Victor Hugo Campa Romero
Expediente 657/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Hugo Campa Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, con residencia en Nogales, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 10974/2022, por el que se hizo de su conocimiento el auto de veintisiete de abril del año en curso; así como del tomo de pruebas que se adjuntó al mismo. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por. en los siguientes términos. El nueve de febrero de dos mil veintidós, se declaró dicha sentencia ejecutoriada, y se requirió a la autoridad responsable, Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En atención a lo anterior, mediante oficio número 01398, de veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió las constancias con las que estimó daba cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, el diez de marzo siguiente se determinó que no estaba cumplida; consecuentemente, se le requirió nuevamente que justificara el acato al fallo protector. Luego, mediante oficio 02317, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el once de abril de dos mil veintidós, la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de marzo del propio año, con la que consideró cumplía con la sentencia de amparo; por lo que el doce de abril siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada en el citado acuerdo, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el juicio ordinario civil. del índice del entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz. se advierte que dejó insubsistente la diversa de siete de diciembre de dos mil veinte, que constituía el acto reclamado en este juicio, así como la de veintiuno de febrero de este año, con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia; y emitió una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, declaró procedente la reclamación planteada por el quejoso en contra del porcentaje fijado en el auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, y lo regraduó del quince al uno por ciento en favor del menor de iniciales. Así, para reducir la pensión alimenticia en favor del infante, el juez consideró que ya no existía peligro en la demora, toda vez que se había incorporado al hogar del deudor alimentario, quien tenía su guarda y custodia provisional, con lo cual cumplía con su obligación de otorgarle alimentos, pues al estar bajo su cuidado cubría sus gastos de habitación, salud, educación, comida y sano esparcimiento. En cuanto a. estableció que también se desvaneció el peligro en la demora que se advirtió inicialmente para fijar los alimentos, dado que en ese momento se consideró que se dedicaba preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos; y que con posterioridad quedó evidenciado que dejó al menor de iniciales. quien a su vez lo entregó a su padre; ello, se dijo, para ir a trabajar al Estado de Puebla; de lo que derivó que los ingresos que se presumió que la actora tenía inicialmente, por la actividad que dijo realizaba ocasionalmente, habían incrementado, al no dedicarse al hogar y por tener tiempo suficiente para realizar una actividad laboral de jornada completa y de forma continua, y que de autos no advertía que contara con alguna limitante física o emocional que la imposibilitara a ingresar al mundo laboral y que tenía la edad de cuarenta y tres años; que, además, el demandado tenía gastos que cubrir, lo que era un hecho notorio, y que contaba con una diversa hija a quien debía proporcionar alimentos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En observancia a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez transcurridos tres años. Asimismo, al no encuadrar el expediente principal en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del referido acuerdo, se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, el juicio principal es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por otro lado, tomando en consideración que resulta innecesario seguir conservando el tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del juicio ordinario civil número. del entonces índice del Juzgado Mixto Microregional de Primera Instancia, con residencia en Nogales, Veracruz. devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, a través del cual remite copia certificada de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós emitida en el juicio ordinario civil número +++, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedido a la parte quejosa en el presente asunto. En consecuencia, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, por lista de acuerdos a las partes quejosa y a la tercera interesada, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por la Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; mediante el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; al respecto se provee: De las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Víctor Hugo Campa Romero, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada, identificado con las iniciales A.R.C.A., para el efecto de que la autoridad responsable, Jueza Sexta de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, realizara lo siguiente: "En consecuencia, al evidenciarse la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de Orizaba, Veracruz: a) Deje insubsistente la resolución de siete de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 536/2020, del índice del entonces Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz; y, b) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva en la que, al momento de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, contra la pensión alimenticia provisional decretada en ese expediente: -Analice la proporcionalidad del quantum de la pensión alimenticia, de acuerdo con la realidad imperante en autos, esto es, ponderando las necesidades alimentarias de los acreedores, en contraposición con las posibilidades del deudor; y de manera fundada y motivada justifique el porcentaje o cantidad que determine fijar". En dicha sentencia se declaró infundado uno de los conceptos de violación, por las siguientes consideraciones: "En su tercer concepto de violación, el quejoso argumenta que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no tomó en consideración que la accionante, Anabel Acuña Enríquez, tiene ingresos propios, ya que labora como comerciante, lo que indica se comprueba con lo señalado por su hija Aylin Campa Acuña, mediante escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en el sentido de que su progenitora dejó bajo su cuidado a su hermano A.R.C.A., porque le habían dado trabajo en el Estado de Puebla; manifestación que refiere se robustece con lo que refirió en la audiencia de escucha, prevista en el numeral 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, donde su hija, Aylin Campa Acuña, reitera que su madre se fue a trabajar lejos. Lo expuesto a ese respecto es ineficaz, pues si bien la jueza responsable no atendió a las manifestaciones formuladas por Aylin Campa Acuña, en el sentido de que su madre se fue a trabajar a otra Entidad Federativa; lo que el quejoso pretendía acreditar con éstas es que la acreedora tenía ingresos para cubrir sus necesidades, pero a ese respecto la autoridad señaló que no era óbice que la propia actora indicara que en su tiempo libre se dedicaba al comercio, pues desde que acudió al tribunal a pedir alimentos nació su presunción de necesitarlos y que no se acreditó que contara con recursos necesarios y suficientes para subsistir. En ese entendido, el testimonio de Aylin Campa Acuña, respecto de que su madre se fue a trabajar al Estado de Puebla, es ineficaz para regraduar la pensión alimenticia provisional, pues lo relativo a que la accionante percibía ingresos se advertía desde que se decretó la pensión alimenticia inicial; y el recurso de reclamación tiene como finalidad equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional se decretó en el auto inicial, en donde únicamente se toman como base los datos expresados por la actora en su demanda; y dicha reclamación es susceptible de declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin; y en el caso, el hecho de que la actora tuviera ingresos no es una cuestión que la jueza desconociera al decretarlos inicialmente, pues la propia accionante dijo en su demanda que en sus tiempos libres se dedicaba al comercio; por tanto, fue ajustado a derecho que estimara que no se acreditó que esos recursos que recibía fueran suficientes para subsistir". Ahora, de las constancias de cuenta se advierte que mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la autoridad oficiante dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la resolución de siete de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 536/2020, del entonces índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Nogales, Veracruz; asimismo, justificó por qué redujo la pensión alimenticia provisional del menor de iniciales A.R.C.A., de un quince a un uno por ciento del sueldo y prestaciones del deudor. Sin embargo, para regraduar la pensión provisional decretada a la accionante, por propio derecho, del diez al cinco por ciento de los ingresos del quejoso, tomó en consideración que de las manifestaciones formuladas por Anabel Acuña Enríquez, en su demanda inicial, se advertía que ésta percibía ingresos, pues indicó que en sus ratos libres se dedicaba al comercio, lo cual tuvo por corroborado con lo relatado en la contestación de la demanda; así como lo señalado por Aylin Campa Acuña, mediante escrito; y lo referido en la audiencia de escucha, prevista en el numeral 345 del Código Civil para el Estado de Veracruz, de donde derivó que la acreedora trabajaba. En ese entendido, la responsable soslayó que en la ejecutoría de amparo se determinó que el hecho de que la actora tuviera ingresos no era una cuestión que la jueza desconociera al decretarlos inicialmente, pues la propia accionante dijo en su demanda que en sus tiempos libres se dedicaba al comercio; y que por eso, fue ajustado a derecho que estimara en el acto reclamado que no se acreditó que esos recursos que recibía fueran suficientes para subsistir. Por tanto, al dar cumplimiento a la sentencia, la autoridad no podía estimar lo contrario, como lo hizo, pues dicho tópico ya fue analizado de fondo, lo que se erigen como verdad legal y de modificarlo equivaldría vulnerar el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Cabe destacar que lo anterior no implica que la autoridad no pueda regraduar, por diversos motivos, la pensión alimenticia provisional decretada a Aylin Campa Acuña, pues en la ejecutoria únicamente se determinó que ello no podía hacerse con base en la circunstancia de que ésta percibiera ingresos, al no acreditarse que fueran suficientes para subsistir. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumpla puntualmente con la ejecutoria de amparo; e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido de que le subsiste el apercibimiento decretado en el acuerdo de nueve de febrero del presente año. Notifíquese.
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