Víctor Hugo Canales Suazo

Expediente 677/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
677/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Canales Suazo
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado.********************Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.********************Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo sexto, relativo a los expedientes destruibles, artículo 20, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al capítulo cuarto, artículo 15, del Acuerdo General en cita.********************Hágase constar lo anterior en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo decimosegundo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 34 del multicitado Acuerdo General.********************Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención de treinta de junio del año en curso. IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el quejoso como parte actora en el juicio de sucesión intestamentaria a bienes de ******************** número ********************, reclama lo siguiente: 1. Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el que le impuso una multa por la cantidad de $******************** (********************). 2. De la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y Secretario de Finanzas y Administración (en su correcta denominación), ambos del Estado de Guerrero, residentes el primero en esta ciudad y los restantes en Chilpancingo, el cumplimiento de la citada multa. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo. La citada disposición legal, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia, incluso en tratándose de actos de imposible reparación dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2018 ha establecido que aun cuando se pretenden impugnar actos que tengan una ejecución de imposible reparación, será necesario que previamente se agoten los recursos ordinarios a fin de observar el principio de definitividad. En efecto dicho criterio se encuentra visible en la página 8, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, es de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Luego, como se indicó el acto reclamado lo constituye el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el que le impuso una multa por la cantidad de $******************** (********************), así como su ejecución, sin embargo, previo a promover el juicio de amparo la parte quejosa debió agotar el recurso de reconsideración que como medio ordinario prevé el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido de los artículos 375, fracción I, y 381, ambos del Código Procesal Civil citado, que a la letra señalan: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración (.)" "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Conforme a los ordinales invocados, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de las resoluciones que no sean susceptibles de ser apeladas. De ese modo, si conforme al catálogo previsto en el artículo 386 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, el auto en el que se impuso la multa a la parte quejosa, no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, entonces queda de relieve la procedencia del diverso de reconsideración, medio de defensa que tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre la decisión de hacer efectiva la medida de apremio en cuestión; por tanto, aquel medio ordinario de defensa concede la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional sea impugnada ante la propia autoridad judicial que la dictó. Así las cosas, la parte quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, al ser parte en sentido formal (actora), y tampoco alega desconocimiento del juicio seguido en su contra; en el que no se ha dictado sentencia definitiva, de ahí que, debió agotar el recurso ordinario a que se ha hecho mención, para ejercer su garantía de audiencia; aunado a que no debe perderse de vista que tratándose del derecho de impugnación, se parte de dos condiciones torales, tales como que el interesado se encuentre legitimado para interponer el recurso y que la resolución le perjudique, lo que en el caso acontece; además de que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal y de que la procedencia del citado recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que la parte quejosa, en caso contrario quedara en libertad de interponerlo. Y si bien, el acto reclamado podría tener una ejecución de imposible reparación, no obstante, como se dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b) , de la Constitución Federal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante lista publicada en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, AL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA (MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA Y ESTRADOS DEL JUZGADO).

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto se concedió al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, diera continuidad al proceso penal ********************y su acumulado********************y dictara todas las medidas necesarias para desahogar la prueba de identificación o confrontación entre el quejoso y la agraviada ********************, para que de esa forma esté en posibilidad de declarar cerrada a su respecto la instrucción, y emitir la resolución que en primera instancia resuelva los juicios penales por lo que al quejoso se refiere. Ahora bien, mediante oficio recibido en auto de nueve de junio de dos mil veintidós, el juez responsable remitió copia certificada del auto dictado el veintiséis de mayo del mismo año a través del cual dejó sin efectos el desahogo de la prueba de identificación o confrontación entre el quejoso y la agraviada ********************, ante la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo su recepción, al haber agotado los medios de que disponía dicho juzgado para notificar en forma personal a la pasivo en mención. Posteriormente, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al juez responsable informando la situación jurídica que guardaba la causa penal y remitiendo copia certificada entre otras del acuerdo de diez de noviembre de ese año, por el que ordenó girar el exhorto número 277/2022-II, al Juez en turno de Primera Instancia en Materia Penal con jurisdicción y competencia en la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, para que girara oficio de colaboración a la Coordinación General de la Comisión Técnica de Peritos del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz o su similar, a fin de que designe peritos en materia de medicina y psicología y valoren tanto física como psicológicamente al aquí quejoso ******************** y emitan sus respectivos dictámenes periciales de acuerdo con las directrices definidas en el Protocolo de Estambul. Asimismo, por proveídos de nueve de mayo y ocho de junio del año en curso, se tuvo al juez responsable remitiendo copia certificada, de los autos dictados el trece de marzo y cinco de junio anterior, mediante el primero de los cuales reexpidió el oficio 125-II de veintisiete de febrero pasado y por el segundo giró el oficio 329-II, ambos al Titular del Juzgado de la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama Veracruz, por los que le requiere le informe el estado procesal que guarda el exhorto número 277/2022-II, de diez de noviembre de dos mil veintidós, comunicaciones oficiales que fueron depositadas en el servicio postal mexicano el veintiséis de marzo y el seis de junio del año en curso respectivamente, sin que a la fecha hubiere informado el resultado de dichas misivas. Por tanto, tomando en consideración, que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público que debe ser cumplimentada sin demora por las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al juez responsable, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite lo siguiente: 1) El seguimiento dado a los oficios 125-II y 329-II que envió al Titular del Juzgado de la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama Veracruz, y en su caso, de las medidas eficaces que dicto para lograr el desahogo de los dictámenes periciales en materia de medicina y psicología respecto del quejoso que ordenó desde el año pasado, haciendo uso de los medios de apremio que tenga a su alcance. 2) Informe el estado procesal actual que guarda la causa penal ********************y su acumulada********************especificando las pruebas pendientes por desahogar a fin de dictar el cierre de instrucción por lo que respecta al aquí quejoso ********************. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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