Víctor Hugo Estrada Martínez y Otros.
Expediente 1733/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1733/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Víctor Hugo Estrada Martínez y Otros.
- Víctor Hugo Estrada Martínez
- Mario Alberto Estrada Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo, se notifica al tercero interesado Juan Carlos Ávila Padilla el auto de 10 de abril de 2018 que dice: " Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes fueron omisas en desahogar la vista dentro del plazo concedido, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se analiza de oficio, si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: I. Antecedentes: 1. En sentencia de diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 179 a 189), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 2. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Juan Carlos Avila Padilla interpuso recurso de revisión y la parte quejosa recurso de revisión adhesiva, de las que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión 433/2017, quien dictó resolución el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la que concluyó con los siguientes resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, contra actos de la Jueza Primero Penal de Partido en León, Guanajuato y del Director del Centro Estatal de Reinserción Social, residente en León, Guanajuato, para los efectos precisados en la resolución recurrida. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por los quejosos Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez. (fojas 285 a 301) 3. En razón de lo anterior, mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución y se requirió a la autoridad responsable Jueza Primero Penal de Partido, con sede en León, Guanajuato para el efecto de que en acatamiento a la ejecutoria de amparo realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A" y su acumulado 126/2016. b) En su lugar, emitir una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, resuelva sobre la revisión de medidas cautelares, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo quinto transitorio de la Miscelánea Fiscal publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. c) En el entendido de que deberá abstenerse de aplicar lo relativo a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Mientras que la autoridad ejecutora deberá acatar materialmente esta sentencia. (fojas 302 a 303) 4. Mediante oficio 597 (foja 306 a 315), la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la diversa de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, dictó una nueva determinación en la que resolvió de nueva cuenta el incidente no especificado sobre solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por los inculpados; en los términos expresados en la sentencia, en la que concluyó: ? Que las disposiciones en materia de medidas cautelares establecidas por el Código Nacional de Procedimientos resultan aplicables conforme al artículo quinto transitorio del citado ordenamiento. ? Que el artículo 19 Constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ? Que resulta procedente modificar la prisión preventiva impuesta a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, para lo que tomó en consideración: a) Que el delito que se les atribuye no contempla prisión preventiva en el artículo 19 Constitucional. b) Que son originarios de esta ciudad, y tienen hijos por lo que se estima que tienen arraigo en la comunidad. c) Que están privados de su libertad desde el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, d) Que con antelación a los hechos han observado buena conducta. e) Que no hay prueba de que representen un peligro para el ofendido, testigos y sociedad. ? Sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las establecidas en la fracción I, II y V del artículo 155 del Código Nacional De Procedimientos Penales. Con lo anterior se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. II. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, del análisis de la resolución en estudio, se advierte que la responsable cumplió cabalmente con los efectos para los que se concedió el amparo, en la medida que: Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A". Emitió una nueva determinación conforme a los lineamientos dispuestos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con plenitud de jurisdicción determinó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los quejosos y fijó las medidas a que habrán de sujetarse para acceder al beneficio concedido. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia. Se concluye de esa manera, porque en la concesión del amparo no se estableció el sentido en que tenía que dictarse la nueva resolución, sino únicamente emitir una nueva determinación en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con libertad de jurisdicción resolver lo conducente; de ahí que, no sea posible analizar la legalidad de los motivos que expuso la responsable. Apoya lo anterior la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 165239 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.27 K Página: 2862 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, se considera que la autoridad responsable cumplió en los plazos previstos por la Ley de Amparo con los lineamientos del fallo protector ya que atendió a los requerimientos formulados. III. Autorizado de los quejosos realiza manifestaciones en torno al cumplimiento Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a sus manifestaciones, deberá estarse a la determinación adoptada en el presente proveído. IV. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en este órgano jurisdiccional se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que trascurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente".
- Incidental
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo, se notifica al tercero interesado Juan Carlos Ávila Padilla el auto de 10 de abril de 2018 que dice: " Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes fueron omisas en desahogar la vista dentro del plazo concedido, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se analiza de oficio, si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: I. Antecedentes: 1. En sentencia de diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 179 a 189), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 2. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Juan Carlos Avila Padilla interpuso recurso de revisión y la parte quejosa recurso de revisión adhesiva, de las que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión 433/2017, quien dictó resolución el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la que concluyó con los siguientes resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, contra actos de la Jueza Primero Penal de Partido en León, Guanajuato y del Director del Centro Estatal de Reinserción Social, residente en León, Guanajuato, para los efectos precisados en la resolución recurrida. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por los quejosos Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez. (fojas 285 a 301) 3. En razón de lo anterior, mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución y se requirió a la autoridad responsable Jueza Primero Penal de Partido, con sede en León, Guanajuato para el efecto de que en acatamiento a la ejecutoria de amparo realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A" y su acumulado 126/2016. b) En su lugar, emitir una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, resuelva sobre la revisión de medidas cautelares, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo quinto transitorio de la Miscelánea Fiscal publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. c) En el entendido de que deberá abstenerse de aplicar lo relativo a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Mientras que la autoridad ejecutora deberá acatar materialmente esta sentencia. (fojas 302 a 303) 4. Mediante oficio 597 (foja 306 a 315), la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la diversa de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, dictó una nueva determinación en la que resolvió de nueva cuenta el incidente no especificado sobre solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por los inculpados; en los términos expresados en la sentencia, en la que concluyó: ? Que las disposiciones en materia de medidas cautelares establecidas por el Código Nacional de Procedimientos resultan aplicables conforme al artículo quinto transitorio del citado ordenamiento. ? Que el artículo 19 Constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ? Que resulta procedente modificar la prisión preventiva impuesta a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, para lo que tomó en consideración: a) Que el delito que se les atribuye no contempla prisión preventiva en el artículo 19 Constitucional. b) Que son originarios de esta ciudad, y tienen hijos por lo que se estima que tienen arraigo en la comunidad. c) Que están privados de su libertad desde el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, d) Que con antelación a los hechos han observado buena conducta. e) Que no hay prueba de que representen un peligro para el ofendido, testigos y sociedad. ? Sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las establecidas en la fracción I, II y V del artículo 155 del Código Nacional De Procedimientos Penales. Con lo anterior se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. II. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, del análisis de la resolución en estudio, se advierte que la responsable cumplió cabalmente con los efectos para los que se concedió el amparo, en la medida que: Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A". Emitió una nueva determinación conforme a los lineamientos dispuestos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con plenitud de jurisdicción determinó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los quejosos y fijó las medidas a que habrán de sujetarse para acceder al beneficio concedido. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia. Se concluye de esa manera, porque en la concesión del amparo no se estableció el sentido en que tenía que dictarse la nueva resolución, sino únicamente emitir una nueva determinación en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con libertad de jurisdicción resolver lo conducente; de ahí que, no sea posible analizar la legalidad de los motivos que expuso la responsable. Apoya lo anterior la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 165239 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.27 K Página: 2862 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, se considera que la autoridad responsable cumplió en los plazos previstos por la Ley de Amparo con los lineamientos del fallo protector ya que atendió a los requerimientos formulados. III. Autorizado de los quejosos realiza manifestaciones en torno al cumplimiento Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a sus manifestaciones, deberá estarse a la determinación adoptada en el presente proveído. IV. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en este órgano jurisdiccional se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que trascurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente".
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el auto de 10 de abril de 2018 que dice: " Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes fueron omisas en desahogar la vista dentro del plazo concedido, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se analiza de oficio, si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: I. Antecedentes: 1. En sentencia de diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 179 a 189), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 2. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Juan Carlos Avila Padilla interpuso recurso de revisión y la parte quejosa recurso de revisión adhesiva, de las que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión 433/2017, quien dictó resolución el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la que concluyó con los siguientes resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, contra actos de la Jueza Primero Penal de Partido en León, Guanajuato y del Director del Centro Estatal de Reinserción Social, residente en León, Guanajuato, para los efectos precisados en la resolución recurrida. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por los quejosos Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez. (fojas 285 a 301) 3. En razón de lo anterior, mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución y se requirió a la autoridad responsable Jueza Primero Penal de Partido, con sede en León, Guanajuato para el efecto de que en acatamiento a la ejecutoria de amparo realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A" y su acumulado 126/2016. b) En su lugar, emitir una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, resuelva sobre la revisión de medidas cautelares, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo quinto transitorio de la Miscelánea Fiscal publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. c) En el entendido de que deberá abstenerse de aplicar lo relativo a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Mientras que la autoridad ejecutora deberá acatar materialmente esta sentencia. (fojas 302 a 303) 4. Mediante oficio 597 (foja 306 a 315), la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la diversa de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, dictó una nueva determinación en la que resolvió de nueva cuenta el incidente no especificado sobre solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por los inculpados; en los términos expresados en la sentencia, en la que concluyó: ? Que las disposiciones en materia de medidas cautelares establecidas por el Código Nacional de Procedimientos resultan aplicables conforme al artículo quinto transitorio del citado ordenamiento. ? Que el artículo 19 Constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ? Que resulta procedente modificar la prisión preventiva impuesta a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, para lo que tomó en consideración: a) Que el delito que se les atribuye no contempla prisión preventiva en el artículo 19 Constitucional. b) Que son originarios de esta ciudad, y tienen hijos por lo que se estima que tienen arraigo en la comunidad. c) Que están privados de su libertad desde el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, d) Que con antelación a los hechos han observado buena conducta. e) Que no hay prueba de que representen un peligro para el ofendido, testigos y sociedad. ? Sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las establecidas en la fracción I, II y V del artículo 155 del Código Nacional De Procedimientos Penales. Con lo anterior se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. II. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, del análisis de la resolución en estudio, se advierte que la responsable cumplió cabalmente con los efectos para los que se concedió el amparo, en la medida que: Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A". Emitió una nueva determinación conforme a los lineamientos dispuestos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con plenitud de jurisdicción determinó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los quejosos y fijó las medidas a que habrán de sujetarse para acceder al beneficio concedido. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia. Se concluye de esa manera, porque en la concesión del amparo no se estableció el sentido en que tenía que dictarse la nueva resolución, sino únicamente emitir una nueva determinación en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con libertad de jurisdicción resolver lo conducente; de ahí que, no sea posible analizar la legalidad de los motivos que expuso la responsable. Apoya lo anterior la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 165239 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.27 K Página: 2862 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, se considera que la autoridad responsable cumplió en los plazos previstos por la Ley de Amparo con los lineamientos del fallo protector ya que atendió a los requerimientos formulados. III. Autorizado de los quejosos realiza manifestaciones en torno al cumplimiento Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a sus manifestaciones, deberá estarse a la determinación adoptada en el presente proveído. IV. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en este órgano jurisdiccional se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que trascurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente".
- Incidental
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el auto de 10 de abril de 2018 que dice: " Análisis sobre el cumplimiento de sentencia. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes fueron omisas en desahogar la vista dentro del plazo concedido, en proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho; en consecuencia, se analiza de oficio, si el fallo protector se encuentra cumplido, con base en lo siguiente: I. Antecedentes: 1. En sentencia de diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 179 a 189), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 2. Inconforme con dicha resolución, el tercero interesado Juan Carlos Avila Padilla interpuso recurso de revisión y la parte quejosa recurso de revisión adhesiva, de las que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión 433/2017, quien dictó resolución el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, la que concluyó con los siguientes resolutivos: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, contra actos de la Jueza Primero Penal de Partido en León, Guanajuato y del Director del Centro Estatal de Reinserción Social, residente en León, Guanajuato, para los efectos precisados en la resolución recurrida. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por los quejosos Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez. (fojas 285 a 301) 3. En razón de lo anterior, mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución y se requirió a la autoridad responsable Jueza Primero Penal de Partido, con sede en León, Guanajuato para el efecto de que en acatamiento a la ejecutoria de amparo realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A" y su acumulado 126/2016. b) En su lugar, emitir una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamientos de este fallo, resuelva sobre la revisión de medidas cautelares, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al artículo quinto transitorio de la Miscelánea Fiscal publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. c) En el entendido de que deberá abstenerse de aplicar lo relativo a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Mientras que la autoridad ejecutora deberá acatar materialmente esta sentencia. (fojas 302 a 303) 4. Mediante oficio 597 (foja 306 a 315), la Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la diversa de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Asimismo, dictó una nueva determinación en la que resolvió de nueva cuenta el incidente no especificado sobre solicitud de revisión de medida cautelar solicitada por los inculpados; en los términos expresados en la sentencia, en la que concluyó: ? Que las disposiciones en materia de medidas cautelares establecidas por el Código Nacional de Procedimientos resultan aplicables conforme al artículo quinto transitorio del citado ordenamiento. ? Que el artículo 19 Constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ? Que resulta procedente modificar la prisión preventiva impuesta a Víctor Hugo Estrada Martínez y Mario Alberto Estrada Martínez, para lo que tomó en consideración: a) Que el delito que se les atribuye no contempla prisión preventiva en el artículo 19 Constitucional. b) Que son originarios de esta ciudad, y tienen hijos por lo que se estima que tienen arraigo en la comunidad. c) Que están privados de su libertad desde el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, d) Que con antelación a los hechos han observado buena conducta. e) Que no hay prueba de que representen un peligro para el ofendido, testigos y sociedad. ? Sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por las establecidas en la fracción I, II y V del artículo 155 del Código Nacional De Procedimientos Penales. Con lo anterior se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. II. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, del análisis de la resolución en estudio, se advierte que la responsable cumplió cabalmente con los efectos para los que se concedió el amparo, en la medida que: Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que negó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 64/2015-P "A". Emitió una nueva determinación conforme a los lineamientos dispuestos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con plenitud de jurisdicción determinó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los quejosos y fijó las medidas a que habrán de sujetarse para acceder al beneficio concedido. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia. Se concluye de esa manera, porque en la concesión del amparo no se estableció el sentido en que tenía que dictarse la nueva resolución, sino únicamente emitir una nueva determinación en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con libertad de jurisdicción resolver lo conducente; de ahí que, no sea posible analizar la legalidad de los motivos que expuso la responsable. Apoya lo anterior la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 165239 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Común Tesis: VII.3o.P.T.27 K Página: 2862 "INCONFORMIDAD EN "AMPARO JUDICIAL". SU MATERIA DE ESTUDIO ES VERIFICAR SI HAN QUEDADO SATISFECHOS TODOS LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN LA SENTENCIA CONCESORIA, SIN PREJUZGAR SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ESPECIALMENTE EN LAS QUE HAYA ACTUADO CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 45/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 5, de rubro: "INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ANALIZAR EL CONTENIDO DE LA NUEVA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR ÚNICAMENTE PARA VERIFICAR LA SATISFACCIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS PRECISADOS EN ÉSTE."; criterio que, aunque se refiere al amparo directo, también puede ser aplicable al indirecto cuando la protección constitucional se haya concedido contra una resolución jurisdiccional; esto es, conforme al principio restitutorio previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio también llamado "amparo judicial" (amparo directo o indirecto), no es suficiente que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución que resultó inconstitucional y la sustituya por otra, toda vez que para reparar las violaciones cometidas en dicha resolución, la autoridad está obligada a emitir una nueva en el sentido exigido por la garantía violada, sea ésta de carácter formal o material; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." Asimismo, se considera que la autoridad responsable cumplió en los plazos previstos por la Ley de Amparo con los lineamientos del fallo protector ya que atendió a los requerimientos formulados. III. Autorizado de los quejosos realiza manifestaciones en torno al cumplimiento Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a sus manifestaciones, deberá estarse a la determinación adoptada en el presente proveído. IV. Archivo. En consecuencia, en razón de que no existen actuaciones pendientes que realizar, se ordena archivar el juicio como asunto concluido, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en este órgano jurisdiccional se concedió el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se considera de relevancia documental el juicio; consecuentemente el expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, en el incidente de suspensión se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que trascurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente".
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