Víctor Hugo Briones Arévalo

Expediente 1657/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1657/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Briones Arévalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    mesa 4.-Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, (foja 13 a 27), se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto; para resolver los autos del juicio de amparo 1657/2022-4, promovido por ************, contra actos del Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, residente en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorios de los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, Edgar José Moreno Hernández, en favor de Víctor Hugo Briones Arévalo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: La detención y aseguramiento. La incomunicación, maltrato psicológico y tortura. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. AUTORIDADES RESPONSABLES: Titular o Director del Instituto Nacional de Migración Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Director de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el expediente 1657/2022-4, se otorgó la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, maltrato psicológico, acto de tortura y detención fuera del procedimiento judicial y cualquier otro que pusiera en peligro la vida del quejoso o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; asimismo, en caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiado, se decretara la inmediata libertad del quejoso; y finalmente, para que no se ejecutara la orden de deportación del impetrante. TERCERO. RATIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previa ratificación de la demanda por parte de la referida impetrante, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La incomunicación, maltrato psicológico y tortura. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. La detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados al Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco; Titular de la Oficina de Representación del citado Instituto en el Estado de Tabasco, Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta), y Jefe del Departamento Jurídico de la referida Estación Migratoria, consistente en la orden de detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria, la orden de deportación, la restricción al derecho de tránsito dentro del territorio y su ejecución; no obstante que al rendir informe justificado en general admite parcialmente la existencia de los mismos, y refiere que la impetrante el dieciocho de septiembre de la presente anualidad fue presentado ante la Estación Migratoria en Villahermosa, por agentes migratorios destacamentados en el punto de verificación Malpasito; asimismo, que no están facultados para emitir órdenes de detención; sin embargo, si están facultados para realizar revisiones migratorias en donde si el agraviado no cuenta con regular estancia, pueden ser presentado ante la autoridad migratoria para que se resuelva su situación jurídica; sin que en forma específica admita la existencia de los referidos actos reclamados. Aunado lo anterior, la inexistencia de los referidos actos se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su referido informe consistente en copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Documentales públicas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual manera, no es cierto el acto reclamado identificado en el inciso a), constante en la incomunicación que el quejoso le reclama a las autoridades responsables, máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con el quejoso Víctor Hugo Briones ArévaloVíctor Hugo Briones Arévalo, quien en su humanidad dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar lo siguiente: Seguidamente, le(s) pregunto al (los) quejoso (s) si ha(n) sido objeto de malos tratos o tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiesta (n) que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentren y advierto que a simple vista no observo ningún tipo de lesiones ni hematomas a la persona que tengo a la vista, y lo que corroboro con el dicho del citado quejoso, en el sentido de que ninguna de las autoridades administrativas le ha causado ningún daño Físico, pero que ha sufrido daño psicológico, ya que el está encerrado, le causa ese daño, así también aduce que ha sufrido robo de sus cosas personales, Además refiere que tiene once días de estar en esta estancia, que a los ocho días le dieron prestado el teléfono pero que no se pudo comunicar con sus familiares y ya no le dieron oportunidad de Volver a marcar y que hasta el día de hoy no le han vuelto a dar prestado el teléfono, tan refiere que pasa mucho frío en el lugar en el que está." De lo anterior, se desprende que la fedataria de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con el quejoso, sin que esta manifestara que se encontrara totalmente incomunicado ya que refirió haber realizado una llamada telefónica. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran la constancia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós relativas a la llamada telefónica otorgada al quejoso Víctor Hugo Briones Arévalo Víctor Hugo Briones Arévalo, por la autoridad responsable para que se comunicara con sus familiares para el efecto de contactar a sus representantes legales a efectos de enterarles de los requisitos para otorgarles su salida provisional de la Estación Migratoria donde se encontraba; así como la posterior, comparecencia de trece de octubre del presente año, realizada ante las responsables por Isabel Rosalino Hernández, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza del referido quejoso, quien se hizo cargo de la custodia del impetrante; y, en consecuencia, se les concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por el quejoso de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no ha estado incomunicado; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, la promovente no aportó prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitieron las autoridades responsables a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO.- Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". Además, cabe señalar que las autoridades referidas autoridades señaladas como responsables de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, no se advierte que la referida autoridad responsable cuente con facultades para emitir las órdenes de detención o privación de la libertad fuera del procedimiento que el quejoso le atribuyen. En efecto, el artículo 141 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, dispone: "Artículo 141.- Las personas titulares de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración tienen las facultades genéricas siguientes: I. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; II. Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos migratorios de personas extranjeras presentadas, así como de aquéllos que opten por el beneficio del retorno asistido, de conformidad con la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; III. Atender y resolver las solicitudes de trámite migratorio relacionadas con las condiciones de estancia establecidas en la Ley de Migración, en el ámbito territorial de su competencia; IV. Ejecutar los actos que en su ámbito de competencia confiere a la autoridad migratoria la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; V. Imponer y ejecutar las sanciones administrativas previstas en la Ley de Migración; VI. Administrar las estaciones migratorias y estancias provisionales de su adscripción, de conformidad con lo previsto en la Ley de Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables; VII. Suscribir, previo dictamen de la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico, los contratos de obra pública, arrendamiento, adquisiciones o servicios, o cualquier otro acto jurídico de administración que celebre el Instituto Nacional de Migración y que vinculen a la Oficina de Representación que corresponda, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; VIII. Formular, presentar y, en su caso, ratificar denuncias y querellas por conductas probablemente constitutivas de delitos, en los asuntos en que tenga injerencia el Instituto Nacional de Migración, por lo que deberá informar periódicamente a la persona que tiene el carácter de Sub Comisionado Jurídico respecto del número de denuncias y querellas presentadas, así como su estado procesal. Esta atribución se confiere sin perjuicio del ejercicio directo que, en su caso, haga la persona que tenga el carácter de Sub Comisionado Jurídico; IX. Recibir, resguardar, custodiar y en los casos procedentes, cancelar, hacer efectivas o determinar la prescripción de las garantías constituidas respecto al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Migración, en su ámbito territorial de competencia. Esta atribución se confiere sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de la persona que tendrá el carácter de Sub Comisionado Jurídico; X. Sustanciar y resolver, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos administrativos que interpongan los particulares contra actos y resoluciones que emitan los servidores públicos de su adscripción; XI. Proporcionar el servicio de bibliotecas en las estaciones migratorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; XII. Coordinar las actividades del Instituto Nacional de Migración en el ámbito territorial de su competencia; XIII. Informar a las unidades administrativas a que se refiere el artículo 124, fracción II del presente Reglamento Interior, sobre asuntos de su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran; XIV. Recopilar y registrar en los sistemas disponibles, la información de los trámites y procedimientos administrativos migratorios que lleven a cabo las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el marco de su circunscripción territorial, así como la gestión de la operación migratoria de las estaciones migratorias y estancias provisionales de las mismas; XV. Expedir certificaciones de los documentos existentes en el archivo a su cargo, y XVI. Dirigir en su circunscripción territorial la instrumentación de los procesos, procedimientos y programas que emita el Instituto Nacional de Migración, que garanticen la promoción, protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Las personas que tendrán el carácter de Sub Representantes Federales, así como Representantes Locales y Sub Representantes Locales en las entidades federativas y en la Ciudad de México ejercerán las atribuciones que expresamente les delegue la persona que tenga el carácter de Comisionado del Instituto Nación de Migración." De lo que se obtiene que la autoridad responsable no cuenta con atribuciones para llevar a cabo las acciones que pretende la parte quejosa; por lo que son inexistentes los referidos actos que de dicha autoridad responsable se reclaman. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, en representación del Director del Instituto citado instituto en esa Delegación, Titular de la Oficina de Representación del citado Instituto en el Estado de Tabasco, Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (en su denominación correcta), y Jefe del Departamento Jurídico de la referida Estación Migratoria, al rendir informe justificado admite parcialmente los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó a su referido informe evidencia la certeza de los actos que se le reclama identificado en el inciso d), consistentes en el aseguramiento y alojamiento del quejoso en la estación migratoria de esta ciudad; en virtud de las mismas se advierte que el quejoso el dieciocho de septiembre de dos mil veintidós fue presentada ante la referida estación migratoria y sujeto a un procedimiento administrativo migratorio por encontrarse de manera irregular en este país. Documentos a los que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado e informe complementario se advierte lo siguiente: 1). El dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentado el quejoso Víctor Hugo Briones ArévaloVíctor Hugo Briones Arévalo, ante la autoridad migratoria por haberse internado al país de manera irregular, sin la documentación que acreditara su regular estancia en el país, por lo que fue trasladado a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2) En resolución de veintiséis de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó sujetar al quejoso Víctor Hugo Briones ArévaloVíctor Hugo Briones Arévalo, de nacionalidad Ecuatoriana, al retorno asistido a su país de origen, concediéndosele el beneficio de la repatriación voluntaria vía aérea, por así haberlo solicitado el ahora quejoso. 3) Mediante escrito de demanda recibido por la Secretaria encargado de la Guardia de este Juzgado de Distrito, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, Víctor Hugo Briones ArévaloVíctor Hugo Briones Arévalo, por conducto de Edgar José Moreno Hernández, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal. 4) Posteriormente, el trece de octubre de dos mil veintidós, se otorgó salida de la estación migratoria al quejoso Víctor Hugo Briones Arévalo. 5) El veintiuno de octubre del presente año, la autoridad responsable hizo constar la evasión del quejoso Víctor Hugo Briones Arévalo al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurado al referido impetrante. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en el aseguramiento y alojamiento del quejoso en la estación migratoria de esta ciudad; y siendo que, como ya se precisó las autoridades responsables le otorgaron su salida de la estación migratoria al aquí quejoso Víctor Hugo Briones Arévalo, aunado a que decretaron la evasión del impetrante al control migratorio y dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de las autoridades responsables, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Hugo Briones Arévalo, contra actos de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en representación de la SUBDIRECTORA DE LA ESTACION MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe de la suspensión de plano concedida en favor del aquí quejoso VICTOR HUGO BRIONES ARÉVALO, por lo que con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele informando que respecto de las autoridades responsables señaladas por la parte quejosa, las mismas no existen, toda vez que la autoridad correcta y competente es la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, se deja de tener con el carácter de autoridades responsables en el presente asunto a las señaladas en la demanda de amparo, por lo que suspéndase toda comunicación con ellas, en consecuencia, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios en relación a lo mencionado en el párrafo que antecede. En relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; se integra a los autos el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 225/2022; así como el original del juicio de amparo en que se actúa; un tomo de pruebas consistente en el toca de oralidad 74/2021-U-C, y un disco compacto relativo a la causa penal 189/2021. Ahora bien, de la ejecutoria a que se alude se advierte que el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Aracely Montejo Hernández, Gabriela Aquino Hernández, Mayola Montejo Hernández y Gloria Hernández Rodríguez, en contra de los actos y autoridades fijados en el resultando primero de este fallo. [.]" En consecuencia, acúsese recibo; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales conducentes, adjuntando copia de la ejecutoria; realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. Ahora, toda vez que en sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional, en su primer punto resolutivo se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a las quejosas Aracely Montejo Hernández, Gabriela Aquino Hernández, Mayola Montejo Hernández y Gloria Hernández Rodríguez. En consecuencia, en términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término del cual deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a las autoridades responsables Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, un tomo de pruebas consistente en el toca de oralidad 74/2021-U-C. De igual forma, hágase devolución al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, de un disco compacto DVD relativo a la causa penal 189/2021, que remitieron como apoyo a su informe justificado, respectivamente, los cuales se manejaron por cuerda separada. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.

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