Víctor Hugo Barra Escalante
Expediente 542/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Hugo Barra Escalante
- Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Téngase por recibida la copia del oficio número 3057, remitida por la Secretaria de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 23531, a través del cual se hizo de su conocimiento el auto de ocho de agosto de año en curso; al respecto, agréguese para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad en contra del auto de nueve de julio del dos mil diecinueve, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa Víctor Hugo Barra Escalante y tercera interesa Liliana Dávila Torres, del diecisiete de julio al seis del presente mes y año, descontando los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de julio, tres y cuatro de agosto de la anualidad que trascurre, por ser inhábiles, y para la autoridad tercera interesada Fiscal Auxiliar 6° de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad del quince de julio al dos del mes y año en curso, descontándole los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de julio de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, sin que lo hayan hecho valer; por lo tanto, se tiene por consentida dicha determinación; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión relativo al presente asunto, son susceptibles de depuración, al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia federal y concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración de los mismos, en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas a la demanda y la sentencia respectiva del juicio principal y las que tengan relación con el otorgamiento de la medida suspensional en los cuadernos incidentales, con posterioridad al ocho de agosto del dos mil veinticuatro. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al ocho de agosto del dos mil veintidós. El presente asunto, no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del precitado Acuerdo General Conjunto. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que obra formado un tomo de pruebas por separado, formado con las constancias remitidas por la autoridad responsable denominada Juez de Control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en el que obra glosado un disco compacto con número de folio C26102018; en consecuencia, devuélvase a la autoridad antes citada para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, nueve de julio de dos mil diecinueve. V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando séptimo de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable a realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, emitida en los autos del toca 221/2018-A, en la que revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, en el proceso penal 197/2017, dictando en su lugar auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como delito de pederastia, en favor del ahora quejoso. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, al cual se adhirió la parte ofendida, atienda a las consideraciones precisadas en la presente sentencia, subsanando las violaciones formales antes indicadas, lo que implica que en estricto acatamiento al principio de congruencia resolutoria consagrado en el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analice los puntos que fueron expuestos por el quejoso al contestar los agravios formulados por la representación social apelante." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Oficio 2132 s/a de cuatro de junio del dos mil diecinueve. Oficio 2212 de siete de junio del dos mil diecinueve, al que adjuntó copia certificada de la resolución emitida el siete de junio del dos mil diecinueve. De las actuaciones enunciadas se advierte que la potestad común realizó estas acciones: 1. El cuatro de junio del dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de ocho de mayo del dos mil dieciocho, dictada en el toca 221/2018-A relativo al proceso penal 197/2017 y, se turnaron los autos para emitir la ejecutoria que en derecho corresponda. 2.- En la resolución de siete de junio del dos mil diecinueve, determinó: "esta Alzada procede a entrar al análisis y ponderación de los agravios expresados por la fiscalía recurrente, así como de los argumentos expuestos en la vía de contestación por parte del imputado Víctor Hugo Barra Escalante, a la luz del auto recurrido, así como de todas y cada una de las constancias procesales que integran los registros de la causa penal 197/2017 del índice del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal en Xalapa, Veracruz, sin que se haga necesario la transcripción íntegra de dichos agravios ni de los argumentos expuestos en vía de contestación por parte del imputado, debiendo quedar sentados sólo los puntos sujetos a debate, derivados de los escritos de expresión de agravios de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, signado por la licenciada Dea Guadalupe Rodríguez Lorenzo, Fiscal Cuarta Especializada en investigación de delitos de violencia contra la familia, niñas, niños y de trata de personas en esta ciudad; así como del escrito de once de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el imputado Víctor Hugo Barra Escalante, en los cuales exponen, por cuanto a la fiscalía, los agravios que a su consideración le irroga el auto apelado; y por cuanto al imputado da respuesta a dichos agravios y expone sus consideraciones por las cuales se debe confirmar el auto de no vinculación a proceso que le fuera decretado por la Jueza de Control en este distrito judicial." "Para mejor comprensión de las razones que sustentan esta sentencia, a continuación se sintetiza el planteamiento formulado por la parte recurrente y la contestación de su contraparte en este caso el imputado, lo cual se obtiene del análisis integral de los escritos de expresión de agravios y de contestación a los mismos así como atendiendo a la causa de pedir. De ese modo se advierte de dichos libelos esencialmente lo siguiente: De parte de la Fiscalía, alega: El Juez A quo al momento de resolver vulnera los derechos humanos del menor agraviado, así como la legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 1º, 16, 19, 20 apartado A fracciones I, II, III, V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por los artículos 2 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Lo anterior, al afirmar que los datos de prueba ofertados en la audiencia inicial, -los cuales reseña y transcribe en su literalidad-, resultan ser idóneos, suficientes y pertinentes, para acreditar que el imputado VÍCTOR HUGO BARRA ESCALANTE cometió el hecho considerado como delito de PEDERASTIA, previsto por el numeral 182 párrafo segundo en relación al 183, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio del menor de identidad resguardada número 1321-A2015 representado por la C. LILIANA BARRA ESCALANTE. Haciendo énfasis de los elementos constitutivos del referido tipo penal. Asimismo alega que contrario a lo manifestado por el resolutor, está acreditada la forma de intervención que atribuye a VÍCTOR HUGO BARRA ESCALANTE en calidad de autor material en términos de lo dispuesto por el artículo 37 del Código Penal vigente en el Estado y a título de dolo en términos del numeral 21, párrafo segundo, del mencionado código punitivo, agregando que el A Quo hizo una ponderación excesiva del principio de presunción de inocencia a favor de VÍCTOR HUGO BARRA ESCALANTE. De parte del asesor jurídico de la víctima, alega: El licenciado Gerson Uzziel Villegas Contreras, en su carácter de asesor jurídico de LILIANA TORRES DÁVILA, madre del menor pasivo de identidad resguardada, mediante escrito de fecha once de diciembre del dos mil diecisiete, en similares términos a los expresados por la fiscalía, señala que el auto recurrido vulnera los derechos humanos del menor agraviado, así como la legalidad y seguridad jurídica contenidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 2 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el juez a quo, no le dio el valor preponderante a los datos que integran la carpeta de investigación 1975/2015, ya que fueron datos idóneos suficientes y pertinentes, de los cuales se acredita que Víctor Hugo Barra Escalante ha infrinjido el tipo penal de PEDERASTIA AGRAVADA, previsto en el numeral 182, párrafo II, en relación al 183, fracción II, del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz, del cual sus elementos constitutivos se encuentran debidamente acreditados, en la carpeta de investigación. Solicitando tanto la fiscalía como el asesor jurídico la REVOCACIÓN del auto de no vinculación dictado. Por cuanto al imputado Víctor Hugo Barra Escalante, al dar respuesta a los planteamientos antes citados, expone: La fiscalía, no fue capaz de acreditar todos y cada uno de los elementos del tipo penal por el que le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso. Lo anterior al estimar que los datos de prueba expuestos no fueron suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar este rubro, pues como bien lo estimó la Jueza del asunto, los elementos de convicción, analizados de forma particular y en conjunto resultaron ser inverosímiles e incongruentes, como fue el caso de las declaraciones de LILIANA TORRES DÁVILA, madre del menor pasivo de identidad resguardada con el número 1321-A-2015 quien dio tres versiones completamente distintas de cómo supuestamente acontecieron los hechos. Asimismo, en cuanto a la denuncia del menor de edad de identidad resguardada antes citado, también quedaron de manifiesto las incongruencias e inverosimilitudes, pues al igual que su progenitora, el supuesto agraviado, en su entrevista de fecha veintidós de noviembre del dos mil quince estableció que los hechos por los cuales se solicitó vinculación a procesos, nunca antes habían pasado. No obstante, en la entrevista con la psicóloga adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de fecha veintidós de noviembre de dos mil quince, el menor de edad de identidad resguardada expresó que hechos similares habían acontecido en dos ocasiones anteriores y que de los mismos, su progenitora había tenido conocimiento. Que una de las ocasiones en las que había ocurrido un hecho similar, fue en su recamara. Sin embargo, de los registros de audio y video correspondientes, en la audiencia quedó de manifiesto la existencia de la investigación realizada por los elementos de la Policía Ministerial Griselda Cadena García y Jesús E. Andrade Castelán, en el oficio PMA/SUB-ESP/875/2017, quienes se constituyeron al domicilio del imputado y al entrevistar a LILIANA DÁVILA TORRES ésta les manifestó que el menor no vive con ellos y que no tiene recamara en el domicilio, de donde se advierte que la denuncia del menor que se dice agraviado, también resulta notoriamente inverosímil e incongruente, pues también el menor expuso circunstancias diversas respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, solicita se CONFIRME el auto de no vinculación a proceso que le fuera dictado. Para estar en aptitud de dar respuesta a dichos planteamientos se hace necesario hacer una relación y análisis de las constancias que integran el Toca Penal que se resuelve, a la luz de lo ordenado en lo lineamientos establecidos en el fallo amparador que se cumplimenta, en lo atinente a que se deberán analizar los puntos que fueron expuesto por el quejoso al contestar los agravios formulados por la representación social apelante. Por lo cual, debe precisar que aún y cuando no se transcribe de manera íntegra el contenido de dichas constancias, incluido el auto apelado, este órgano colegiado se impuso de los registros, sin que tampoco sea indispensable su transcripción íntegra para efecto de entrar al estudio de los planteamientos de las partes, específicamente lo expresado por el imputado en respuesta a los agravios de la recurrente, procediendo este plenario sólo al análisis de los razonamientos vertidos en el auto y a valorar los datos de prueba que militan en el sumario, y sólo en algunos casos a su transcripción cuando ello resulte indispensable para el análisis del caso." "Ahora bien, impuestos los Magistrados integrantes de este Sala Penal de todas y cada una de las constancias procesales que engrosan el presente Toca, así como de los agravios expuestos por la Fiscalía y de la contestación que sobre los mismos realiza la defensa del imputado, y de los datos de prueba aportados, mismos que se advierte del contenido de los discos de audio y video; una vez efectuado su análisis y valoración de manera conjunta, quienes este asunto resolvemos concluimos que los agravios expresados por la Representante Social devienen fundados, inclinándonos por la REVOCACIÓN DEL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO; toda vez que en efecto, existen en autos datos de prueba suficientes y fehacientes, para tener por acreditado el hecho señalado por le Ley como el delito de PEDERASTIA AGRAVADA, que se ha dicho cometió en agravio de UN MENOR cuya identidad se resguarda identificado con el número 1321-A-2015, representado por su progenitora la Ciudadana Liliana Dávila Torres, como lo requieren los artículos 20 de nuestra Carta Magna, en relación con los diversos 182 párrafo segundo en relación con el 183 en su facción II, ambos del Código Sustantivo penal vigente en el Estado de Veracruz en el momento de los hechos, de cuyos elementos que lo integran se desprenden: a) Que un sujeto activo, sin llegar a la cópula o a la introducción anal, abuse sexualmente de un menor; b) Agraviando su integridad física o moral; c) Aprovechándose de la indefensión o de su estatus de autoridad respecto de la Víctima, y; d) Que el sujeto activo tenga relación de parentesco de cualquier tipo o grado con la víctima o esta se encuentra bajo su guarda y custodia." Así, al analizar todos y cada uno de los elementos precisados en los incisos que anteceden y los datos de prueba a los que les otorgó valor de convicción en términos de los artículos 259, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que tal y como lo refirió la Fiscalía en su escrito de agravios, se encuentran debidamente acreditados las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que la ley señala como delito de pederastia agravada y la probabilidad de que el imputado lo cometió, al existir en su contra señalamiento firme, directo y categórico que no fue desvirtuado, siendo de explorado derecho en este tipo de delito, de naturaleza sexual, comúnmente se consuma en ausencia de testigos propiciando las condiciones para no ser vistos, y dado que los hechos acaecieron en el interior del inmueble en el que se encontraban cohabitando en el momento de los hechos el imputado y el menor ofendido, por lo que determinó vincular a proceso al imputado aquí quejoso. En razón de ello, es que la responsable adujo que los argumentos esgrimidos por el imputado Víctor Hugo Barra Escalante, al dar respuesta a los agravios de la fiscalía, mediante su escrito de once de diciembre de dos mil diecisiete, devienen improcedentes e infundados, aduciendo: "No es cierto como lo aduce el imputado de que la fiscalía, no haya sido capaz de acreditar todos y cada uno de los elementos del tipo penal de pederastia a examen, por el que le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso, pues como se analizó, en los párrafos que preceden, dicho delito quedó acreditado con los datos de prueba que fueran aportados por la fiscalía, los que fueron suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar este rubro, pues contrario a lo apreciado por el imputado, los elementos de convicción, analizados de forma particular y en conjunto resultaron ser verosímiles y congruentes, como fue el caso de las declaraciones de LILIANA TORRES DAVILA, madre del menor pasivo de identidad resguardada con el número 1321-A-2015 quien de los audios y video éste órgano colegiado advirtió que no es cierto que haya dado tres versiones completamente distintas de como supuestamente acontecieron los hechos, ya que por el contrario siempre fue firme en afirmar que el imputado el día veintidós de noviembre del dos mil quince, alrededor de las tres de la tarde con cincuenta minutos, se encontraban en su casa viendo una película en la sala, que al ponerse a llorar su menor hijo de iniciales L.K.B.D., se lo llevó a la habitación porque tenía sueño, que al dirigirse a la sala se asomó y se dio cuenta de que Víctor tenía al menor de identidad resguardada de siete años de edad, en una silla del comedor inclinado frotándole su pene en sus pompis por encima de la ropa, por lo que al verla en forma inmediata lo soltó, pero se percató que Víctor tenía su pene de fuera y erecto. Ahora, por cuanto a lo declarado por el menor edad de identidad resguardada, tampoco es cierto que se hayan advertido inconsistencias en su deposado, pues incluso cuando declara ilustra cómo fueron los hechos con ademanes y reconstruyendo los mismos, de lo cual se certificó, en los términos siguientes: (certificándose que el menor se levanta de su silla, la voltea, poniendo sus manos sobre la silla quedando parado y doblado de la espalda hacía la silla diciendo "así") para después ponerse detrás de él y comenzó a frotarle su miembro viril en los glúteos, pues al respecto dijo "..Después él se puso detrás de mí y puso sus partes bajas no las piernas ni los pies, las partes bajas son el pene y sus testículos, entonces puso su pene atrás de mí en mis pompas..." sin bajarle el pantalón, pero le tallaba sus partes en sus pompas sin decirle nada, solo ponía su pene, que luego su mamó vio cuando Víctor le estaba haciendo cosas y él le dijo que siguiera recogiendo las cosas, pero su mamá lo llevó al estudio y le preguntó que le hacía Víctor por lo que le contó. Señalamiento del menor pasivo del que se desprende la claridad con la que narra los hechos acaecido en su agravio... De tal modo que contrario a lo apreciado por la defensa tampoco existen las incongruencias e inverisimilitudes que dice observar en dicho atestado, pues al igual que su progenitora en su entrevista de fecha veintidós de noviembre del dos mil quince estableció que el imputado tenía al menor de identidad resguardada de siete años de edad, en una silla del comedor inclinado frotándole su pene en sus pompis por encima de la ropa, por lo que al verla en forma inmediata lo soltó pero se percató que Víctor tenía su pene de fuera y erecto. Y el hecho que refiere en su defensa el imputado de que el menor vario su declaración en cuanto a que ante la fiscalía dijo que los hechos que narra nunca antes habían pasado y en la entrevista con la psicóloga expresara que hechos similares habían acontecido en dos ocasiones anteriores, se refieren a circunstancias accidentales que no destruyen el núcleo del tipo, pues lo que realmente es relevante que dicho imputado le frotó su pene sobre su cuerpo, de lo cual no existe variación y en lo que coinciden tanto el menor como su progenitora, de suerte tal que las circunstancias que dice advertir el imputado y que señala revelan contradicciones no logran destruir la conducta que se le imputa. Lo mismo sucede en cuanto alega que al momento de ser entrevistada la denunciante madre del menor, por elementos de la policía ministerial, esta dijera que dicho menor no vive ahí y que por tal motivo el menor está alterando la verdad al señalar que un hecho similar, fue en su recámara, de lo que colige el imputado que dicho menor por no vivir con ellos no cuenta con recamara, tal aserto resulta infundado, porque de los registros también quedó demostrado que dicho menor pasivo pasa los fines de semana, sábados y domingos en casa del activo quien vive en pareja con su madre del menor, por tanto es inconcuso que tenga que ocupar una recámara para dormir, por tanto dicho argumento deviene improcedente en cuanto a que por señalar la madre del menor que este no vive con ellos y que no tiene recamara en su domicilio la declaración del menor deba ser considerada inverosímil e incongruente, pues también el menor fue firme y claro cuando expuso que el imputado en una silla del comedor inclinado le frotó su pene; y lo que alega el imputado en este sentido también constituyen circunstancias accidentales que rodean el hecho, el cual resulta invariable. Tampoco le asiste la razón cuando alega que por el solo hecho de que la madre del menor siga viviendo con el imputado se encuentre desvirtuado el hecho que se le imputa, y que ésta manifieste que sigue viviendo con él por temor, alegando que a preguntas de su defensa en audiencia ésta dijo que no había denunciado las amenazas; pues dicha circunstancia tampoco logra desvanecer los datos en los que se ubica en el centro de la imputación al recurrente, pues el hecho de que vivan juntos no destruye el hecho anterior por el que fue denunciado. Lo anterior por más que haya aportado los testigos de descargo quienes relacionan a la pareja del imputado con la madre del menor como personas con las que han convivido y asistidos a diversos eventos donde incluso señalan también se ha encontrado el menor agraviado junto con dicha pareja, pues dicha circunstancia resulta irrelevante porque sobre los hechos a que se contrae la imputación no les consta. Asimismo, resulta inatendible lo alegado en cuanto refiere que no es posible el hecho delictuoso que se le imputa porque él incluso se queda con el niño menor que procrearon con la denunciante, pues esta trabaja como profesora en Tlapacoyan, Veracruz todos los días de la semana, y sólo llega al lugar donde cohabitan los fines de semana; o sea sábados y domingos. Pues dicha afirmación aunque pueda ser cierta, resulta irrelevante para el hecho que nos ocupa, pues tal situación tampoco desvirtúa los hechos acontecidos el día que refieren tanto la denunciante como el menor de identidad protegida. Además en la etapa preliminar en que nos encontramos solo se exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso que se acredite un hecho ilícito sin mayores exigencias como sucedía con el denominado cuerpo del delito, en cuyo caso se hacían necesarios los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, sirviendo de soporte el siguiente criterio jurisprudencial: AUTO DE VINCULACION A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILICITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SOLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIO O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)". Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento. No obsta a la anterior determinación, las manifestaciones realizadas por el quejoso en su escrito presentado ante este juzgado el veintiuno de junio del dos mil diecinueve, en el que solicitó que se declare que la ejecutoria de amparo no está cumplida por exceso y defecto en la misma, toda vez que en su consideración la responsable no fue exhaustiva ni congruente, ya que no analizó los datos de prueba que obran en la causa, en términos de lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además agregó que la responsable no había justificado adecuadamente el valor otorgado a los datos de prueba, y que no explicó ni justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos de prueba. No asiste la razón al inconforme. Ello, tomando en consideración que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que en la resolución que emitió el siete de junio del dos mil diecinueve, en el Toca 221/2018-A, se ciñó a cumplir los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que analizó todos y cada uno de los elementos del delito pederastia agravada, los datos de prueba y que valor les otorgó en términos de los artículos 259, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, razones por las cuales revocó el auto de no vinculación; así también, externó los motivos y circunstancias por las que consideró infundados los argumentos esgrimidos por el imputado Víctor Hugo Barra Escalante, al dar respuesta a los agravios de la fiscalía. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, asistido de Marcial Soto Montaño, secretario de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Téngase por recibido el escrito firmado por Víctor Hugo Barra Escalante, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia amparadora dictada en el presente asunto; al respecto, agréguese dicho ocurso para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
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