Víctor Hugo Flores Compeán
Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/01/2021
Partes del expediente
- Víctor Hugo Flores Compeán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. Por otra parte, examinada la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías 455/2020-VIII, promovido por el quejoso ******************** (fojas 45 a 50); transcurrió para todas las partes, del diecinueve de noviembre al tres de diciembre de dos mil veinte; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, se aprecia que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido, el oficio número 243/2021 con anexo, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; de su contenido se advierte, que remite copia certificada del acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, emitido por su similar con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de la excusa ********************, por el que admitió a trámite el expediente administrativo laboral ********************de origen, promovido por el aquí quejoso ********************, del índice de la dependencia oficiante; glósese al expediente únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
VIII...Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por el quejoso, contra los actos de la autoridad señalada como responsable, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución... L´MDCD/jcd. ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio 25750 que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. La Actuaria Judicial recibe el oficio de referencia. "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria." CIUDAD. OF. A.25750/2020-VIII. JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE. Por vía de notificación para su conocimiento y efectos legales del caso; con el presente le remito copia debidamente certificada de la resolución pronunciada en los autos del juicio de amparo número 455/2020-VIII, promovido por Víctor Hugo Flores Compean, contra actos de usted. ATENTAMENTE: H. Matamoros, Tam., 13 de noviembre de 2020. La Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado: Lic. María Dolores Camacho Díaz. L´MDCD/jcd. "Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 455/2020-VIII, promovido por Víctor Hugo Flores Compean, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el cuatro de agosto del presente año ante este Juzgado Federal, el agraviado de mérito promovió juicio de amparo indirecto, en contra del acto y autoridad que a continuación se mencionan: Autoridad responsable: CIUDAD. JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. Acto reclamado: "4.1.- De la autoridad señalada como responsable se reclama la omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente la substanciación del juicio, en términos diversos a los establecidos por la ley. 4.2.- La omisión del auto de calificación de pruebas, respecto de las probanzas ofertadas por ambas partes en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que, hasta la fecha, la autoridad responsable haya hecho pronunciamiento alguno al respecto, vulnerando con ello, lo establecido por los artículos 685 y 880 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y la substanciación del juicio laboral desde su inicio hasta su conclusión, en los términos establecidos por el Código Obrero. 4.3.- La substanciación del procedimiento laboral en las formas y términos previsto por la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." Asimismo, narró los hechos del caso y señaló como derechos humanos violados el contenido en los artículos 8°, 14°, 16° y 123° Constitucionales. Segundo. En auto de diez de agosto del año en curso, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 455/2020-VIII, admitiéndola a trámite (fojas 4 y 5); dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 8); sin que se haya ordenado la apertura de incidente de suspensión, en virtud de no haberse solicitado; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado (fojas 6 y 7); asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 40), la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, de admitir y calificar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo laboral 0089/E06/2019 (fojas 1 y 2). Tercero. Del contenido del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad (fojas 11 y 12), se advierte la existencia de los actos que se le reclaman, pues el análisis integral de las manifestaciones vertidas en el mismo, así lo revelan. Lo que se robustece con las documentales que remitió como complemento (fojas 13, 14, 19 a 27, 32 a 34, 38 y 39), a las cuales se otorga carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. En torno al valor probatorio de las documentales de mérito, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, para los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados de la autoridad señalada como responsable. Cuarto. Previamente al estudio de los conceptos de violación plasmados por la parte quejosa en la demanda de garantías (fojas 1 a 9 de esta contienda), sea que las partes lo aleguen o no, lo conducente es analizar si en el presente caso, existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al numeral 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el presente caso, este tribunal estima que concurre la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) (.) XXllI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral reseñado, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En esta contienda, la causa de pedir en esencia lo constituye la omisión en formular pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en audiencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en el expediente administrativo laboral 0089/E06/2019 del índice de la autoridad responsable (fojas 1 y 2). Del contenido del informe justificado rendido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través de su Presidente, con sede en esta localidad, así como del complementario y documentos anexos (fojas 11 a 14, 19 a 27, 32 a 34, 38 y 39), se desprende que si bien no ha emitido determinación alguna en relación a las probanzas de que se duele la quejosa; también es verdad que por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, se excusó para conocer del expediente administrativo laboral 0089/E06/2019, desde antes de la presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veinte), en virtud de que los integrantes de la Junta responsable, tienen el carácter de víctimas en expediente penal [carpeta procesal CP/0066/2020] que se le sigue a la apoderada legal de la parte actora aquí quejosa (fojas 13 y 14). Dicha autoridad informó a este tribunal que mediante oficios 815/2020 y 826/2020 de catorce y diecisiete de agosto del año en curso, remitió al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en ciudad Victoria, Tamaulipas, los autos de diversos juicios laborales, entre los que se encuentra el expediente 0089/E06/2019, del que derivan los actos omisivos aquí reclamados (fojas 19 a 27). De igual forma, la junta obrera en esta ciudad, remitió copias certificadas del proveído de dieciocho de septiembre del año que transcurre, por el cual el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con asiento en la capital del Estado, tuvo por recibida la excusa planteada por la autoridad responsable y formó expediente bajo el número EXC/0005/2020 (fojas 32 a 34). También, exhibió copia certificada del oficio 1222/2020 de veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el cual le solicitó a aquella Junta Local, información respecto de los avances de cada uno de los expedientes de excusa que se le plantearon, entre los que se encuentra el juicio de origen del que emanan los actos omisivos aquí reprochados (fojas 38 y 39); sin que exista constancia de que aquella dependencia le haya contestado en cuanto al resultado o resolución de la excusa en comento. Ahora, atendiendo a los actos reclamados y el estado que guarda el procedimiento natural, los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, respecto de la citada omisión, serían el conminar a la Junta Laboral señalada como responsable, para que de inmediato proceda a acordar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral de su conocimiento. Sin embargo, se actualiza una imposibilidad material y jurídica para cristalizar los efectos restitutorios de un eventual fallo protector, dado que la autoridad en comento se excusó de conocer del asunto de origen, luego no se le puede obligar a que emita un acuerdo de pruebas si ya no tiene bajo su conocimiento el juicio laboral referido y a la fecha se le dio trámite a su planteamiento de excusa, que en su momento resolverá la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en ciudad Victoria, Tamaulipas. Es evidente la imposibilidad de materializar los efectos restitutorios del juicio de amparo; en el hipotético caso de que se llegara a conceder el amparo y protección de la justicia federal, la restitución en el goce de la garantía individual violada resultaría inalcanzable, ya que la responsable no podría acordar las probanzas ofrecidas en un juicio laboral que ya no tiene en su conocimiento. Cabe mencionar que en procedimientos como el iniciado ante la responsable, del que emanan los actos omisivos reclamados, una de las etapas del derecho a la tutela judicial, se encuentra relacionada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia, que puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales que se ejecuten los pronunciamientos judiciales, como regla general, en sus términos, o bien, de manera coactiva o forzosa. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El derecho a la ejecución impide que un incumplimiento sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se puedan adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, pero siempre que ello sea legalmente exigible, en tanto que el incumplimiento no se deba a una decisión arbitraria, ni irrazonable. Sobre el particular, es necesario precisar que, tradicionalmente, para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, el juzgador de amparo, sólo debía observar que, conforme a las constancias, quedó demostrada la violación planteada por la parte quejosa, siempre que hubiera existido al momento de presentar la demanda. En el presente asunto existen cuestiones adicionales que no pueden soslayarse y no resultaría posible conceder una sentencia de amparo para que la responsable emita el acuerdo de las pruebas ofrecidas el dos de diciembre de dos mil diecinueve, dado que el expediente natural ya no lo tiene a su cargo y se encuentra ante una autoridad distinta, misma que decidirá si califica o no la excusa planteada en el asunto referido. No puede estarse a la espera del resultado de dicha excusa, pues es una circunstancia distinta a la que se planteó originalmente por la parte quejosa. Se insiste, no es factible dictar una sentencia de amparo que sólo analice las manifestaciones de la parte agraviada, sino que deben atenderse la totalidad de constancias de autos y de esa manera, se observan circunstancias que imposibilitan materializar una concesión de amparo. Además, no puede tenerse indefinidamente un juicio constitucional en etapa de cumplimiento de sentencia o en estado de ejecución, pues las sentencias de amparo deben tener un fin práctico, que no existe en este momento. De ahí que, en el caso concreto, sea improcedente el juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el tema, se cita la jurisprudencia P./J.90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de 1997, Novena Época, con registro electrónico 197245, Materia Común, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven'; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Bajo esas condiciones y, ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la inconforme, tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, Séptima Época, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que menciona: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio de garantías, promovido por Víctor Hugo Flores Compean, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Víctor Hugo Flores Compean, contra los actos de la autoridad señalada como responsable, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe." (DOS FIRMAS ILEGIBLES) LA ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA QUE COINCIDE CON LA QUE TUVE A LA VISTA QUE OBRA AGREGADA AL JUICIO DE AMPARO 455/2020-VIII, PROMOVIDO POR VÍCTOR HUGO FLORES COMPEAN. DOY FE. A T E N T A M E N T E H. MATAMOROS, TAM., 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO: LIC. MARÍA DOLORES CAMACHO DÍAZ. María Dolores Camacho Díaz
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y glósese al expediente, el oficio número 1223/2020 con anexo, remitido vía electrónica por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; de su contenido se advierte que informa que aún no ha sido enterada esa dependencia de avance alguno respecto de la excusa emitida dentro de ese asunto, por parte de su similar en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en tal razón, con fundamento en el ordinal 117 de la ley en cita, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de dar nueva cuenta con lo anterior, en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, en relación a la documental que se recibe, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral citado. Finalmente, para dar oportunidad a que las partes puedan imponerse del mismo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día; fijándose de nueva cuenta para su desahogo las once horas con trece minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que el informe rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, acordado en proveído de siete de los actuales y puesto a la vista de las partes el ocho siguiente, no se rindió con la anticipación que establece el numeral 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan para su desahogo nuevamente las once horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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