Victor Hugo Andre Ledesma
Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Victor Hugo Andre Ledesma
Actuaciones
- Principal
III-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Victor Hugo Andre Ledesma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificaron de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.
- Principal
III-Vista la razón actuarial de cuenta levantada por el fedatario judicial adscrito en la que manifestó que no le fue posible notificar a la parte quejosa Víctor Hugo Andre Ledesma, el acuerdo de veinticinco de marzo de este año, en virtud de que el domicilio que señaló en su escrito de demanda no existe. En consecuencia, pasen nuevamente los presentes autos al funcionario judicial adscrito, a fin de que realice al nombrado quejoso la notificación del acuerdo de referencia, la presente determinación, así como las subsecuentes que surjan en este expediente, aun las de carácter de personal, mediante la lista que se publica en los estrados de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Acuerdo de veinticinco de marzo delo año en curso, que en lo conducente dice "Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Victor Hugo Andre Ledesma, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; en tal virtud, se ordena formar expediente, y registrarlo en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 207/2022-III-B. Ahora, se estima que en la especie, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual, lo procedente es desechar la demanda de amparo, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. Para ello, resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. De la lectura integral del citado libelo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: -La omisión de realizar el pago del salario del quejoso que devenga en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, sin ninguna notificación o documento que lo justifique. Por lo que este juzgado considera que respecto al primer acto relacionado, reclamado a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, febrero de 1997, página 118, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Cobra apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s): Común, con registro electrónico 161133, que reza: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Así, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias las anteriores que no concurren en el presente caso. Para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del caso concreto, en el que el juez constitucional debe analizar: a) El origen material y la finalidad del acto respectivo. b) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos, es decir, la actualización de la relación de supra a subordinación. c) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica. Por lo tanto, de las constancias que obran en autos, se destaca que respecto a los actos reclamados, que consisten medularmente en la omisión de realizar el pago del salario del quejoso que devenga en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, sin ninguna notificación o documento que lo justifique; se trata de un conflicto individual que se suscita entre un trabajador y una dependencia, es decir, deriva de una relación obrero-patronal entre el Estado (Poder Judicial del Estado de Quintana Roo) y el empleado (quejoso), vinculada por ordenamientos de derecho laboral específicos, lo que significa que cualquier decisión que adopte el ente patronal con motivo del desempeño de las labores, no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado precisamente de esa relación laboral, ya que el Estado en su calidad de patrón únicamente participa como tal, por lo que cuando un trabajador promueve juicio de amparo contra alguna determinación u acto derivado de un contrato o relación laboral, éste resulta improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II; todos de la Ley de Amparo, no sólo porque dicho acto es en sí un conflicto individual que se suscita entre una dependencia y un trabajador de la misma, lo cual no es un acto de autoridad, sino también porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa como lo es el juicio laboral. En efecto, de los antecedentes que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, se desprende que la trabajadora debió de promover un juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que en su parte conducente dice: ".ARTÍCULO 131.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre una dependencia y sus trabajadores.". Bajo esa tesitura, resulta evidente que lo anterior, no constituye un acto de autoridad revestido del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de la norma que se consideró aplicada, sino que deriva de una relación obreropatronal entre el Estado y el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Tesis III.4o.T. J/3 (10a.), publicada en la página 1639, Tomo II, Marzo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 2011298, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Por tanto, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por ende, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, del invocado ordenamiento legal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto y rubro siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados únicamente para los fines que expresamente señaló, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Diego Armando Guzmán Dominguez, Jimmy Guzmán Dominguez y Alondra Herrera Pérez. Asimismo, señala correo electrónico para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por tanto, hágase del conocimiento Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio y del incidente de suspensión. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
III-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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