dejó sin efectos -que constituye el acto reclamado-, había sido emitido en cumplimiento al control judicial previo 350/2022/PUEBLA, según aduce la parte quejosa en el capítulo respectivo a los antecedentes del acto reclamado, como se advierte: Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa cuyo rubro y texto son del tenor siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que, por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Tiene sustento a lo anterior la tesis de rubro siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y OPORTUNIDAD DE ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. ******************** AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicita el promovente, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones personales que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo y la consulta del expediente de manera electrónica, se realicen a través del usuario ********************; por tanto, con fundamento en los artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE EL USUARIO INDICADO.

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