Victor Hernandez Sanchez
Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/05/2017
Partes del expediente
- Victor Hernandez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta por el cual el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México acusa recibo de las constancias que se le remitieron en proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.
- Principal
II. Por recibido el oficio enviado a través del módulo de intercomunicación entre los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual informa que el presente asunto se remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a efecto de que resuelva el recurso de revisión interpuesto. Acorde con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se le otorga valor probatorio pleno, pues reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el sistema de referencia, como un medio de transmisión de datos empleados en el referido medio electrónico, donde se puede transferir la información correspondiente. Además, puede verificarse el origen de la comunicación y su texto, tal como se advierte de la certificación secretarial de la recepción correspondiente. A lo anterior, se aplica, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 1a./J.27/2007, consultable en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y este órgano jurisdiccional toma nota de lo comunicado.
- Principal
VII.- De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 33 a la 36), donde se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I párrafo primero y segundo, del Acuerdo de referencia), pues se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III, párrafo primero, y vigésimo primero, fracción III, párrafo tercero de dicho Acuerdo), al haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México rinde informe justificado, al cual adjunta las constancias siguientes: Original del toca de apelación número 624/2016. Original del toca de apelación número 407/2016 y un DVD certificado. Original de la causa de juicio oral 105/2015. A fin de evitar el deterioro de las constancias remitidas y para un mejor manejo del presente asunto, con fundamento en el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena formar por separado el anexo correspondiente, con carátula de identificación. Ahora, del estado de autos y el análisis de las documentales remitida por la autoridad oficiante, colige que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el quejoso reclama en esta vía de amparo: - La resolución de uno de marzo del año actual dictada en el recurso de revisión extraordinaria de sentencia ejecutoria emitida en el toca 624/2016. Lo anterior evidencia, la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 17, 18, todos de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Por su parte, el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computara de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora, del análisis de las constancias adjuntadas por el tribunal responsable en el informe justificado de cuenta, concretamente del toca 624/2016, se constata que la determinación reclamada se notificó al quejoso Víctor Hernández Sánchez, por cédula de notificación fijada en los estrados del tribunal, el tres de marzo de dos mil dieciséis; asimismo, personalmente por conducto de su defensor en la misma fecha (foja 42 del toca). En ese orden de ideas, es claro que el plazo para promover amparo contra el acto impugnado debe computarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día según el artículo 94 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México, aplicable al caso que prevé: "Artículo 94. Los términos son improrrogables y empezarán a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, salvo los casos señalados expresamente. Los términos se contarán por días hábiles, a no ser que se trate de los señalados para poner al indiciado a disposición del órgano jurisdiccional o de resolver su vinculación a proceso, los que se contarán de momento a momento." Por ende, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del siguiente día hábil al que surte sus efectos la notificación del acto reclamado. Ahora bien, conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, aplicable al caso, los términos empezarán a correr el día siguiente de la fecha de notificación, salvo los casos señalados expresamente; por ello, debe entenderse que las notificaciones surten sus efectos en ese mismo día. Por tanto, el plazo para promover la demanda trascurrió del seis al veintiocho de marzo de dos mil dieciséis; sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve y veintiuno de marzo de esta anualidad, por ser inhábiles de conformidad con lo previsto en el numeral 19 de la ley de la materia, así como el veinte del citado mes conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la demanda fue presentada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, según se desprende del sello de recepción de la Oficia de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es claro que ésta resulta extemporánea en conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del siguiente día al que surta sus efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución que reclama; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis publicada en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio de 1993, Octava Época, número de registro 216152, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis prevista en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que la resolución reclamada no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, tampoco se ubica en la segunda de las fracciones mencionadas que sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Se afirma lo anterior porque en el caso particular, no se trata de ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino por el contrario, el acto reclamado que afecta la libertad del quejoso, fue emitido en un procedimiento penal, no fuera de él. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. Consecuentemente, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 17, 18, todos de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita; y, por tanto, dejar insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las once horas con quince minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados del Juez de Control de Juicios Orales y Adversariales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, toda vez que no se controvierten por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación atribuida a la sala responsable.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Victor Guillermo Servin Morales1601/2019
- Victor Guillermo Servin Morales1608/2017
- Victor Guzman Cruz30/2022
- Victor Heriberto Munguia Margarito272/2021
- Victor Hernandez Gomez1248/2014
- Víctor Hernández González606/2019
- Victor Hernandez Sanchez1384/2016
- Víctor Hernández Santiago246/2017
- Victor Hernandez Sauceda y Otros.1155/2018
- Victor Hernandez Sauceda581/2016
- Victor Hernandez Sauceda780/2019
- Víctor Hernandez Sauceda1362/2021