Víctor Hugo Aquino Morales

Expediente 323/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
323/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2019

Partes del expediente

  • Víctor Hugo Aquino Morales

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 323/2019 MESA 3-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 36 a 42), por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco *** en favor de ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. ..., se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor del quejoso *** en auto de ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10). 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, ..., el auto inicial y las demás resoluciones estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 4.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese...

  2. Principal

    pral.323/2019-3B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por ***, en su carácter de promovente de la demanda de amparo a favor de ***, por el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 27 a 29) informa que este último (Víctor Hugo Aquino Morales) fue puesto en libertad el nueve de abril del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, y como en el proveído antes mencionado (fojas 27 a 29), se tuvo a ***ratificando la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo. Para ello, debe precisarse que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama toralmente la detención ilegal de su libertad o el arresto administrativo, así como la negativa de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público con motivo de dicha detención. 2. Desechamiento. Ahora, cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de las autoridades, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del solicitante del amparo, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados la detención o el arresto administrativo, así como la negativa de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público con motivo de dicha detención (foja 3), mientras que de las constancias que integran este expediente, específicamente en los oficios remitidos por el juez Calificador del Primer y Segundo Turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca (fojas 20 y 22), así como del escrito de cuenta (foja 35), se advierte que el quejoso Víctor Hugo Aquino Morales fue puesto en libertad a las cuatro horas con treinta y cinco minutos del nueve de abril actual; asimismo, las autoridades antes precisadas anexaron copia simple de la boleta de libertad a favor de dicho quejoso (fojas 21 y 23). De ahí que, al haber quedado en libertad Víctor Hugo Aquino Morales el nueve de abril de dos mil diecinueve, es inconcuso que se cumplió el fin por el cual fue presentada la demanda de amparo (esto es, obtener la libertad del quejoso), lo que hace evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, en el sentido que desapareció la privación ilegal de la libertad reclamada por la parte quejosa, consistente en la detención o el arresto administrativo, así como la negativa de ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público con motivo de dicha detención. En ese sentido, como los actos reclamados no seguirán trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos, es inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Francisco José Aquino Morales, a favor de Víctor Hugo Aquino Morales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 3. Acceso a la justicia. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". 4. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. 5. Inexistencia de las autoridades responsables. Por otra parte, como en auto de diez de abril de este año (fojas 27 a 29) se reservó proveer respecto a la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita a este Juzgado para entregar los oficios 11507/2019 y 11508/2019, dirigidos al 1) juez Calificador del Tercer Turno adscrito a Vialidad Municipal dependiente de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 2) encargado de los separos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; esto hasta en tanto se informara a este Juzgado si el quejoso Víctor Hugo Aquino Morales ya estaba puesto en libertad, lo cual ya aconteció; por tanto, se provee: Atendiendo que la Ley de Amparo no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, se tiene por inexistentes en este expediente a las autoridades que la parte quejosa señaló como 1) juez Calificador del Tercer Turno adscrito a Vialidad Municipal dependiente de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 2) encargado de los separos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que cesa toda comunicación con las mismas. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Octava Época, agosto de 1993, página 464, registro 215501, con el rubro siguiente: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 323/2019 MESA 3-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecinueve. 1. Se agregan oficios. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios firmados por los jueces Calificadores del 1) Primer y 2) Segundo Turno de la Subdirección de Tránsito y Movilidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y por el 3) subdirector de Tránsito y Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por los que informan acerca del cumplimiento dado a la suspensión de oficio concedida de plano a la parte quejosa y precisan la primera y segunda de las mencionadas, que el quejoso *** fue puesto en libertad a las cuatro horas con treinta y cinco minutos del nueve de abril actual; para corroborar su dicho, anexan copia simple de la boleta de libertad a favor de este último (fojas 21 y 23); en tanto que la tercera de las responsables comunica que ese quejoso estuvo a disposición del juez Calificador adscrito a la Alcaldía Municipal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 1.1. Delegados y domicilio. Asimismo, se le tiene a la tercera de las responsables designando como delegados de su parte a las personas que menciona, ..., y como domicilio para recibir notificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de dicha ley, el que indica en su oficio de cuenta. 2. Diligencia de ratificación. Por otro lado, vista la diligencia de notificación de nueve de abril del año en curso, realizada a ***, por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado (foja 19), se advierte que dicho quejoso ratificó el escrito de demanda promovida a su favor por ***, contra actos del subdirector de Tránsito y Movilidad adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de otras autoridades, como se le requirió en el auto de ocho de abril actual (fojas 8 a 10); por tanto, se provee: 2.1. Ratificación. Se tiene al quejoso *** ratificando la demanda de amparo promovida a su favor por ***. Ahora, las autoridades responsables antes señaladas manifestaron que el quejoso *** fue puesto en libertad a las cuatro horas con treinta y cinco minutos del nueve de abril actual; sin embargo, anexaron copia simple de la boleta de libertad a favor de ese quejoso (fojas 21 y 23). Por tanto, a fin de acordar lo procedente y por seguridad jurídica, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se requiere al promovente ***, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional si el quejoso *** ya fue puesto en libertad. 2.2. Apercibimiento. Se le apercibe que, de no cumplir con lo anterior, se entenderá que el quejoso fue puesto en libertad en la hora y fecha que precisaron las autoridades responsables; y se procederá a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo. 2.3. Multa. Asimismo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. 3. Razón actuarial. Por otra parte, agréguense las dos razones de nueve de abril de dos mil diecinueve, asentadas por la actuaria adscrita a este Juzgado (fojas 25 y 26), de las que se advierte que no le fue posible entregar los oficios *** y ***, dirigidos al 1) juez Calificador del Tercer Turno adscrito a Vialidad Municipal dependiente de la Alcaldía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 2) encargado de los separos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lo anterior, toda vez que las personas encargadas de la recepción de los oficios de dichas dependencias se negaron a recibirlos, en razón de que dichas autoridades no existen. Sin embargo, se reserva proveer lo conducente hasta que se informe a este Juzgado si el quejoso ya fue puesto en libertad. 4. Domicilio. En atención a la ratificación efectuada por el directo quejoso, y toda vez que en auto de ocho de abril de este año (fojas 8 a 10) se reservó proveer lo conducente respecto a la designación de domicilio y autorización de persona para tal efecto, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Flor Helena Pérez Montaño, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su escrito de demanda. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    PRAL.323/2019-3*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil diecinueve. ...Notifíquese personalmente. ...

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