Victor Hugo Davila Amezcua y Otros.

Expediente 728/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
728/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Secretaría de Salud Federal
  • Victor Hugo Davila Amezcua y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ***/2022, el cual se envió para notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós. Dese de baja la referida comunicación en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que sea necesario expedir acuse de recibo, debido a que éste se genera de forma automática al momento de su envío por la citada vía. Ahora, atento al estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el comunicado del Gobernador Constitucional del Estado de México, a través del cual rinde su informe en relación con la suspensión de plano; lo anterior, toda vez que el veintitrés de junio pasado, se desechó de plano la demanda de amparo

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por virtud del cual remite el juicio de amparo 416/2022 de su índice, toda vez que por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por +++++++++, a favor del menor de edad de identidad reservada bajo las iniciales V.P.D.Á., contra actos del Gobierno Federal de la República de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 728/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Suspensión de plano No ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados, ya que por acuerdo de tres de marzo del año en curso, la autoridad oficiante proveyó lo relativo a dicha medida cautelar. Pronunciamiento en relación con la competencia Una vez analizados los argumentos de la autoridad oficiante, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada para conocer de este asunto, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. Desechamiento Ahora, una vez analizadas las constancias que obran en el presente sumario, este juzgador considera pertinente dejar sin efectos las actuaciones del homólogo declinante a partir del auto admisorio de uno de abril de dos mil veintidós, dado que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Después de analizar el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI y XXII del artículo 61 la Ley de Amparo, atinentes a la cesación de efectos y a la falta e imposibilidad de materialización de los efectos del acto de autoridad en la esfera jurídica del quejoso, con las razones de derecho y motivos de hecho que, a continuación, se exponen: Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de incluir a los menores de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2", por parte de las autoridades responsables. Tal precepto determina lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". En su momento, bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para que se actualizara la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad responsable tendría que: a) Derogar o revocar el acto reclamado, dando como resultado una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, b) Sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, el Alto Tribunal consideró que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse que no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tercer lugar, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, estableció que una nueva reflexión conducía a abandonar la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, toda vez que los alcances por los que se otorgara la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; ello, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al haber cesado los efectos del acto reclamado, como se verá a continuación. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, se hace consistir entre otros, en la omisión de aplicar e incluir al menor de cinco años entre los que se encuentran el menor quejoso V.P.D.A., en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. y la falta de esquema de vacunación para los menores de doce años de edad. En esa tesitura, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobierno de México a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector"; documento que fue autorizado por el Secretario de Salud, según se advierte de su contenido, y desde entonces, se publica su actualización periódica, actualmente en su versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, que es la aquí reclamada. En el cual, se previó contar con una estrategia de vacunación en cinco etapas, en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en función de los seis grupos de priorización. La primera etapa de vacunación comprendió de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud de Primera Línea de Control de COVID-19; la segunda, de febrero a mayo de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud restante y personas de sesenta y más años; la tercera, de mayo a junio de dos mil veintiuno, se incluyó a personas de cincuenta a cincuenta y nueve años; en la cuarta etapa, se incluyó a personas de cuarenta a cuarenta y nueve años; y por último, en la quinta etapa que comprende de julio del presente año a marzo de dos mil veintidós, al resto de la población. En lo que aquí interesa, debe decirse que el grupo etario de cinco años de edad en adelante se encuentra comprendido en la quinta y última etapa de vacunación. Además, debe destacarse que en la página de internet con dirección url "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", la cual pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno de México que se invocó como hecho notorio en el certificación de cuenta que antecede en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció la apertura del registro para la vacunación de niños a partir de cinco años sin comorbilidad y, por ende, que a partir del día dieciséis de junio del año en curso el portal "Mi vacuna" tendrá la opción de registrar a los menores de manera universal de cinco años de edad en adelante. Lo cual se corrobora con la siguiente imagen: Ello y lo acordado en el punto XII.a.2., cobra sustento en el contenido de la tesis I.7o.A.16 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, del título: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO.". Robustece lo anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito número I.3o.C.35 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1373 , Décima Época, Registro: 2004949, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.". En ese tenor, se pone de manifiesto que en dicha página oficial ya se abrió el registro para personas de personas de cinco años o más, para que sean vacunados contra el COVID-19, por lo que el menor quejoso V.P.D.A., actualmente cuenta con cinco años nueve meses de edad, tal y como se advierte de su acta de nacimiento; en consecuencia, ya está dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el SARSCOV-2. Esto es, el periodo de vacunación al que estará sujeto el directo quejoso de iniciales V.P.D.A.; se encuentran dentro de la quinta etapa, pues tiene cinco años de edad; de ahí que el periodo de vacunación está vigente, por lo que será dentro de dicho lapso en el que las autoridades sanitarias deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda al solicitante de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. De ahí que los niños a partir de los cinco años de edad, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto de omisión de que se trata, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenece se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación y por ende, deberán realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculado. Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que los menores de edad fueron excluidos del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentran contemplados a fin de ser inoculados, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, se desprende que a la presente data, no se le encuentra negada la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenece se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada, debiendo estar atentos a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México y le sea efectivamente aplicada la vacuna dentro del periodo previsto para ello. De lo anterior, se aprecia que, a la presente data, el grupo etario al que pertenece el menor quejoso se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha se encuentra abierto el registro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se le aplique la vacuna. Lo anterior, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de aplicar e incluir a menores de once años entre los que se encuentra el menor quejoso V.P.D.A. y la falta de esquema de vacunación para el menor de once años de edad, dado que surgió una situación similar a la que se hubiere dado de haberse concedido el amparo y, por ende, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del referido acto sin afectar la nueva situación jurídica, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En el mismo sentido, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, en términos de lo anunciado al inicio de este punto; se procede pues, al análisis de la causal de improcedencia advertida respecto de la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 al menor quejoso. En ese tenor, a efecto de estudiar la actualización de la citada causal de improcedencia, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXII; y, 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. - - - Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de la norma reproducida, se deduce que la causa de improcedencia examinada se actualiza cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió. Ello, en razón de que en caso de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, resultaría imposible restituir a la menor quejosa en el goce del derecho fundamental violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, dado que la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de la gobernada, susceptible de reparación, lo que impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a este último y que, por tanto, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 131 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 154, Novena Época, registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Tal como se precisó en apartados que anteceden, uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se fijó respecto de: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a la menor quejosa. Negativa que deriva de la apelación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, que excluye al grupo etario al que pertenece el quejoso. Dicho lo anterior, se toma en consideración la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México, documento Rector" Versión 7.0 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En específico, el apartado relativo a la estrategia de vacunación: etapas y logística. A la fecha de la presentación de la demanda, la población de cinco años de edad cumplidos en adelante está contemplada para ser vacunada. No así la que cuenta con menos de la edad mencionada. No obstante, conforme a lo expuesto en párrafos que preceden, se desprende que actualmente se encuentra abierto el registro de vacunación para las personas de cinco años o más; lo que se corrobora con la consulta de la página de internet mencionada en párrafos que anteceden. En tal virtud, si bien, a esta fecha aún subsiste la omisión de aplicar la vacuna contra el SARS-CoV-2 al menor aquí quejoso, con motivo de que su rango de edad, -cinco años nueve meses-, sin comorbilidades, no se encontraban incluidos en la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, también es verdad que actualmente, tal omisión de recibir la supracitada vacuna ya no deriva de aquella exclusión, pues se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para las personas de cinco años o más y, por ende, ya tiene acceso a recibir esa vacuna. De ahí que, la falta de aplicación de la vacuna en cuestión, que se hizo derivar de que se había excluido de la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, al grupo poblacional de la edad del niño quejoso, ahora subsiste pero no por esa situación, y si dicho menor de edad ha sido incluido en el registro para recibir el biológico contra el coronavirus, es evidente que la omisión de no haber estado contemplado en la Política Rectora de Vacunación Contra Covid-19, ya no le genera perjuicio alguno, puesto que con motivo de la apertura de registro para la obtención de la vacuna de que se trata, en el rango de edad en que se ubica el menor quejoso, recibirá dicha inoculación. En ese sentido, si bien es cierto el directo impetrante al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal -a través de su progenitor- se encontraba en un grupo etario que en ese momento no se encontraba contemplado dentro del plan de vacunación correspondiente. También lo es que, actualmente se encuentra abierto el registro para que las personas de cinco años o más se registren para ser vacunados, por ende, adquirió la posibilidad de ser inoculado sin las restricciones aducidas en su ocurso inicial de demanda. Sobre todo porque justamente la perspectiva de la promoción de amparo se construye bajo la óptica de que como menor de edad no estaba considerado para ser objeto del plan nacional de vacunación y eso ya no sucede respecto del hoy quejoso. Bajo ese tenor, actualmente el directo quejoso está posibilitado en realizar aquellas acciones de forma personal, ante las instancias sanitarias correspondientes, a efecto de ser inoculado, pues -se reitera- al momento se encuentra posibilitada para obtener la vacuna, previo registro que realice en la página de internet referida en líneas que anteceden. También resulta evidente por las campañas de difusión establecidas actualmente en medios masivos de comunicación e internet, que la vacunación es voluntaria y depende de la asistencia de las personas interesadas en su aplicación. Destacándose que, de así considerarlo el menor quejoso V.P.D.A., podrá realizar las gestiones conducentes para su obtención. Ahora, no es ocioso mencionar, en su ocurso de demanda fueron alegadas cuestiones inherentes a la forma en que se implementan los programas y existe discriminación al grupo etario especificado en el párrafo precedente. Pero lo cierto es que esa argumentación estaba encaminada a la protección exclusiva del directo impetrante de amparo, pues en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 73 de la Ley de la materia, en el supuesto de haber procedido la admisión de la demanda y una eventual resolución favorable del juicio de Amparo, los efectos concesorios hubiesen recaído exclusivamente sobre el promovente y no en el colectivo. En esa tesitura, se estima que aun cuando subsistiera la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 al menor quejoso, éste no puede surtir efectos porque al haberse abierto el registro para ser vacunado, dejó de existir la afectación aludida; y ante ello, no existe materia para este juicio de amparo y se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, pues ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que, en su caso pudiera emitirse. Así, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, si en el caso tal finalidad ya no puede materializarse, porque si se abordara el examen del citatorio reclamado y se concediera el amparo, los efectos de dicho fallo no producirían algún beneficio al quejoso. En esa tesitura, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII procede desechar de plano la demanda.

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