Victor Hugo Alcaraz Garcia
Expediente 1281/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Victor Hugo Alcaraz Garcia
Actuaciones
- Principal
V) Toluca, Estado de México a diez de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, hace del conocimiento que por auto de treinta de agosto del presente año, determinó no insistir en declinar la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Alcaraz García, asimismo que dicho expediente quedó radicado con el número de juicio de amparo indirecto 971/2018, de su índice; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y en esta fecha se tuvo conocimiento que diverso órgano aceptó la competencia declinada (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
v)Toluca, Estado de México a veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por medio del cual remite el juicio de amparo indirecto 971/2018 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Alcaraz García, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; toda vez que por resolución de veinte de los cursantes, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto. Por tanto, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1281/2018-V. Ahora, del estudio integral de las constancias que remite la autoridad declinante se pone de manifiesto que a este juzgado de distrito no le corresponde el conocimiento de la demanda remitida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Dicho precepto contiene reglas de competencia basadas propiamente en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución; y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, lo será aquél en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo haya dictado. Así, del numeral transcrito se advierten tres hipótesis para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. ... De lo que se sigue que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda. En el caso, esencialmente la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación y/o, detención, así como su ejecución. Ahora, la autoridad oficiante sostiene que carece de competencia para conocer del presente asunto por lo siguiente: ".resulta evidente que el órgano competente para conocer de la presente demanda de garantías, lo es el Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con sede en Toluca, en turno, por ser el que ejerce jurisdicción dentro de la plaza territorial en la que residen las autoridades responsables señaladas por el quejoso. (.)". No obstante, este Juzgador no puede pasar por alto que, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda que en su domicilio (Avenida Real del Lago número 19, Fraccionamiento Vista Real, El Pueblito, Corregidora, Querétaro) se presentaron agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada en Robo con Violencia y Cuantía Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes le informaron que traían una orden para detenerlo, situación que sirve para sostener que la competencia se surte en favor del juzgado declinante, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". No es óbice lo anterior, que el homologo declinante haya sustentado su actuar en la jurisprudencia con número 1a./J. 52/2013 (10a.), publicada en la página 383, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Lo anterior es así, pues del contenido de la contradicción de tesis 571/2012, de la cual derivó la jurisprudencia en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en lo medular que: ".67. QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente ejecutoria, de conformidad con los siguientes razonamientos: 68. Es de suma relevancia previamente enfatizar, que los Tribunales Colegiados de Circuito decidieron los respectivos conflictos competenciales, dentro de la etapa inicial del procedimiento de amparo, esto es, con motivo de la presentación de la demanda, en donde ciertos Jueces Federales de amparo prácticamente después de su lectura, consideraron ser incompetentes para seguir en el conocimiento del juicio, aspecto que conviene no perder de vista para entender por qué se dirime la problemática del siguiente modo. 69. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. 70. La literalidad del precepto da noticia del propósito del Poder Reformador de la Constitución, de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. 71. Espíritu que reproduce el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, al establecer: 72. "Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." 73. Regla que tiene una extensión y una excepción en los párrafos segundo y tercero del mencionado artículo, a saber: 74. "Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." 75. "Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada cuando esta no requiera ejecución material." 76. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. 77. Así es, si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia a la ejecución del acto. 78. Es lógico, desde la perspectiva de que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. 79. Ahora, en cuanto al tópico de contradicción ¿Es forzoso que en la demanda de amparo deban señalarse autoridades responsables que residan en el lugar donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presenta, para estimarlo competente? ¿Basta que, de los antecedentes de la demanda, se advierta que en el domicilio del quejoso -ubicado dentro de la circunscripción territorial del citado Juez- se trata de ejecutar el acto reclamado? 80. Para dar respuesta a los anteriores cuestionamientos es necesario acotar, que el pronunciamiento se circunscribe a órdenes de detención o aprehensión, pues fueron esos los actos reclamados que dieron origen a la presente contradicción; además se debe recordar, que la determinación que aquí se toma, únicamente es en cuanto a la fase inicial del procedimiento de amparo (presentación de la demanda y auto inicial admisorio). 81. Bien, una orden de detención o una orden de aprehensión, son actos que requieren de ejecución material. 82. Como el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, establece que es Juez competente para conocer del juicio, aquel que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la orden de detención o la orden de aprehensión en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad -requisito formal de la demanda-, que a su domicilio se han presentado autoridades judiciales con la finalidad de detenerlo o aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador ipso facto desconocer su competencia, aun y cuando el quejoso en su demanda no haya hecho señalamiento de autoridades ejecutoras con residencia en ese sitio, ya que lógicamente, la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. 83. Se sostiene de ese modo, por dos razones fundamentales. 84. La protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, ya que en esa fase del procedimiento -auto de admisión-, no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables. 85. Se invoca la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, que a la letra dice lo siguiente:(20) 86. "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 'PROTESTO LO NECESARIO' Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste 'bajo protesta de decir verdad' los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase 'Protesto lo necesario', que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." 87. Por otra parte, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo tiene que ser interpretada en una forma integral, atendiendo a la pretensión en su aspecto material y no únicamente formal. 88. Bajo ese tenor, si el quejoso, bajo protesta de decir verdad asegura que se han presentado autoridades judiciales a su domicilio con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, el Juez no puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia desde el auto inicial, sólo por no haber hecho señalamiento de autoridades responsables ejecutoras en la jurisdicción territorial que le corresponde. 89. La ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, si no es enmendada por el Juez de amparo, podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 90. Así que el Juez debe prevenirlo con el apercibimiento relativo en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo abrogada, para que aclare si es su deseo señalar a alguna autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde ejerce jurisdicción, de las que de manera vedada menciona en su demanda, al referir que ciertas autoridades han acudido a su domicilio para detenerlo. 91. Lo anterior al tenor del criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, que a la letra dice lo siguiente:(21) 92. "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." 93. De conformidad con lo hasta aquí vertido, es factible dar respuesta al cuestionamiento de la presente contradicción en el sentido de que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de una orden de detención o aprehensión, no es forzoso que en la demanda se hubieran señalado autoridades responsables que tengan su residencia en el lugar donde aquél ejerce jurisdicción, si bajo protesta de decir verdad, el quejoso asegura que en su domicilio -que debe corresponder al de la circunscripción territorial del referido juzgador de amparo- se trata de ejecutar el acto reclamado. 94. En la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador, si el impetrante, desahogada la prevención, no hace señalamiento de autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del citado órgano de amparo. 95. Conviene mencionar, que no se pierde de vista que el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 1/95, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, en sesión correspondiente al diez de octubre de dos mil, emitió las jurisprudencias intituladas:(22) "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE."(23) y "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE."(24) 96. A pesar de ello, las referidas jurisprudencias no permiten considerar dilucidada la presente contradicción de criterios, toda vez que si bien pudiera pensarse, que con motivo de lo plasmado en la ejecutoria que les dio origen, se resolvió el tema de la competencia de los Jueces de Distrito cuando se reclama una orden de aprehensión, en el sentido de que debe atenderse al lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en todo caso, la autoridad ejecutora por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito es la que hace competente al referido juzgador, circunstancia que debe acreditar el promovente de la demanda. 97. Sin embargo, ahí el tema se delimitó de otra manera, a saber: 98. "... la contradicción de criterios en análisis se da en dos vertientes o aspectos: 99. "* Cuál debe ser la determinación del Juez de Distrito cuando las autoridades señaladas como ejecutoras niegan el acto reclamado sin que exista prueba que desvirtúe tal negativa. 100. "* Cuál debe ser la determinación del Tribunal Colegiado cuando en el supuesto del párrafo que antecede, el Juez de Distrito sigue conociendo del juicio hasta fallar el asunto. ..." 101. La ejecutoria informa en lo conducente lo siguiente, si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras que hacían competente al Juez de Distrito, niegan el acto a ellas atribuido, sin que el quejoso desvirtúe dicha negativa al celebrarse la audiencia constitucional en su totalidad, y tampoco en autos queda demostrada su existencia; entonces el Tribunal Colegiado debe dejar insubsistente la determinación recurrida -en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el Juez de amparo- al advertir de oficio o a petición de parte la incompetencia sobrevenida del Juez, ya que las autoridades señaladas como ejecutoras negaron la existencia del acto reclamado y el peticionario de amparo no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. 102. Lo anterior, a efecto de ordenar la remisión de los autos al Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, para que sea éste quien dicte la sentencia relativa, toda vez que lo actuado por el Juez de Distrito incompetente es válido hasta la audiencia constitucional, porque hasta ese momento todavía se pueden desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan el acto reclamado, en la inteligencia de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de revisión, debe señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente, no así por lo que hace a la audiencia constitucional. 103. Es decir, en ese asunto el Tribunal Pleno se pronuncia en ese sentido, porque en la demanda se señalaron autoridades responsables ejecutoras dentro de la circunscripción territorial de la jurisdicción del órgano de amparo, y adopta la postura que antecede, para la fase del procedimiento en la que se completó el desahogo de la audiencia constitucional, donde el quejoso tuvo la oportunidad de desvirtuar los informes justificados de las autoridades responsables ejecutoras que negaron el acto. 104. Empero, la presente problemática es distinta, porque en la demanda no se señalan como autoridades responsables ejecutoras a ninguna dentro de la circunscripción territorial de la jurisdicción del órgano de amparo, además como ya se dijo, la presente contradicción de criterios surge de asuntos donde los Jueces de Distrito que se declaran incompetentes para conocer de la demanda, lo hacen desde el auto inicial, los cuales por cierto, sólo se limitaron a proveer sobre la suspensión provisional en los casos en los que ésta fue solicitada. 105. Por consiguiente, las reflexiones que imperan en este asunto son otras. 106. Cabe precisar, que lo anterior no se traduce en que esta Primera Sala esté modificando su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del Juez de Distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Lo que se quiere significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se hace un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables; competencia que posteriormente puede cambiar. 107. De ahí que la conclusión a la que se llega tampoco prejuzga sobre la competencia del Juez en caso de que el quejoso, a pesar de haber desahogado la prevención de señalar autoridades ejecutoras dentro de la circunscripción territorial de la jurisdicción del órgano de amparo, al celebrarse la totalidad de la audiencia constitucional, se encuentre en el caso de que las citadas autoridades responsables nieguen el acto y aquél no desvirtúe dicha negativa, en términos de las jurisprudencias del Pleno ya mencionadas. 108. De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 216, segundo párrafo, 217 y 225 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es del tenor siguiente: 109. COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.." Por lo cual en el caso se surte el supuesto inmerso en dicha ejecutoria, dado que contrario a lo expuesto por el homólogo, es a él a quien, hasta el momento, le resulta la competencia. En efecto, el quejoso bajo protesta de decir verdad asegura que se han presentado autoridades judiciales a su domicilio con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, por lo que el Juez de Distrito no puede soslayar dicha afirmación para sin más establecer su incompetencia, pues si bien, no señaló a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado dentro de la residencia en la que ejerce jurisdicción la autoridad oficiante, no obstante a la prevención hecha, es importante destacar que para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de una orden de detención o aprehensión, no es forzoso que en la demanda se hubieran señalado autoridades responsables que tengan su residencia en el lugar donde aquél ejerce jurisdicción, si bajo protesta de decir verdad, el quejoso asegura que en su domicilio -que debe corresponder al de la circunscripción territorial del referido juzgador de amparo- se trata de ejecutar el acto reclamado, como en el caso aconteció. Lo antes sustentado y que se ve robustecido con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador, una vez hecho el pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Razones por las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la ley de la materia, no se acepta la competencia planteada para conocer del juicio de amparo en cuestión. Devuélvase el expediente y constancias de cuenta al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos del párrafo segundo in fine del artículo 12 y el diverso 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a las personas que designan, es decir para oír y recibir notificaciones, puesto que no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. De conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese al quejosa las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano federal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Victor Hernandez Sanchez1384/2016
- Víctor Hernández Santiago246/2017
- Victor Hernandez Sauceda y Otros.1155/2018
- Victor Hernandez Sauceda581/2016
- Victor Hernandez Sauceda780/2019
- Víctor Hernandez Sauceda1362/2021
- Victor Hugo Anduaga Campos1248/2013
- Victor Hugo Anduaga Campos1467/2013
- Victor Hugo Anduaga Campos1497/2013
- Victor Hugo Anduaga Campos1498/2013
- Victor Hugo Anduaga Campos1564/2014
- Victor Hugo Anduaga Campos35/2014