Victor Hugo Castillo Soria

Expediente 1048/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1048/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Victor Hugo Castillo Soria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de uno de julio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por ende, procede resolver conforme a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia engrosada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejo ****************************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos siguientes: "(.) Deje insubsistente la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el expediente laboral 01/924/03 y, Con libertad de jurisdicción emita otra en su lugar, en la cual analice las facultades del presidente en la ejecución del laudo y, teniendo presente que es la parte trabajadora quien solicita la ejecución, resuelva la revisión de actos de ejecución interpuesta por el quejoso (.)" El veinte de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la referida autoridad. El uno de julio del año en curso, por oficio recibido el treinta de junio pasado, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector (promoción con folio 12728); para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós emitido en el expediente 01-924-003. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. De la citada documental, se desprende que la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector el veintisiete de junio del año en curso, dejó insubsistente la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en consecuencia procedió a dictar una nueva resolución, mediante la cual declaró procedente el recurso de revisión de Actos de Ejecución promovido por la parte actora (quejoso) en el expediente de origen; por consiguiente, se le restituyó a la parte quejosa el goce del derecho fundamental consagrado en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que se tildó como vulnerado en su perjuicio en la sentencia amparadora. Por la razón antedicha, es procedente declarar cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre despacho se encuentre gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el despacho correspondiente, así como las demás comunicaciones oficiales y notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2967/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, quien autoriza y da fe.AVMM

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1048/2020-IV, promovido por Víctor Hugo Castillo Soria; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el trece de noviembre siguiente a este Juzgado, Víctor Hugo Castillo Soria solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclamó la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte en el expediente 01/924/03. SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte se admitió la demanda, se requirió el informe justificado, se señaló se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a la tercera interesada y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se emitió la resolución reclamada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución promovido contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete en el expediente 01/924/03. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente de origen ya que así lo precisó al rendir el informe justificado. Lo que se acredita con las constancias que adjuntó como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Al no existir causa de improcedencia invocada por las partes o que se advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación. Ahora bien, el concepto de violación es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia lo que es motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia Federal. En dicho apartado la parte quejosa sostiene que en la resolución reclamada la Junta responsable: Trasgredió los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales al referir que ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone la imposibilidad del presidente ejecutor de requerir información a diversas autoridades para cumplir el laudo. Los artículos 688 y 783 de la Ley Federal del Trabajo facultan a la autoridad laboral a requerir información a otras autoridades para el esclarecimiento de la verdad y -aduce- para el cumplimiento del laudo. No es cierto que de solicitar información para cumplir el laudo, el presidente ejecutor actúe de manera oficiosa, ya que fue el trabajador quien lo solicitó. Los artículos 940, 945 y 946 de la Ley Federal del Trabajo establecen la facultad y obligación del presidente ejecutor de realizar todas las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo. La Ley de Instituciones de Crédito prevé la viabilidad de que un órgano jurisdiccional solicite información siempre que se trate de un demandado. Con el propósito de contextualizar el asunto, conviene señalar que de las documentales remitidas por la Junta responsable como complemento al informe justificado se obtienen los siguientes antecedentes: Ante la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje se radicó el juicio 01/924/03 promovido por el quejoso en contra de SERVI RAAL S.A. de C.V. y Juan Bustos Millán donde se dictó un laudo condenatorio. Dentro del procedimiento de ejecución, el veintitrés de octubre de dos mil quince la parte operaria solicitó al presidente ejecutor que requiriera mediante oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara información sobre cuentas bancarias del patrón condenado para estar en posibilidad de señalaros como objeto de embargo y se pueda ejecutar el laudo. El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete el presidente ejecutor no acordó favorable dicha solicitud. En contra de dicha determinación el ahora quejoso interpuso recurso de revisión de actos del presidente ejecutor el diez de julio de dos mil diecisiete. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete se admitió la revisión y se señaló fecha para la celebración de la audiencia respectiva que, luego de múltiples diferimientos se celebró el doce de octubre de dos mil veinte y se emitió la resolución el dieciséis siguiente, declarando improcedente el recurso de revisión. Lo anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, al emitir la resolución reclamada, la Junta responsable consideró lo siguiente: Es cierto que el presidente ejecutor cuenta con medidas para hacer cumplir sus resoluciones, también, que en el procedimiento de ejecución forzosa inicia (una vez trascurrido el término de setenta y dos horas previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo) a petición de la parte que obtuvo el laudo favorable, a solicitud e impulso del ejecutante. El actuar de manera oficiosa convertiría a la autoridad laboral en juez y parte, pues sin desconocer que el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo establece la atribución de los presidentes de dictar las medidas para que la ejecución sea pronta y expedita, corresponde a la parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa. Refirió que el presidente ejecutor -al no acordar favorable la petición del trabajador de girar oficios a la autoridad bancaria y de valores para que proporcione información relativa a cuentas susceptibles de embargo de la parte demandada- no actuó de manera ilegal pues la carga procesal de aportar los elementos y realizar las acciones para el pago del laudo corresponde a la ejecutante. Concluyó afirmando que si bien no hay disposición en la Ley Federal del Trabajo que impida a la junta librar oficios para investigar bienes de la demandada, al no haber precepto legal que la faculte para ello, es a la parte ejecutante a quien corresponde dicho trámite. Como se adelantó lo alegado por el quejoso deviene fundado. Para explicar lo anterior se trascriben los artículos 519, fracción III, 940, 945, 946 y 950 de la Ley Federal del Trabajo: Artículo 519. Prescriben en dos años: [.] III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las Conciliación Y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalada, en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De los numerales trascritos se tiene que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos prescriben en dos años; además, ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Refieren que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a que surta efectos la notificación; la ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida y que a petición de la parte que obtuvo un laudo favorable, el Presidente ejecutor dictará auto de requerimiento y embargo. Del procedimiento de ejecución previsto en la Ley Federal del Trabajo se tiene que corresponde despachar al Presidente ejecutor, quien deberá dictar las medidas necesarias para que resulte pronta y expedita, para lo cual -a petición de la parte interesada- dictará auto con el que requiera al deudor el pago del laudo. En el caso, como refiere el quejoso, en la resolución reclamada la Junta responsable estimó que el actuar del presidente ejecutor no fue "ilegal" pues la obligación de desplegar actos encaminados a la ejecución del laudo es correlativa a la solicitud efectuada por el ejecutante. Empero, contrario a lo referido por la responsable en la resolución reclamada, la parte operaria fue quien solicitó se giraran oficios a la autoridad bancaria para proporcionar información sobre cuentas del deudor que sean susceptibles de embargo. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo no establece el procedimiento a seguir cuando se ignore si el patrón tiene cuentas en el sistema bancario nacional, la Junta debe proceder en términos del artículo 17 de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Sin embargo, incorrectamente consideró que actuar en la forma solicitada por el ejecutante trasgrede el principio de imparcialidad al convertirse en "juez y parte", pues dentro del procedimiento de ejecución del laudo se encuentra facultada para desplegar autos encaminados a ejecutar el laudo, incluso en contra de la voluntad del deudor. Por tanto, como refiere el quejoso, se estima acertado que el presidente ejecutor emplee los medios legales a su alcance para lograr allegarse de información de la parte patronal, lo cual se puede lograr emitiendo un acuerdo por el que ordene solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas, a fin de proporcionar datos útiles para lograr la ejecución del laudo en el juicio laboral de origen, precisamente porque la parte trabajadora quien tiene incorporado el derecho contenido en el laudo lo solicitó. Inclusive, apoyándose en la jurisprudencia 2a./J. 66/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE SOLICITAR A LA JUNTA QUE REQUIERA A CUALQUIER PERSONA O AUTORIDAD PARA QUE PROPORCIONE LA QUE ESTIME NECESARIA PARA ESCLARECER LA VERDAD." al ser admisible todo tipo de prueba dentro del procedimiento laboral, acorde con el artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información, cuando la autoridad laboral lo requiera y ésta debe proveer lo necesario para obtenerla; de igual forma, el numeral 803 de la legislación obrera en consulta, las partes exhibirán los documentos u objetos que ofrezcan como prueba, empero, al tratarse de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente. Se afirma lo anterior pues -partiendo de las facultades con que cuenta el Presidente ejecutor- se tiene que el código obrero aplicable al juicio de origen sí prevé la posibilidad de solicitar información a diversas autoridades, es aplicable en la fase ejecutiva no obstante de estar ubicado el numeral 803 del capítulo de pruebas, debido a que el diverso artículo 940 trascrito en párrafos anteriores prevé la obligación del Presidente de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo, lo cual debe ser de manera pronta y expedita. Dichos preceptos pudieron ser empleados por la junta para fundar su actuar en lugar de afirmar que no existe precepto legal que la faculte a obrar en la forma solicitada por el trabajador. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, suplido en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo lo procedente es otorgar la protección constitucional, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. QUINTO. Efectos del amparo. En tales condiciones, al ser fundado el concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal para que la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de Morelos: Deje insubsistente la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el expediente laboral 01/924/03 y, Con libertad de jurisdicción emita otra en su lugar, en la cual analice las facultades del presidente en la ejecución del laudo y, teniendo presente que es la parte trabajadora quien solicita la ejecución, resuelva la revisión de actos de ejecución interpuesta por el quejoso. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Hugo Castillo Soria, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de mayo de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se ha realizado la publicación de edictos que se ordenó por medio del auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, los cuales se publicaron periódico "Excélsior" y en el Diario Oficial de la Federación de fechas trece, veinte y veintisiete de septiembre del año en curso. Por tanto, ha transcurrido el plazo de treinta días a que alude el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en esas condiciones, se continúa el presente juicio en rebeldía por lo que respecta a los terceros interesados JUAN BUSTOS MILLAN y SERVIRAAL, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE, por lo tanto, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a los citados terceros interesados el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, incluso las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, para los efectos legales a que haya lugar. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En esas condiciones, se continúa el procedimiento del presente asunto y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, debido a la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional, lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria y las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19). En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. *Ediaz

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