Víctor Hernández Peralta
Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Víctor Hernández Peralta
Actuaciones
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSION 1190/2023-IX En Puebla, Puebla a las nueve horas con nueve minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para celebrar la audiencia incidental, s---- ---- C O N S I D E R A N D O --------- -------- SEGUNDO. Negativa de la suspensión definitiva. El Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes y el Titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los mismos. Además, la quejosa no aportó pruebas que desvirtuaran la negativa expuesta por la autoridad responsable. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso +++++++++++++++++++++++, contra los actos señalados en el considerando primero de esta interlocutoria, y por las razones referidas el considerando segundo. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1190/2023-IX. En Puebla, Puebla a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Se integran al expediente electrónico los oficios de cuenta, signados por el Titular de la Dirección de Colaboración de la Agencia Estatal de Investigación y por el Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, mediante los cuales rinden su informe justificado que les corresponde. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Y, por último, se toma nota de los teléfonos y correo electrónico proporcionados, con la precisión de que la notificaciones se realizaran mediante oficio y, el correo electrónico únicamente se utilizará para comunicaciones no procesales que así lo requieran. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1190/2023-IX En Puebla, Puebla a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signado por Víctor Hernández Peralta, por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las parte que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integraran al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Admisión. Como los actos reclamados por el quejoso se ajustan a los requisitos de procedencia legalmente establecidos, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Materia del juicio. Los actos reclamados por la parte quejosa, en términos de la demanda, comprenden: Lo constituye la ilegal orden de búsqueda y aprehensión. Ejecución referida orden. Precisión de autoridades que habrán de emplazarse. La parte quejosa señaló como autoridades ordenadoras a diversos jueces del sistema penal acusatorio adscritos a las regiones judiciales Centro, con sede en la ciudad de Puebla y Tepeaca. Sin embargo, debe indicarse que la Jueza de Control Mirian Huerta Lechuga adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, informó que las causas tramitadas en esas regiones judiciales no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a todos los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión 544/2020 de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo-. Asimismo, mediante oficio 22328/2021-ADM, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Juez Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, informó a esta autoridad que tiene acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal del Estado de Puebla, por lo que se encuentra en aptitud, acorde a sus facultades, de rendir los informes previos y justificados correspondientes dentro de los juicios de amparo, en los que sean señalados como autoridades responsables los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución de cualquier región judicial del Estado de Puebla. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para la suscrita tal como se observa del juicio de amparo 610/2023, que la nueva denominación de la citada autoridad es Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, por lo que resulta evidente que dicha autoridad está facultada para rendir informe no solo respecto de los jueces del sistema adversarial sino también del sistema tradicional. Entonces, al haber señalado la quejosa a diversos jueces de control pertenecientes a las Regiones Judiciales Centro con sede en Puebla y Tepeaca, de ahí que, para maximizar el derecho a obtener una justicia pronta, el Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, deberá rendir informe justificado en representación de los Jueces de Control adscritos al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla y Tepeaca. Con motivo de lo anterior y a efecto de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se delimitan las autoridades responsables que habrán de emplazarse en este juicio constitucional - además de aquellas de las que no se realizó precisión-, para quedar de la forma siguiente: Autoridad ordenadora: -Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes a nombre de los Jueces de Control adscritos al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro (Puebla y Tepeaca). Autoridad ejecutora: -Titular o Director de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla; Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 11 5 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación1 . En ese informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notificación a las autoridades. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable que en el presente juicio sólo les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. También, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la autoridad una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en la ciudad de Puebla-." Además, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico Por consiguiente, a fin de cumplir con el principio de procuración de justicia pronta y expedita que rigen el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autorizan a la parte quejosa tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: +++++++++++ por tanto, se instruye su habilitación. Por otra parte, se tiene como autorizadas en términos del artículo 24 de la ley de la materia a las personas señaladas en su escrito de demanda, porque así lo solicitó la parte quejosa. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales, así como oposición de la parte quejosa. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese
- Incidental
-INCIDENTE DE SUSPENSION 1190/2023-IX En Puebla, Puebla a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del incidente de suspensión. Como se ordenó en esta fecha en el expediente principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1190/2023-IX, promovido por ++++++, por propio derecho, contra actos del Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para y otra autoridad. Solicitud de informe previo. En términos de los artículos 128, 130, 136, 138, 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las autoridades responsables una impresión de la demanda de amparo, adjuntada al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe a dichas autoridades que en caso de no rendir su informe previo y cumplir con todo lo solicitado en este proveído, en el plazo señalado, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar cierto el acto reclamado, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados a la parte quejosa, y si fueren de carácter patrimonial, deberá informar el monto del daño causado y si éste ya fue establecido por decisión judicial firme y si fue cubierto o garantizado a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquellos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Materia del incidente. La demanda de amparo fue admitida por: la orden de búsqueda y aprehensión, así como su ejecución. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las responsables se abstengan de privar de la libertad a la parte quejosa con motivo de la orden de búsqueda y aprehensión dictada en su contra. La parte quejosa queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Sin embargo, lo anterior debe sujetarse respecto a esas órdenes combatidas a los términos siguientes: Si se estuviere en el supuesto de la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, esto es, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenido el quejoso, quedará a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal en el lugar donde sea aprehendido o recluido o internado, y a disposición del juez de la causa para continuar el procedimiento que se le instruya. Por consiguiente, en este supuesto la parte quejosa continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del procedimiento que le instruya, con la única salvedad de que la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a aquélla, que deberá mantenerla recluida en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a los sentenciados. De estarse en el supuesto de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el quejoso no sea detenido, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal, hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. De estarse en el supuesto del segundo párrafo de la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad , así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva; el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, con la salvedad antes anotada concerniente a que la parte quejosa (cuando se encuentre detenida) deberá ser recluida en un área de prisión preventiva, distinta a la asignada a los sentenciados, lo que deberá comunicar al director del centro penitenciario correspondiente. Se hace notar que si la orden combatida es de privación de la libertad y ya fue ejecutada contra la parte quejosa por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en términos del artículo 164 de la Ley de Amparo la suspensión se concede para que sea puesta de inmediato (sin demora) a disposición del fiscal investigador o de trámite, para que éste determine la libertad o la retención dentro del plazo y en los términos establecidos por el artículo 16 de la constitución. De establecer el Ministerio Público la retención de la parte quejosa debido a la orden reclamada, deberá gestionar la consignación a la autoridad judicial dentro del plazo que establece el invocado artículo 16 constitucional, es decir, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte quejosa y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Para el caso de que la privación de la libertad hubiera sido decretada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se ponga a la parte quejosa en inmediata libertad si ninguna prueba existe respecto de flagrancia o urgencia. En términos del artículo 166, último párrafo de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Medidas de aseguramiento. Como medidas de aseguramiento y para evitar la evasión de la acción de la justicia por la parte quejosa, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, en donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarse por el quejoso mediante escrito que se presente ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Garantía. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa en el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este auto, no exhibe una garantía por la cantidad de diez mil pesos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Lo mismo sucederá si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo; cantidad que se fija de manera discrecional, pues se prescinde de la información para decretarla. Por ello, se estima que la garantía es discrecional y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que la parte quejosa no pretenda evadir la acción de la justicia, la cual deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley; además, se considera asequible de momento para la parte quejosa. Además, en caso de elegir exhibir un billete de depósito; en el contenido de éste, en lo relativo al "Nombre del depositante" deberá señalarse el nombre de la parte quejosa, en lo concerniente al "concepto" se deberá indicar: Para garantizar la suspensión provisional otorgada al quejoso Víctor Hernández Peralta, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1190/2023-VI" y deberá emitirse por el importe o cantidad anteriormente precisada; asimismo, en lo alusivo a "autoridad" deberá incluirse la denominación de este jugado, a saber: "Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla". Bajo apercibimiento de que en caso de no exhibir dicha garantía en los términos y plazos señalados, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables podrán ejecutar la orden reclamada. Presentación ante la autoridad emisora. Por otro lado, en caso de resultar cierto el acto reclamado, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que acuda física y personalmente dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del informe previo de la autoridad que (en su caso) acepte el acto, ante tal autoridad judicial emisora (que aceptó el acto reclamado), a rendir declaración en la causa penal instruida en su contra e intervenir en las diligencias de investigación por algún hecho; o bien, de ser el caso de una orden privativa de la libertad librada en el sistema penal acusatorio, para que la continuación del procedimiento de ejecución o de la carpeta de ejecución que en su caso se siga en su contra, o bien, si fuera el supuesto, para que le sea fijado día y hora para que se celebre audiencia que deba seguirse y en donde deba estar presente el quejoso, a la que deberá comparecer desde su comienzo hasta que finalice dicha audiencia. Todo lo cual también la parte quejosa lo deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo su comparecencia personal ante dicha autoridad; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Por ello, debe reiterarse, se requiere a la parte quejosa que en el referido lapso de tres días hábiles, deberá demostrar con el medio de prueba idóneo, su comparecencia física y personal ante dicha autoridad judicial, así como en donde demuestre que (en su momento) compareció a todo el desarrollo de la audiencia inicial en la data que le sea fijada para tal efecto; se apercibe que de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de comparecer ante la autoridad responsable, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere a dicha parte quejosa, con apoyo en el artículo 162 de la referida ley de la materia, que deberá presentarse ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea así solicitado, porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, se hace saber a la parte quejosa que deberá preferir la vía electrónica con su respectiva firma electrónica; y sólo por excepción, podrá realizarlo de manera física en la Oficialía de Partes Común del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde este órgano jurisdiccional tiene su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla. Solicitud de copias. Por último, respecto a la solicitud de copias certificadas de la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena descargar copia digitalizada de esas constancias del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.
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