Víctor Hugo García León

Expediente 119/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
119/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo García León
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Playas de Rosarito, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio remitido por la superioridad y anexo, mediante el cual informa que ha quedado firme el proveído en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el autorizado del quejoso. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecinueve de abril de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que las partes están notificadas de la sentencia y del proveído en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente en que se actúa y escrito de agravios para la sustanciación del aludido medio de impugnación; fórmese el cuadernillo correspondiente. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/ARFC/sob

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado vía electrónica por el autorizado del quejoso, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, en consecuencia, con apoyo en los artículos 80, 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase fotocopia de la misiva exhibida y previa constancia de esto último, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, remítanse los autos a la superioridad para su substanciación, acompañándole el comunicado de expresión de agravios. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama una omisión de autoridad, por lo que es competente este órgano jurisdiccional, al haber prevenido en el conocimiento del asunto. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el acto reclamado destacado es la omisión de retirar las plumas de control vehicular instaladas en el acceso del fraccionamiento Rosamar del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Tercero. No es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Inexistencia que queda robustecida con las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a los requerimientos efectuados, de las que se desprende el oficio DAU/166-2019 expedido por la Directora de Administración Urbana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que contiene la resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se le otorgó un plazo de treinta días naturales a las partes involucradas en el conflicto vecinal, para que dirimieran sus diferencias y llegaran a un acuerdo, el cual debía ser remitido a la referida autoridad, sin hacer pronunciamiento alguno con relación al retiro o demolición de las plumas de control vehicular respectivas, pues se encontraba pendiente de resolver un procedimiento de recuperación de vía pública. De ahí, que para poder reclamar una omisión es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del quejoso sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo. En apoyo a esta determinación se cita la jurisprudencia P./J. 66/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1502, julio de 2009, tomo XXX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA "OMISIÓN" IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.', sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada. Sin embargo, para que dicha norma de excepción creada por la jurisprudencia cobre aplicación, es menester que precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se llene un vacío legal o se materialice una obligación derivada de la ley, de manera que la sentencia que en su momento se dicte declare que la omisión de la demandada es contraria a las normas jurídicas aplicables, ante la evidencia de que no actuó como debía hacerlo; en la inteligencia de que no basta el incumplimiento de una norma general para que se actualice una omisión impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que con ese proceder se produzca un vacío legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra forma cualquier infracción a la ley implicaría la omisión y, por tanto, dejar de hacer debidamente lo ordenado bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional." [Énfasis añadido] Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 119/2021, promovido por Víctor Hugo García León, contra los actos que reclamó de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. notifiquese personalmente.

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