Víctor Hugo Díaz Lozano (Apoderado)
Expediente 561/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Víctor Hugo Díaz Lozano (Apoderado)
- VÍCTOR HUGO DÍAZ LOZANO (APODERADO) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por la parte quejosa; en tales condiciones, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto, por lo que una vez determinado si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no se atenderán las manifestaciones de la parte inconforme. Mediante sentencia engrosada de treinta de octubre de dos mil quince dictada en este juicio, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución emitida el de diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirma la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M/IV y, en su lugar, emita otra en la que determine no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador y ordene para que recabe de oficio todas y cada una de las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza" Inconforme, el tercero interesado Gerardo Miguel Morales Hernández interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, misma que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual radicó bajo el toca R-403/2015, quien por ejecutoria de once de febrero del año en curso, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión en lo que fue materia del recurso, es decir, respecto de la parte en la que se concedió el amparo a la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que mediante resolución de uno de marzo de este año dictada dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M-IV, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución emitida el diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2. Determinó no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador. 3. Ordenó al Agente del Ministerio Público responsable recabar las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditarse los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realiza la parte quejosa, por conducto de su autorizado con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida por parte del Director responsable, pues al efecto señala: Omite motivar por qué considera que las pruebas que obran en autos son insuficientes para justificar el delito, puesto que únicamente se limita a ordenar su perfeccionamiento, contrario a lo señalado en la ejecutoria de amparo, en la que se le ordenó valorar las ya existentes a fin de determinar si son suficientes para tener por acreditada la existencia del delito y sólo en caso contrario, ordenar se recabaran las necesarias. Al ordenar el perfeccionamiento del contrato de arrendamiento y del escrito de once de noviembre de dos mil nueve, deja de otorgarles el valor que se les concedió en el fallo protector, puesto que, por lo que respecta al contrato de arrendamiento, lo que acredita ya quedó establecido en la ejecutoria de amparo, es decir, el alcance probatorio que debe adjudicarle la responsable ya quedó establecido, por lo que al ser cosa juzgada no puede ser alterado. El perfeccionamiento que requiere la responsable, en cuanto hace al contrato de arrendamiento, éste ya obra en la indagatoria de origen con fecha diez de julio de dos mil catorce. En lo relativo a la citación del representante legal de Bio-Inox, Tecnología en equipo de acero inoxidable para la industria, no establece la razón por la que la considera necesaria, cuando únicamente se le señaló que para el extremo de no encontrarse acreditados los elementos del cuerpo del delito en estudio con las probanzas ya agregadas en la indagatoria. Nuevamente inobserva el contenido del artículo 21 constitucional al arrojar la carga de la prueba a la parte quejosa y no así al fiscal investigador. No se fijó al fiscal responsable un término para el desahogo de las diligencias encomendadas, a fin de salvaguardar la vigencia de la acción penal. Ahora bien, los argumentos anteriores van encaminados a controvertir aspectos relacionados con la legalidad de la resolución de uno de marzo de este año, por la que la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla cumple con lo indicado en la ejecutoria de amparo. Así mismo, los aspectos aducidos por el autorizado de la moral quejosa no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla dictara una resolución en la que dejara insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirmaba la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M/IV y, en su lugar, emitiera otra en la que determinara no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador y ordenara para que recabara las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza. Por tanto, la autoridad responsable únicamente se debía limitar a dejar insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, emitir otra en la que determinara no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador y ordenarle recabar las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza. Luego, si en el caso la autoridad responsable consideró la circunstancia que mediante resolución de uno de marzo de este año se dejara insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirmaba la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M/IV y, en su lugar, determinara no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador y ordenara para que éste recabara las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, lo cual, no contraviene lo establecido en la ejecutoria de amparo, pues son cuestiones de legalidad que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues, como se indicó, la resolución de uno de marzo de este año cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. De ahí que en el caso, dichas manifestaciones constituyen materia de una diversa litis constitucional. En tales condiciones, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por la parte quejosa; en tales condiciones, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto, por lo que una vez determinado si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no se atenderán las manifestaciones de la parte inconforme. Mediante sentencia engrosada de treinta de octubre de dos mil quince dictada en este juicio, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla realizara lo siguiente: ".deje insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución emitida el de diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirma la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M/IV y, en su lugar, emita otra en la que determine no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador y ordene para que recabe de oficio todas y cada una de las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditar los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza" Inconforme, el tercero interesado Gerardo Miguel Morales Hernández interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, misma que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual radicó bajo el toca R-403/2015, quien por ejecutoria de once de febrero del año en curso, determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión en lo que fue materia del recurso, es decir, respecto de la parte en la que se concedió el amparo a la parte quejosa. Ahora bien, de las constancias que envió el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que mediante resolución de uno de marzo de este año dictada dentro de la averiguación previa 2143/2014/CENTRO/DMZN/M-IV, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución emitida el diecisiete de julio de dos mil quince, en la que confirmó la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2. Determinó no autorizar el inejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador. 3. Ordenó al Agente del Ministerio Público responsable recabar las pruebas con las que, en su caso, pudieran llegar a acreditarse los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. En tales condiciones, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de ***, autorizado con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo por el quejoso; visto su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones en relación con la vista ordenada en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto del Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; visto su contenido, téngasele informando que, en su carácter de superior jerárquico, ordenó al Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales que haya a lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio del Director General Jurídico Consultivo y de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con anexos; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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