Víctor Hugo Berruecos Montiel

Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Berruecos Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de junio de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Berruecos Montiel; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de trece de junio de dos mil veintidós: En Apizaco, Tlaxcala, trece de junio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por el promovente Victor Hugo Berruecos Montiel, por el que da cumplimiento al requerimiento de veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Actos reclamados. Ahora, debe indicarse que de un análisis a la demanda de amparo y escrito aclaratorio de demanda, se concluye que los actos reclamados que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables son los siguientes: "Lo constituye el auto de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, del expediente 782/2021 radicado en el juzgado cuarto de lo familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, notificado al suscrito el día tres de mayo del mismo año; auto que me fue notificado por el ciudadano Juez cuarto de lo familiar del distrito judicial de Cuauhtémoc esto al contestar mi escrito de fecha veintiuno de abril del año dos mil veintidós manifestándome NO ES FACTIBLE ACORDAR FAVORABLE SU PETICIÓN DE QUE DE ME EMITA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE ACREDITE LA IDENTIDADA DEL PROMOVENTE (.)" Se desecha demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Acto consentido tácitamente. Ahora, este juzgado tomando en cuenta la manifestación realizada por el quejoso en el escrito de cuenta, se considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. El consentimiento referido en la norma que se invoca se actualiza en un juicio cuando en contra de la actuación que incide en la esfera jurídica del gobernado no se promueve el juicio dentro de los plazos legales previstos por el artículo 17 de la ley de la materia. Dicha causa de improcedencia del juicio de amparo radica en el consentimiento del acto reclamado por falta de interposición de la demanda en los términos previstos en la ley para tal efecto, de manera que la falta de impugnación del acto reclamado, dentro del término legal, crea una presunción objetiva de que existe un consentimiento tácito respecto de dicho acto, por el simple transcurso del tiempo. El consentimiento se encuentra descrito en sus dos formas en el artículo 1803 del Código Civil Federal que a la letra establece: "ARTÍCULO 1,803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente: I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente." Ahora, para que se pueda considerar que un acto es derivado de otro consentido es ineludible que aquel sea consecuencia directa legal y necesaria del primero; de manera que si el acto reclamado no tiene esta característica, no será derivado de un acto consentido, es decir si no es una consecuencia directa, legal y necesaria del acto primigenio, luego entonces, no se actualiza la causal de improcedencia en comento, por ende, para estimar que se actualiza tal causa, el juzgador debe establecer este nexo entre ambos actos. En el caso, acorde a los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró el impetrante de derechos fundamentales, se advierte lo siguiente: I.- El uno de septiembre de dos mil veintiuno, presentó escrito inicial de jurisdicción voluntaria para acreditar identidad de persona de Víctor Berruecos Montiel, quien refiere en realidad e Víctor Hugo Berruecos Montiel. II.-En auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuahtémoc, admitió las diligencias de información AD-PERPETUAM, AD, así como la prueba consistente en la testimonial, la cual se desahogó el treinta de septiembre de dos mil veintiuno. III.- Por escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, presentó escrito solicitando que el juez resolviera y dictará sentencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria para identidad de persona. IV.- Por lo que, en auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno dictado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuahtémoc, declaró improcedente en términos de los artículos 124, 1588, 1594 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, haciendo de su conocimiento que debía ejercitar en la vía idónea las peticiones que citaba. V.-Luego, la parte quejosa mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil veintidós, solicitó se señalara día y hora para audiencia de alegatos. VI.- En auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós dictado por la Secretaria de Acuerdo del Juzgado responsable, proveyó que de conformidad con los artículos 1598 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles, no prevé etapa conclusiva de un juicio ordinario por lo que no podría atenderse favorable su petición. VII.- El veintiuno de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa solicita al juez responsable tomar en consideración los aspecto de derecho, que se citaron en dicho escrito, para mejor proveer la única prestación, que por resolución judicial en la vía de jurisdicción voluntaria y por informaciones testimoniales, se acredite identidad de persona a Víctor Berruecos Montiel y de sus resultados probatorios se decrete que en realidad es Víctor Hugo Berruecos Montiel. VIII.- Así, por determinación de veinticinco de abril de dos mil veintidós dictado por la Secretaria de Acuerdo del Juzgado responsable, determinó que con fundamento en los artículos 7, 46, 54, 124, 1598 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, debía sujetarse a lo previsto en los artículos 1596 al 1599 del ordenamiento antes invocado, por lo que, no era factible acordar favorable su petición de que se emita resolución judicial que acredite la identidad del promovente. Contra ésta última determinación la parte impetrante del amparo promueve el presente juicio constitucional. De lo antes relatado se obtiene que el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós que en esta vía se reclama deriva del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno (auto que declaró improcedente en términos de los artículos 124, 1588, 1594 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, haciendo de su conocimiento que debía ejercitar en la vía idónea las peticiones que citaba) y que fue consentido tácitamente por la parte promovente al no haberlo controvertido con algún medio de impugnación, precisamente porque en aquel acuerdo se contienen los fundamentos y motivos que dio el Juez responsable para declarar improcedente resolver y dictar sentencia en términos de los artículos 124, 1588, 1594 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. De modo que el auto reclamado de veinticinco de abril de dos mil veintidós, no hubiese tenido vida jurídica sin la existencia del acto primigenio mencionado, puesto que el auto ahora analizado, es consecuencia de aquel proveído que no fue recurrido - nueve de noviembre de dos mil veintiuno -. Por tanto, es obvio que, existe entre la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, y la diversa de veinticinco de abril siguiente, en la cual se determinó que con fundamento en los artículos 7, 46, 54, 124, 1598 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, debía sujetarse a lo previsto en los artículos 1596 al 1599 del ordenamiento antes invocado, no era factible acordar favorable su petición de que se emita resolución judicial que acredite la identidad del promovente, ya que dicha determinación ya se había hecho de conocimiento a la parte quejosa mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, lo que implica, que el acuerdo reclamado, sea una consecuencia necesaria y directa de aquella determinación, que se reputa consentida, al no hacerse valer en tiempo, contra ella el medio ordinario u extraordinario de defensa a su alcance. De esta manera, es posible afirmar que la parte promovente no puede aprovecharse del juicio de amparo para impugnar una situación que consintió tácitamente con anterioridad, al no interponer el recurso ordinario u extraordinario procedente, lo que conlleva a la improcedencia del juicio de amparo del acto consentido. Lo anterior es así, pues, desde que fue notificado del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno en el que se determinó que con fundamento en los artículos 7, 46, 54, 124, 1598 y 1599 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, debía sujetarse a lo previsto en los artículos 1596 al 1599 del ordenamiento antes invocado, no era factible acordar favorable su petición de que se emita resolución judicial que acredite la identidad del promovente, fue a partir de ese momento, en que tuvo conocimiento pleno de su contenido y estuvo en aptitud de combatirlo a través de los medios de impugnación a su alcance, pero no lo hizo, consintiendo de esa manera dicho proveído; considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular que decida discrecionalmente la promoción del juicio de amparo, aun cuando ya hubiere tenido conocimiento de su existencia. Resulta orientador al caso la tesis I.9o.T.4 K (10a.), Décima Época, registro digital 2016919, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2490, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA CUANDO EL QUEJOSO COMPARECE A TOMAR FOTOGRAFÍAS DEL ACTO RECLAMADO ANTE UNA DIVERSA AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Lo que implica que si el quejoso compareció ante una diversa autoridad a tomar fotografías del acto reclamado y asienta la razón correspondiente, ello tiene como consecuencia el conocimiento completo de su contenido; considerar lo contrario, conduciría a permitir al particular que decida discrecionalmente la promoción del juicio de amparo, aun cuando previamente a la notificación practicada por la responsable, ya hubiere tenido conocimiento de su existencia". De ahí, que la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, quedó firme para todos sus efectos legales procedentes, generando por consecuencia que el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós ?acto reclamado?, adquiera la calidad de acto derivado de otro consentido, pues tal determinación ya se había hecho de conocimiento a la parte quejosa desde el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por tanto, es una consecuencia directa y necesaria de aquella resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 18 de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13 del tomo VI, parte SCJN apéndice de 1995 que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan. De igual forma orienta a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LXXXVII, Página: 9, Sexta Época, con número de registro 266,131, que reza: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS.- Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por si mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo.". Al respecto, se invoca el contenido informativo y en lo conducente, de la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO. El hecho de que en un juicio de amparo se reclame el decreto citado, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, porque con fundamento en él se niega a las quejosas los estímulos fiscales que habían solicitado con base en el diverso Decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales prioritarias y el desarrollo regional, publicado el veintidós de enero de mil novecientos ochenta y seis, por no encontrarse este decreto comprendido dentro de los que el reclamado señala estarían vigentes en el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, y no se controvierta también en el juicio de garantías el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos y subsidios que especifica, no puede llevar a considerar que el decreto reclamado es un acto derivado de otro consentido. En efecto, la configuración de tal causal de improcedencia requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación a los intereses jurídicos de los quejosos para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Para la determinación relativa a que el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho debe reputarse como un acto consentido en tal hipótesis, es necesario interpretar que causa perjuicios jurídicos a los quejosos, pues de su texto no se desprende que expresamente deje sin efectos o cancele otros subsidios o estímulos diversos a los que señala; asimismo, para poder considerar que el decreto reclamado es un acto derivado del dispositivo legal citado debe determinarse previamente si éste, que fue expedido por el Presidente de la República, es o no un acto que puede considerarse deriva o es consecuencia necesaria y directa de la ley o de la facultad que el artículo 89, fracción I, constitucional otorga al Presidente de la República para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. Todas estas interpretaciones, sin prejuzgar sobre ellas, no pueden ser estudiadas para determinar la configuración de una causal de improcedencia que requiere acreditarse plenamente y que, además, deben ser objeto de estudio al resolver el fondo de la controversia, pues el sobreseimiento implicaría, en este caso, la declaración de que por no existir todos los presupuestos procesales del juicio de amparo no se puede juzgar sobre el fondo del asunto y para llegar a tal conclusión se estarían analizando cuestiones que, precisamente, sólo pueden estudiarse al resolver el fondo. También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.3º.CJ/60, visible en la página 2365, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 176608, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Es aplicable a lo anterior y por no ser contraria a la Ley de Amparo publicada el tres de abril de dos mil trece, la tesis III.1o.A.11 K, visible en la página 582, del tomo III, Mayo de 1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Asimismo tiene aplicación la tesis visible en la página 204 del tomo XI, Abril de 1993, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Así también, es aplicable la tesis visible en la página 52 del tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, que corresponde a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." En tales condiciones, como quedo de manifiesto, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fraccion XIV de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar la demanda promovida con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia citada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintisiete de dos mil veintidós: Apizaco, Estado de Tlaxcala, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Hugo Berruecos Montiel, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 649/2022-VI. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a manifestar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Atento a lo anterior, previo a proveer respecto a la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo mismo plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído realice lo siguiente: Manifieste: bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, en términos del artículo 108 fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Se afirma lo anterior, en virtud de que el requisito relativo a que al presentar la demanda de amparo se realicen bajo protesta de decir verdad las manifestaciones plasmadas en la misma y antecedentes del acto reclamado, en estricto acatamiento al artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la propia Ley de Amparo, pues se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda; pues, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Precisar si el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 782/2021, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Estado de Tlaxcala, lo impugnó a través de los recursos ordinarios que prevé la legislación que rige el acto. Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe al quejoso que en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado para ello (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." De igual modo, se le apercibe que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a la sanción dispuesta en dicho numeral: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, [.].". Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Hugo Berruecos Amaro, Pablo Flores Mendiola, Carlos Tonix Guevara, Erika Muñoz Suastegui, Ada Berenice Espinoza Meléndez y Karina Sarmiento Quiroz, toda vez que no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales fectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuente, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Se tiene señalado teléfono y correo. Ahora bien en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele al oficiante señalando número telefónico y correo electrónico, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.

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