Víctor Hugo Carreón Anda
Expediente 413/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Hugo Carreón Anda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
... se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial de la adscripción de notificar de manera personal a la parte quejosa, el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, debido a que el domicilio señalado para tal efecto se encuentra deshabitado y en remodelación... comisiónese al personal de actuaría para que realice dicha notificación, por lista de acuerdos; así como las subsecuentes incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad...
- Principal
... PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto... archívese como concluido...
- Principal
EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto de las constancias remitidas en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto; al respecto, se analizará si de conformidad con dichas constancias la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis debe tomarse en cuenta lo siguiente: I. El acto reclamado por la parte quejosa consistió en: La resolución de cinco de agosto de dos mil veinte, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en el proceso penal ***, instruido en contra del quejoso por los hechos que la ley señala como delitos de *** en la que amplió o prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa del quejoso, por el término de un año. II. En sentencia de siete de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución emitida oralmente el cinco de agosto de dos mil veinte, en el proceso penal *** en la que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al hoy quejoso, por un año más. 2. Emitiera oralmente una nueva resolución en la que tomara como base las razones expuestas en el considerando respectivo y determinara lo que procediera, sin que en el caso la vigencia de la medida que se determinara pudiera ser mayor a la impuesta, es decir, a un año, pues ello agravaría sin justificación legal con base en la concesión del amparo, la situación del directo quejoso. La concesión del amparo se hizo extensiva al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora, debido a que no se reclamó vicios propios de su actuación sino como consecuencia del acuerdo declarado inconstitucional. En relación con las razones expuestas en la sentencia, se determinó que la resolución reclamada era inconstitucional debido a que carecía de fundamentación y motivación suficiente en relación con el tiempo o término por el que continuaría la vigencia de la medida cautelar solicitada por la fiscalía, pues la jueza de control lo hizo de manera dogmática sin fundar ni motivar por qué prorrogaba su vigencia. Además, se precisó que de conformidad con el artículo 168, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para decidir sobre el peligro de la sustracción del inculpado, la jueza debía atender al máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito y la actitud que voluntariamente adoptara el imputado ante éste. Por otra parte, en relación con la solicitud de la fiscalía de que la medida cautelar se prorrogara por todo el tiempo que durara el proceso, la jueza fue omisa en pronunciarse, pues no señaló si era viable o no. III. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. En cumplimiento, el juez responsable, en audiencia de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dejó sin efectos la medida cautelar reclamada y dictó una nueva resolución. V. No obstante lo anterior, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que la sentencia de amparo no estaba cumplida y se requirió nuevamente su cumplimiento. VI. En cumplimiento a lo anterior, el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. VII. En acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por el juez responsable. VIII. Del análisis de las constancias de autos y del disco versátil de audio y video, relativos al proceso penal ***, se advierte que en audiencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria se realizó lo siguiente: a) A las once horas con cuatro minutos de la fecha de la audiencia, el juez responsable dejó insubsistente la medida cautelar de cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como la diversa emitida el cinco de agosto de dos mil veinte (acto reclamado), ambas del proceso penal ***. b) A las once horas con cinco minutos de la fecha de la audiencia, el juez responsable otorgó el uso de la voz a las partes y se llevó a cabo el debate correspondiente. c) Hecho lo anterior, a las once horas con cuarenta y siete minutos de la fecha de la audiencia, el juez responsable se dirigió al quejoso y señaló que de conformidad con los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control puede imponer medidas cautelares cuando así lo solicite el ministerio público y que de conformidad con el diverso artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, el ministerio público podrá solicitar la medida cautelar cuando existan las hipótesis consistentes en 1. que exista el peligro de sustracción de la acción de la justicia del imputado 2. para garantizar la comparecencia del imputado a las audiencias previstas en ley, 2. para proteger a las víctimas o testigos y 3. para evitar que se obstaculice el procedimiento. d) En ese sentido, a las once horas con cincuenta y un minutos, el juez responsable señaló que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juez de control puede imponer medidas cautelares y que el diverso artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la medida cautelar tiene como objeto garantizar la comparecencia del imputado, debido a la necesidad de que siempre esté presente en las audiencias de ley; además, explicó al imputado qué es una medida cautelar y señaló que es una obligación que impone el juez de control, lo que en este caso la petición de la fiscalía era que se continuara con la prisión preventiva necesaria, pues no habían cambiado las cuestiones objetivas que permitieron imponer esa medida cautelar inicialmente, una de las cuales fue la falsedad del domicilio aportado por el imputado, lo que se encontraba comprobado fehacientemente en el proceso penal ***. e) Además, a las once horas con cincuenta y tres minutos, el juez responsable precisó que en la solicitud planteada, el fiscal aludió a la existencia de un diverso proceso penal instruido en contra del imputado, cuya situación hizo constatar a través de los libros de gobierno, de los que se advirtió la existencia de un proceso en etapa de juicio ***, donde el imputado aparecía como persona acusada de un hecho constitutivo de delito. f) Por otra parte el juez dio el uso de la voz a los defensores del imputado para que manifestaran lo propio, quienes así lo hicieron y ofrecieron pruebas que consideraron objetivas para cambiar las circunstancias señaladas inicialmente cuando se impuso la medida cautelar, consistentes en una constancia de residencia de trece de enero de dos mil veintiuno, en donde se afirmaba que el imputado tenía un domicilio cierto y agregaron un comprobante de agua potable donde si bien establecieron que no era de su propiedad, sí señalaron el nombre de la propietaria y el domicilio era coincidente con el de la constancia de residencia; además, se ofreció como dato de prueba un oficio *** signado por un elemento de la Policía Ministerial donde se informaba que el imputado no tenía mandamiento judicial y que las unidades ya fueron entregadas a las partes agraviadas. g) En ese sentido, el juez responsable atendió lo argumentado por la fiscalía respecto a que existía una constancia de residencia similar emitida por la misma persona que aludió ser Jefa de Manzana, la cual fue presentada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en donde se hizo constar que el imputado residía en cierto domicilio; respecto de lo cual, el juez hizo notar la inconsistencia entre las diferentes constancias, pues la última establecía que el imputado tenía una antigüedad de cinco años en el domicilio y en la exhibida en el año dos mil diecinueve se aducía que tenía ocho meses. h) A las once horas con cincuenta y nueve minutos, el juez responsable estableció la certeza de que existía un diverso proceso *** en otra sala, lo cual fue verificado por personal administrativo del Juzgado, y que en relación con el oficio *** de la Policía Ministerial únicamente acreditaba que no existía orden de aprehensión en contra del imputado; además, el juez precisó que el imputado tenía dicha calidad en dos procesos penales: el *** y el de juicio ***, lo cual para conocimiento del imputado, el expediente *** ya había agotado la etapa de control, pues ya se encontraba agregado un auto de apertura a juicio de treinta de septiembre de dos mil veinte, con el número ***, por lo que ya se encontraban en proceso ambos expedientes; acorde con ello, de conformidad con el artículo 167, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual establecía que la fiscalía podía solicitar la prisión preventiva o resguardo domiciliario, cuando otras medidas no fueran suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, testigos y/o de la comunidad, así como un diverso apartado que establecía que el fiscal podía solicitar dicha medida de prisión preventiva cuando el imputado fuera procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no fuera acumulada o conexa, lo cual en el caso si bien podía haber una acumulación pues existía cierta similitud en los asuntos, ello sería resuelto por el juez que conociera del diverso juicio quien podría determinar la acumulación en su momento, pues en la etapa de control nadie promovió dicha situación. i) A las doce horas con once minutos, el juez responsable precisó que de conformidad con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía que había peligro de sustracción del imputado en atención a diversas circunstancias que se debían considerar, esto es, el arraigo que tenga el imputado al lugar donde deba ser juzgado, su residencia o domicilio, las facilidades para abandonar el lugar o mantenerse oculto, además de la situación en que se había conducido con falsedad, lo cual implicaba la presunción de fuga, siendo que la medida cautelar que se impuso en la etapa inicial atendió precisamente a que el imputado otorgó domicilios falsos, cuya situación prevalecía, pues no obstante que los defensores ofrecieron la constancia signada por la Jefa de Manzana, se advierte que no fue debidamente certificada por el Secretario del Ayuntamiento Municipal de Xalapa, pues dicha certificación era necesaria para corroborar que la persona que hacía constar la residencia o domicilio del interesado es la persona autorizada para tal efecto, por lo que coincidía con la manifestación de la fiscalía en el sentido de que dicho documento resultaba apócrifo. j) El juez también estableció que el referido dato de prueba era deficiente pues había la presunción de que la Jefa de Manzana tenía un lazo con el imputado, además de que en la última constancia exhibida por los defensores del imputado estableció que éste llevaba en el domicilio cinco años y en la diversa expedida en el año dos mil diecinueve, se hizo constar la residencia por el tiempo de ocho meses, lo que hacía pensar que la persona se conducía con mendacidad en la información que asentó en sus constancias y al no estar debidamente certificadas ante el Secretario del Ayuntamiento Municipal, el juez determinó que no podía dar la vista establecida en el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales sino debía ser tomado como una simple actuación sin valor probatorio, al igual que el recibo de servicio de agua, ya que el abogado defensor no explicó la relación que tuviera el imputado con la persona que aparecía en el recibo, que hiciera pensar que el imputado quisiera continuar viviendo en ese domicilio y por ello no tenía ningún alcance legal la referencia del recibo ni la constancia de residencia. k) Acorde con ello, el juez responsable precisó que esa situación era determinante para establecer que no habían variado las circunstancias objetivas que permitieran modificar la medida cautelar impuesta el siete de junio de dos mil diecinueve, pues no se advertía que existiera un arraigo al lugar donde se lleva a cabo el proceso, además de continuar vigente la presunción de aporte de un domicilio falso desde que se impuso la medida cautelar. l) En relación con todo lo anterior, a las doce horas con dieciséis minutos de la fecha de la audiencia, el juez estableció que debido a la existencia de un diverso proceso penal con el número ***, en etapa de juicio, se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 19 Constitucional y 167, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual establecía que el ministerio público podía solicitar que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva cuando el sujeto se enfrentara a otro juicio o haya sido sentenciado m)A las doce horas con diecisiete minutos de la fecha de la audiencia, el juez hizo del conocimiento del imputado que en relación con la solicitud de la fiscalía de que se prorrogara la medida cautelar durante el tiempo que durara el proceso, existía el derecho a la seguridad jurídica, debido a que todo acto de molestia debía ser emitido por autoridad competente, de forma fundada y motivada, por lo que si obedecía al tiempo que durara el proceso sería contrario a la garantía de seguridad jurídica en perjuicio del imputado, pues éste no tendría conocimiento de cuánto tiempo se encontraría en esa situación, por lo no se podía atender la solicitud de la fiscalía en ese sentido y debía establecer una fecha cierta para establecer la medida cautelar. n) Acorde con lo anterior, a las doce horas con veintiún minutos de la fecha de la audiencia, el juez determinó que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales debido a que había un aporte de falsedad del domicilio, así como lo previsto en la fracción II, relativo a la pena máxima que se pudiera imponer por los delitos que se le imputaban al aquí quejoso, las cuales consistían en diez años por el robo de vehículo y hasta cinco años por el uso de documento falso, en ese aspecto determinó la presunción de fuga para comparecer al proceso *** y a su secuela ***, porque el imputado podría decidir no presentarse por temor a la pena máxima que pudiera alcanzar de resultar culpable. o) En ese sentido, determinó la continuación de la medida cautelar del imputado en el Centro de Reinserción Social, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, para efecto de garantizar su comparecencia y lograr la seguridad de que se presente hasta que se resuelva su situación jurídica en definitiva, por lo que de conformidad con el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer certeza jurídica al imputado, determinó que el tiempo por el cual debía estar el imputado en esa situación era por el término de un año, con efectos retroactivos a partir del cinco de agosto de dos mil veinte. De lo expuesto, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que el juez responsable subsanó las deficiencias formales precisadas en la sentencia y se pronunció de forma fundada y motivada respecto de por qué determinaba la prórroga de la medida cautelar impuesta al quejoso, con base en los medios de prueba aportados por las partes, así como basado en el máximo de la pena de cada delito y la conducta adoptada por el imputado en el proceso, de conformidad con los lineamientos precisados en la sentencia de amparo dictada en este juicio. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General citado, al ser un juicio en el que se concedió el amparo, además de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Acuerdo General referido, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 29, fracción II, párrafo segundo del acuerdo normativo.
- Principal
El Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito judicial de Xalapa, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, remite un disco versátil de audio y video e informa el cumplimiento que dio a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa... se da vista a las partes por el término de TRES DÍAS... a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda...
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