Víctor Hernández Sánchez
Expediente 989/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/10/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Víctor Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO LEGALMENTE INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA LEGAL, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de octubre de dos mil catorce. Visto el oficio TUA/UAJ/01652/2014, del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, registrado en la oficialía de partes bajo el número 5496/2014, mediante el cual remite escrito de presentación; original con copia de demanda de amparo promovida por Víctor Hernández Sánchez; un anexo consistente en acta de defunción; constancia de emplazamiento; un anexo certificado; y, expediente 680/2013-55; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Víctor Hernández Sánchez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado en el cuerpo de la demanda que nos ocupa, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco en el Estado de Hidalgo (.)".- "IV.- SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE HAYA PUESTO FIN AL JUICIO POR ESTIMARSE INCONSTITUCIONAL.- lo es la sentencia definitiva de fecha 20 de agosto del año 2014 dictada por la autoridad señalada como responsable en autos del juicio agrario expediente número 680/2013-55. (.)".- Luego, de los autos que integran el expediente 680/2013, mismos que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el hoy amparista Víctor Hernández Sánchez demandó de Maura Sánchez García, Tomás Hernández Sánchez y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo, la nulidad de diversos contratos. El veinte de agosto de dos mil catorce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con residencia en esta ciudad capital, en los autos del expediente agrario 680/2013-55 emitió la correspondiente resolución que hoy se combate, en la cual se determinó: "SEGUNDO.- Que atendiendo a las actuaciones que integran el expediente, a las pruebas aportadas, así como de las prestaciones y hechos que esgrimieron las partes, el problema esencial de la litis se constriñe en determinar si es procedente o no declarar la nulidad del contrato de compraventa celebrado el veintiuno de enero de dos mil once, entre MAURA SÁNCHEZ GARCÍA Y TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, respecto de la parcela 62 Z-1 P2/2 y el porcentaje correspondiente sobre las tierras de uso común, amparados con el certificado parcelario número 221992 y de derechos sobre las tierras de uso común número 85408, del ejido de MICHIMALOYA, Municipio de TULA DE ALLENDE, Estado de HIDALGO, en consecuencia, la nulidad de la calificación registral de dicho contrato emitida por el registro agrario nacional en el estado, así como del certificado parcelario número 282723 y de derechos sobre las tierras de uso común número 105276, expedidos a favor de TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ". Asimismo, se precisó: "(.).- En cuanto a las prestaciones consistentes en la nulidad y cancelación de la inscripción realizada por el Registro Agrario Nacional en el Estado, del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado el veintiuno de enero de dos mil once, entre MAURA SÁNCHEZ GARCÍA y TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, respecto de la parcela 62 Z-1 P2/2 y los derechos de tierras de uso común, amparados con el certificado parcelario números 22112 y de derechos sobre tierras de uso común número 85408, así como la nulidad y cancelación de los certificados parcelario y de uso común números 282723 y 105276, a favor de TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, estas son improcedentes porque son acciones accesorias, en razón de que su procedencia se deriva de que se declarara por esta autoridad la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado el veintiuno de enero de dos mil once, entre MAURA SÁNCHEZ GARCÍA y TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, que sería el sustento para declararlas procedentes, pero como esto no aconteció, motivo por el cual estas acciones accesorias no se encuentran sustentadas, de ahí que también son improcedentes.- (...).- En mérito de lo anterior, se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO: La parte actora VÍCTOR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, no acreditó la procedencia de sus pretensiones, en consecuencia se absuelve a los demandados REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO (sic), MAURA SÁNCHEZ GARCÍA y TOMÁS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, de las prestaciones que se les reclama, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO de esta sentencia". Inconforme con dicha resolución, Víctor Hernández Sánchez, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En ese tenor, de lo anteriormente relatado, se evidencia que el acto reclamado lo constituye la resolución de veinte de agosto de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco, con residencia en esta ciudad capital, en la que resolvió declarar improcedentes las prestaciones consistentes en la nulidad y cancelación de la inscripción realizada por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Hidalgo, del contrato de enajenación de derechos parcelarios precisados en el juicio agrario, procedimiento realizado por una autoridad administrativa, como lo es el Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa; en mérito de lo anterior, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio, pues en contra del fallo en comento, procede el recurso de revisión en términos del numeral 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9º, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por la cual puede ser modificada, revocada o confirmada; medio de impugnación que no fue interpuesto por el hoy quejoso Víctor Hernández Sánchez, como se advierte de los autos que conforman el expediente agrario 680/2013-55. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 170/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1138, del Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia administrativa, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. CASOS EN QUE PROCEDE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE UNA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS Y DE UN ACTO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL QUE ES CONSECUENCIA DE LO DECIDIDO POR AQUÉLLA.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que: 1) El recurso de revisión previsto en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios es un medio de defensa extraordinario, pues normalmente las sentencias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios son definitivas; 2) Si en la sentencia de primera instancia se resuelve sobre dos o más acciones procede el recurso de revisión cuando al menos una de ellas encuadre en alguno de los supuestos de las fracciones I, II o III del mencionado artículo 198; 3) Las asambleas ejidales no son autoridades agrarias; y, 4) El Registro Agrario Nacional sí lo es. Conforme a estas premisas, si en la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se resuelve, por un lado, sobre la nulidad de una asamblea general de ejidatarios y, por otro, sobre la nulidad de un acto del Registro Agrario Nacional que es consecuencia de lo decidido por la asamblea, es improcedente el recurso de revisión por lo que toca al acto de ésta. En cambio, con fundamento en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9o., fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede ese medio de defensa contra el acto del Registro siempre y cuando se impugne por vicios propios, es decir, cuando se refiera al incumplimiento, por parte del Registro, de las obligaciones que la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional imponen al propio órgano y a sus funcionarios. De esta forma, es improcedente el recurso si el acto del Registro se reclama sólo como una mera consecuencia de la determinación de la asamblea". De ahí que si el acto que hoy se reclama, no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tal efecto, los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, REMITIDO POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CINCUENTA Y CINCO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD CAPITAL; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TENGASE A LA AUTORIDAD OFICIANTE REMITIENDO ESCRITO SIGNADO POR ***, TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO EN QUE SE ACTUA. EN MERITO DE LO ANTERIOR, Y PREVIA COPIA CERTIFICADA QUE SE OBTENGA DEL OFICIO Y ANEXO DE CUENTA, EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, REMITANSE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO PARA QUE SE ACUERDE LO CONDUCENTE.
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