Víctor Hugo García Cruz

Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
21/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Víctor Hugo García Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 21/2021-II, la demanda promovida por .... DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza la procedencia del juicio de amparo, pues las causales de improcedencia deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo, como lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el numeral transcrito, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, Página 803, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia con relación a la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El dispositivo transcrito establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, se complementa con lo sustentado por el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" Como se advierte, el precepto constitucional es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ahora bien, a fin de verificar si se cumplen con los requisitos señalados con anterioridad, resulta conveniente señalar que los actos reclamados consisten en: Acuerdo de admisión de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020. Acuerdo de inicio de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020. Acuerdo de solicitud de suspensión de sueldo y labores del quejoso de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020, así como su ejecución. Precisado lo anterior, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por lo que se advierte que los actos reclamados provienen del abogado designado para la sustanciación del procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020 de la Dirección General del Servicio de Carrera del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso a estudio, el quejoso tiene a su disposición el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos primero y penúltimo del artículo 3 de la Ley Orgánica del citado Tribunal, que dispone: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican (.) Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa." En ese sentido, si la parte quejosa reclama los acuerdos de admisión, inicio y de solicitud de suspensión de sueldo y labores dictados en el procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020, argumentando que constituye un acto de imposible reparación, al verse afectado en el pago de sus haberes, entre otras cuestiones, resulta claro que se ubica en los supuestos de procedencia antes señalados del juicio de nulidad. Es aplicable por analogía la tesis I.1o.A.69 A (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro seis, mayo de dos mil catorce, tomo III, página dos mil cien titulada: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL." También apoya lo hasta ahora expuesto, en lo conducente, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 82, Enero de 2021, Tesis: I.4o.A.209 A (10a.), que dice: "SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS ELEMENTOS DE LA EXTINTA POLICÍA FEDERAL DECRETADA FUERA DE PROCEDIMIENTO. PUEDE IMPUGNARSE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL A PARTIR DE QUE DEJAN DE RECIBIR SUS EMOLUMENTOS. Hechos: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución que decretó la separación del cargo de un elemento de la extinta Policía Federal, porque las autoridades demandadas omitieron agotar el procedimiento previsto en la ley de dicha institución, pues la causal de baja por abandono del servicio en la que se sustentó, corresponde a un requisito de permanencia que exige el desahogo de aquél, sin que pudiera considerarse actualizada, entre otras, la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa al consentimiento del acto impugnado, porque de las constancias que obran en autos no se advirtió que se haya notificado debidamente al actor la resolución impugnada; de ahí que "no puede consentirse un hecho que no se conoce" y, en consecuencia, no es posible afirmar que aquél estuvo en aptitud de defender sus derechos mediante el juicio contencioso administrativo federal desde que dejó de percibir sus emolumentos, aun cuando hubieran transcurrido varios años de ello. El titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interpuso el recurso de revisión fiscal contra esa sentencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la separación del cargo de los elementos de la extinta Policía Federal decretada fuera de procedimiento, puede impugnarse en el juicio contencioso administrativo federal a partir de que dejan de recibir sus emolumentos, al ser la fecha en que éstos conocieron los efectos de su separación material de la extinta corporación. Justificación: La fracción IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la causal de improcedencia por consentimiento del acto impugnado en los casos en que el juicio contencioso administrativo se promueva fuera de los plazos previstos legalmente para ello. Por su parte, el artículo 148 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal dispone que las contraprestaciones económicas se cubren a su personal en función de los servicios efectivamente prestados. Así, de la interpretación en sentido contrario de esta última disposición, se colige que una causa para dejar de percibir esos emolumentos por un elemento de la extinta Policía Federal, consiste en haber dejado de prestar los servicios correspondientes, lo que equivale a su separación material de dicha corporación." Respecto a los requisitos consistentes en que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan y que dicha suspensión no exija mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, también se encuentran satisfechos. En el caso particular, el acto reclamado puede ser suspendido, de conformidad con el precepto 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que para obtener la suspensión del acto combatido a través del juicio contencioso administrativo federal, no prevé mayores requisitos a los que exige la Ley de Amparo, como claramente lo evidenció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 28, Marzo de dos mil dieciséis, página 1194, que prevé: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por tanto, la ley que rige el procedimiento contencioso administrativo federal no prevé mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, ya que tiene los mismos alcances, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, de ahí que no se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la ley aludida no prevea la suspensión de la ejecución de los actos, o bien, establezca mayores requisitos. En relación a la excepción a dicho principio, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, no es aplicable en el presente asunto, pues las pruebas documentales que ofrece consistentes en los acuerdos de admisión, inicio y de solicitud de suspensión de sueldo y labores dictados en el procedimiento de separación Q/111/SEP/046/2020, no se aprecia la ausencia total de fundamentación de ese acto, de ahí que, tampoco se actualice ese supuesto. Ilustra a lo anterior por el criterio que sostiene la jurisprudencia PC.IV.A. J/28 A (10a), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Página 895, de rubro: "BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA." Además, no se actualiza la excepción relativa a que se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues no existe una violación, dado que no se ha despojado en forma definitiva al quejoso de sus derechos, al tratarse únicamente del inicio de un procedimiento administrativo No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que los actos reclamados pudieran ser considerados de imposible reparación, al poderse ver afectados derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, ello no altera de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas, por lo cual, este juzgado de Distrito está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, tal como lo prevé la ley para el acto reclamado, recurso que tiene como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En efecto, dentro de las excepciones al principio de definitividad no se encuentra la irreparabilidad del acto, pues si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107 constitucional prevé la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; también es verdad que, como se puede observar, la procedencia en esos casos se encuentra sujeta a que no sean reparables mediante algún medio de defensa legal. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Ahora bien, no se inadvierte la existencia de la jurisprudencia por contradicción número 312/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO", que refiere la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación del cargo, al constituir un acto de imposible reparación, porque en términos del artículo 123, apartado B, fracción III, fracción III, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos, aun cuando se demuestre la ilegalidad del procedimiento. Empero, se estima que dicha tesis es inaplicable en el presente caso, habida cuenta que la jurisprudencia es atinente a la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman actos u omisiones de imposible reparación acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; situación jurídica diversa a la aquí analizada, en la que se considera actualizada la causal de improcedencia invocada al no agotarse los medios ordinarios de defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de dos mil diecinueve Tomo III, número PC.II.A. J/14 A (10a.), página 2723, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA IRREPARABILIDAD, COMO CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (INTRAPROCEDIMENTALES O RESOLUCIONES DEFINITIVAS), NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN ESTÉ INVOLUCRADO UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA AHORA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) y 2a./J. 18/2015 (10a.), de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." e "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", deriva que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de estos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por otra parte, la regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, se concluye que la irreparabilidad, como característica de los actos reclamados (intraprocedimentales o resoluciones definitivas), no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, aun cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que la circunstancia de que el quejoso se encuentre sujeto al régimen especial establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. No es obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.", ya que ésta alude a la causal de improcedencia del juicio constitucional, apoyada en la aplicación, a contrario sensu, del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en el sentido de que contra los actos u omisiones acaecidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deviene improcedente la acción de amparo; por tanto, dicha causal de improcedencia es distinta a la prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley citada, pues no es lo mismo promover el juicio constitucional contra los actos u omisiones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, a tener que agotar los medios ordinarios de defensa contra los actos reclamados en el juicio de amparo." En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación correspondiente contra los actos reclamados, es dable concluir que el amparo es improcedente, sin que en la especie se actualice excepción alguna al principio de definitividad, por lo que el inconforme estuvo en aptitud de hacer valer los aludidos medios de defensa contra el acto reclamado. Por ello, si tal medio de impugnación no se intentó antes de promover el juicio de amparo respecto de los actos de autoridad en cuestión, el procedimiento constitucional, como se indicó, resulta improcedente, sin que pudiera tenerse como actualizada alguna excepción al señalado principio. Entonces, de lo antes expuesto es innegable que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación a la presente demanda de amparo, promovida por Víctor Hugo García Cruz, situación que obliga a DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que lo solicita expresamente y señala un usuario al efecto, se ordena realizarle las notificaciones vía electrónica. Por autorizados a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Téngase por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica, a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica de este expediente al usuario "ALANCASTILLO", para lo cual se encuentra disponible en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Asimismo, se autoriza el uso de dispositivos electrónicos para la reproducción de constancias y actuaciones que obren en este asunto. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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