Victor Hugo Galloso Olmos
Expediente 1646/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1646/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Victor Hugo Galloso Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar, no recurrió el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el tomo I de pruebas que se formó con las constancias que remitió en cumplimiento a los requerimientos formulados en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de noviembre de la anualidad pasada, se tuvo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, rindiendo su informe justificado y ofreciendo pruebas. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor de los mismos; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial invocado continúa vigente, ya que no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio. Ahora, una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que los actos reclamados en el presente juicio de amparo se ubican en la segunda de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los mismos. Bajo ese panorama conviene recordar que la justiciable reclama la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen juicio laboral 1412/2017 y que obran por cuerda separada, se aprecia lo siguiente: Que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se dictó laudo en el juicio de origen (fojas 43 a 45 del tomo anexo I). En el referido juicio laboral mediante escrito de trece de septiembre de dos mil diecinueve, la parte actora [quejoso] solicitó la apertura del incidente de liquidación de laudo (foja 80 del tomo anexo I). El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de liquidación de laudo y se ordenó turnar los autos para la emisión de la resolución respectiva. Por otra parte, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Víctor Hugo Galloso Olmos, promovió juicio de amparo en contra la omisión de dictar sentencia interlocutoria de liquidación de laudo, el cual correspondió conocer a este juzgado de distrito en el expediente 2332/2019-V. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el referido juicio de amparo y se concedió para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN 39. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dicte la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, acorde con los plazos previstos en la ley de la materia." El catorce de febrero de dos mil veinte, la sentencia de amparo causó ejecutoria y en cumplimiento a la misma, la autoridad responsable emitió la resolución de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo, emitida en el expediente laboral 1412/2017, con la que se le dio vista a la parte quejosa mediante auto de cinco de marzo de dos mil veinte, y que se le notificó el doce de marzo posterior, por lo que se tuvo cumplida la sentencia en el auto de cinco de agosto de esa anualidad, el cual se le notificó el uno de septiembre posterior. Cabe precisar que los datos que se aprecian del juicio de origen; asimismo, se advierten del expediente electrónico del juicio de amparo 2332/2019-V de este juzgado de distrito y que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo. No obstante, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno el propio quejoso Víctor Hugo Galloso Olmos, promovió un nuevo juicio de amparo en el que reclamó lo siguiente: a) La omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación; b) Omisión de acordar los escritos presentados el veintiuno de abril, tres y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte; y, c) Omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veinte. Todos en el juicio laboral 1412/2017. Del citado juicio nuevamente conoció este juzgado de distrito y fue radicado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con el número de expediente 1452/2021-VII. La Junta responsable al rendir su informe justificado informó que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, se había emitido la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, para lo cual acompaño copia certificada de dicha interlocutoria; informe y anexo que se tuvo recibido en el auto de doce de noviembre de esa anualidad, sin desdoro de que se requirió la aclaración del informe por los restantes actos, por lo que ésta se tuvo realizada en el auto de dos de diciembre de ese año, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa, y dicho auto se le notificó el cinco del mismo mes y año. Así, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el referido juicio de amparo, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN 38. Ante la inexistencia de los actos reclamados contemplados en los incisos a) y b) a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, lo procedente es sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 39. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado precisado en el inciso c), a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, con plenitud de jurisdicción, proceda de inmediato a acordar el escrito presentado por la parte quejosa veinte de enero de dos mil veinte en el juicio laboral 1412/2017. 40. La concesión de amparo se delimita en función de la litis y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa el procedimiento laboral." Como se aprecia de la sentencia de amparo referida, se determinó sobreseer por ser inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo (y otro acto omisivo), precisamente porque a la fecha en que se promovió la demanda de amparo, ya se habría emitido dicha interlocutoria. Los referidos antecedentes también se aprecian del juicio de origen, así como del expediente electrónico del juicio de amparo 1452/2021-VII de este juzgado de distrito, y como ya se dijo, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo. Con base en lo expuesto, es posible desvirtuar el conocimiento del acto reclamado a partir la notificación practicada al quejoso el quince de febrero de dos mil veintidós -como lo refirió en la demanda y cuya notificación consta en el expediente labor de origen-, debido a que previamente ya tuvo conocimiento de su existencia. Se afirma lo anterior, pues en principio, en el expediente de origen obra la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el cinco de marzo de dos mil veinte, por conducto de su entonces apoderado, la cual no fue combatida a través de algún medio ordinario de defensa, por lo que se encuentra firme y surte sus efectos para realizar el cómputo para la presentación de la demanda. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." No se soslaya que el seis de agosto de dos mil veinte la parte quejosa haya revocado a dicho apoderado -quien fue uno de sus autorizados en términos amplios en el juicio de amparo 2332/2019-, pues con posterioridad tuvo conocimiento de la interlocutoria reclamada, y su notificación, sin que hubiera impugnado tales actuaciones. En efecto, como quedó precisado, el propio quejoso promovió el diverso juicio de amparo 1452/2021 ante este juzgado, en el que reclamó, entre otros actos, la omisión de emitir la interlocutoria relativa al incidente de liquidación, pero al rendirse el informe justificado, la junta responsable negó dicho acto pues expresamente sostuvo que ya se había emitido desde el dos de marzo de dos mil veinte, y remitió las constancias conducentes, con las cuales se dio vista oportunamente a la parte quejosa, lo que además motivó que en la sentencia emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se decretara el sobreseimiento por cuanto hace a dicha omisión, por ser inexistente, pues en lo conducente, expresamente se sostuvo lo siguiente: "7. Precisado lo anterior, deben tenerse por inexistentes los actos contemplados en los incisos a) y b) consistentes en la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo, así como la dilación de acordar los escritos presentados el veintiuno de abril, tres y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil veinte dentro del juicio laboral 1412/2017, dado que así lo manifestó la Junta responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte promovente hubiera aportado medios de convicción -testimonios o escritos- tendentes a desvirtuar su negativa. 8. Lo anterior es así dado que la autoridad responsable al rendir su informe justificado y la aclaración de aquél, informó que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, se emitió la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, la cual le fue notificada a las partes el cinco del mismo mes y año." Incluso, conviene precisar que dicha sentencia no fue recurrida por la parte quejosa, lo que denota el consentimiento del sobreseimiento decretado, así como los motivos que lo sustentaron, esto es, la emisión de la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo dictada dentro del juicio laboral 1412/2017, y su notificación practicada el cinco de marzo siguiente. En tales condiciones, si con motivo del informe justificado rendido en el juicio de amparo 1452/2021, y con el dictado de la sentencia de amparo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo pleno y exacto conocimiento de la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo dictada dentro del juicio laboral 1412/2017, es evidente que en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo a fin de reclamar la referida sentencia interlocutoria empezó a correr a partir de tales actuaciones. Sin embargo, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, es evidente que su presentación resulta extemporánea. No sobra decir que aun cuando la junta responsable emitió el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, en el que tomando en consideración que la parte quejosa había sustituido a sus apoderado, ordenó notificar nuevamente la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, lo cual se realizó el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, lo que haría pensar que a partir de dicha actuación se pueda computar el plazo para promover el presente juicio de amparo. Sin embargo, dicha notificación no se practicó con motivo de la tramitación de algún incidente de nulidad que hubiera declarado la insubsistencia de la notificación practicada el cinco de marzo de dos mil veinte, por lo que o podría considerarse aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2017 (10a.) de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Pero además, la realización de la notificación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, tampoco desvirtúa el conocimiento que obtuvo el quejoso respecto de la interlocutoria reclamada y su notificación, con motivo de la tramitación del juicio de amparo 1452/2021, de ahí que no resulte eficaz para computar el plazo para promover la demanda de amparo. En las anotadas condiciones, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que la presentación de la demanda resulta extemporánea, lo que denota un consentimiento tácito por parte del quejoso para reclamar la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés. En las relatadas condiciones, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de gobierno y en el registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 06 DE ENERO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de noviembre de la anualidad pasada, se tuvo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Puebla, rindiendo su informe justificado y ofreciendo pruebas. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La lectura de los preceptos legales trascritos revela la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor de los mismos; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Conviene precisar que aun cuando el criterio transcrito analizó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, resulta ilustrativo para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos consentidos por no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, dada la similitud en la redacción de ambos preceptos, tal como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada. Artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial invocado continúa vigente, ya que no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, tal como lo prevé su artículo Sexto transitorio. Ahora, una vez establecidos los tres supuestos normativos previstos para el cómputo del plazo de quince días para promover el juicio de amparo, se colige que los actos reclamados en el presente juicio de amparo se ubican en la segunda de las hipótesis, esto es, que el plazo se deberá computar a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento de los mismos. Bajo ese panorama conviene recordar que la justiciable reclama la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen juicio laboral 1412/2017 y que obran por cuerda separada, se aprecia lo siguiente: Que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, se dictó laudo en el juicio de origen (fojas 43 a 45 del tomo anexo I). En el referido juicio laboral mediante escrito de trece de septiembre de dos mil diecinueve, la parte actora [quejoso] solicitó la apertura del incidente de liquidación de laudo (foja 80 del tomo anexo I). El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de liquidación de laudo y se ordenó turnar los autos para la emisión de la resolución respectiva. Por otra parte, mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Víctor Hugo Galloso Olmos, promovió juicio de amparo en contra la omisión de dictar sentencia interlocutoria de liquidación de laudo, el cual correspondió conocer a este juzgado de distrito en el expediente 2332/2019-V. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el referido juicio de amparo y se concedió para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN 39. A fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dicte la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, acorde con los plazos previstos en la ley de la materia." El catorce de febrero de dos mil veinte, la sentencia de amparo causó ejecutoria y en cumplimiento a la misma, la autoridad responsable emitió la resolución de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo, emitida en el expediente laboral 1412/2017, con la que se le dio vista a la parte quejosa mediante auto de cinco de marzo de dos mil veinte, y que se le notificó el doce de marzo posterior, por lo que se tuvo cumplida la sentencia en el auto de cinco de agosto de esa anualidad, el cual se le notificó el uno de septiembre posterior. Cabe precisar que los datos que se aprecian del juicio de origen; asimismo, se advierten del expediente electrónico del juicio de amparo 2332/2019-V de este juzgado de distrito y que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo. No obstante, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno el propio quejoso Víctor Hugo Galloso Olmos, promovió un nuevo juicio de amparo en el que reclamó lo siguiente: a) La omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación; b) Omisión de acordar los escritos presentados el veintiuno de abril, tres y veinticinco de noviembre ambos de dos mil veinte; y, c) Omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veinte. Todos en el juicio laboral 1412/2017. Del citado juicio nuevamente conoció este juzgado de distrito y fue radicado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, con el número de expediente 1452/2021-VII. La Junta responsable al rendir su informe justificado informó que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, se había emitido la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, para lo cual acompaño copia certificada de dicha interlocutoria; informe y anexo que se tuvo recibido en el auto de doce de noviembre de esa anualidad, sin desdoro de que se requirió la aclaración del informe por los restantes actos, por lo que ésta se tuvo realizada en el auto de dos de diciembre de ese año, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa, y dicho auto se le notificó el cinco del mismo mes y año. Así, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el referido juicio de amparo, para los efectos siguientes: "VIII. DECISIÓN 38. Ante la inexistencia de los actos reclamados contemplados en los incisos a) y b) a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, lo procedente es sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 39. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado precisado en el inciso c), a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, con plenitud de jurisdicción, proceda de inmediato a acordar el escrito presentado por la parte quejosa veinte de enero de dos mil veinte en el juicio laboral 1412/2017. 40. La concesión de amparo se delimita en función de la litis y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa el procedimiento laboral." Como se aprecia de la sentencia de amparo referida, se determinó sobreseer por ser inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo (y otro acto omisivo), precisamente porque a la fecha en que se promovió la demanda de amparo, ya se habría emitido dicha interlocutoria. Los referidos antecedentes también se aprecian del juicio de origen, así como del expediente electrónico del juicio de amparo 1452/2021-VII de este juzgado de distrito, y como ya se dijo, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo. Con base en lo expuesto, es posible desvirtuar el conocimiento del acto reclamado a partir la notificación practicada al quejoso el quince de febrero de dos mil veintidós -como lo refirió en la demanda y cuya notificación consta en el expediente labor de origen-, debido a que previamente ya tuvo conocimiento de su existencia. Se afirma lo anterior, pues en principio, en el expediente de origen obra la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el cinco de marzo de dos mil veinte, por conducto de su entonces apoderado, la cual no fue combatida a través de algún medio ordinario de defensa, por lo que se encuentra firme y surte sus efectos para realizar el cómputo para la presentación de la demanda. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." No se soslaya que el seis de agosto de dos mil veinte la parte quejosa haya revocado a dicho apoderado -quien fue uno de sus autorizados en términos amplios en el juicio de amparo 2332/2019-, pues con posterioridad tuvo conocimiento de la interlocutoria reclamada, y su notificación, sin que hubiera impugnado tales actuaciones. En efecto, como quedó precisado, el propio quejoso promovió el diverso juicio de amparo 1452/2021 ante este juzgado, en el que reclamó, entre otros actos, la omisión de emitir la interlocutoria relativa al incidente de liquidación, pero al rendirse el informe justificado, la junta responsable negó dicho acto pues expresamente sostuvo que ya se había emitido desde el dos de marzo de dos mil veinte, y remitió las constancias conducentes, con las cuales se dio vista oportunamente a la parte quejosa, lo que además motivó que en la sentencia emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se decretara el sobreseimiento por cuanto hace a dicha omisión, por ser inexistente, pues en lo conducente, expresamente se sostuvo lo siguiente: "7. Precisado lo anterior, deben tenerse por inexistentes los actos contemplados en los incisos a) y b) consistentes en la omisión de dictar la resolución interlocutoria de liquidación de laudo, así como la dilación de acordar los escritos presentados el veintiuno de abril, tres y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil veinte dentro del juicio laboral 1412/2017, dado que así lo manifestó la Junta responsable al rendir su informe justificado, sin que la parte promovente hubiera aportado medios de convicción -testimonios o escritos- tendentes a desvirtuar su negativa. 8. Lo anterior es así dado que la autoridad responsable al rendir su informe justificado y la aclaración de aquél, informó que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veinte, se emitió la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 1412/2017 de su índice, la cual le fue notificada a las partes el cinco del mismo mes y año." Incluso, conviene precisar que dicha sentencia no fue recurrida por la parte quejosa, lo que denota el consentimiento del sobreseimiento decretado, así como los motivos que lo sustentaron, esto es, la emisión de la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo dictada dentro del juicio laboral 1412/2017, y su notificación practicada el cinco de marzo siguiente. En tales condiciones, si con motivo del informe justificado rendido en el juicio de amparo 1452/2021, y con el dictado de la sentencia de amparo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo pleno y exacto conocimiento de la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, relativa al incidente de liquidación de laudo dictada dentro del juicio laboral 1412/2017, es evidente que en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo a fin de reclamar la referida sentencia interlocutoria empezó a correr a partir de tales actuaciones. Sin embargo, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, es evidente que su presentación resulta extemporánea. No sobra decir que aun cuando la junta responsable emitió el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, en el que tomando en consideración que la parte quejosa había sustituido a sus apoderado, ordenó notificar nuevamente la interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, lo cual se realizó el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, lo que haría pensar que a partir de dicha actuación se pueda computar el plazo para promover el presente juicio de amparo. Sin embargo, dicha notificación no se practicó con motivo de la tramitación de algún incidente de nulidad que hubiera declarado la insubsistencia de la notificación practicada el cinco de marzo de dos mil veinte, por lo que o podría considerarse aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2017 (10a.) de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES." Pero además, la realización de la notificación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, tampoco desvirtúa el conocimiento que obtuvo el quejoso respecto de la interlocutoria reclamada y su notificación, con motivo de la tramitación del juicio de amparo 1452/2021, de ahí que no resulte eficaz para computar el plazo para promover la demanda de amparo. En las anotadas condiciones, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que la presentación de la demanda resulta extemporánea, lo que denota un consentimiento tácito por parte del quejoso para reclamar la sentencia interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del juicio laboral 1412/2017, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés. En las relatadas condiciones, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de gobierno y en el registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a la parte tercera interesada, para desahogar la vista con el informe justificado recibido en autos. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgado. ... Finalmente, se fijan para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre del año en curso, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Notifíquese.
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