Victor Hernandez Sauceda

Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
389/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Victor Hernandez Sauceda

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. TESTIMONIO TRIBUNAL COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de dos de septiembre del año en curso, emitida en el recurso de queja 105/2021, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Víctor Hernández Sauceda, contra el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad en el juicio de amparo indirecto 389/2021-VII de su estadística, en términos del Considerando Quinto de esta resolución." ANOTACIONES. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ARCHIVO. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    MESA VII. ADSCRIPCIÓN DE TITULAR. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/685/2021, de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que el Pleno de ese Órgano Colegiado, determinó el cambio de adscripción del Juez Enrique Vázquez Pérez, a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable la jurisprudencia 104/2010 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII RECURSO DE QUEJA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, la constancia de notificación realizada al quejoso *******, de la cual se advierte que manifestó lo siguiente: Atento a lo anterior, de la constancia de cuenta, se evidencia que el citado peticionario interpone recurso de queja contra el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original de la constancia de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    MESA VII RADICACIÓN Por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 389/2021-VII. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que los actos reclamados son: Las resoluciones emitidas en las controversias Judiciales 225/2018 y 47/2019 mediante las cuales el Juez responsable, determinó la cancelación del uso de la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, para la correspondencia con sus familiares. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Hecha tal precisión quien resuelve, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Ahora bien, en principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.).". De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. En el caso, la parte quejosa reclama las resoluciones emitidas en las controversias Judiciales 225/2018 y 47/2019 mediante las cuales el Juez responsable, determinó la cancelación del uso de la Oficialía de Partes del Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, para la correspondencia con sus familiares; actos que no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción a agotar el principio de definitividad; por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. En ese contexto y, tomando en consideración que La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135 regula un procedimiento de impugnación, mediante peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; la que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución, quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que 4emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al referido principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Hernández Sauceda, por propio derecho; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Por otro lado, conforme con lo previsto en los artículos 26, fracción l, inciso a), y 27 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación al quejoso en el lugar de su reclusión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

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