Victor Hernández Hernández

Expediente 1065/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1065/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
22/01/2019

Partes del expediente

  • Victor Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de enero de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta que antecede... I. Se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. II. Archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados como originales... V. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en razón de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo señalado. VI. Hágase del conocimiento de las partes..., el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el lapso de cinco años contado a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las doce horas con diez minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/6121/2018 de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Ana Gabriel Toral Peralta, con el secretario de acuerdos, Felipe Hernández López, procede a celebrar la presente audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1065/2018, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo , (ii) el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho , donde se admitió a trámite el escrito inicial y (iii) el informe justificado rendido por la autoridad ministerial responsable . Al respecto, la secretaria encargada del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que antecede y dispone la apertura del período probatorio. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que los justiciables ofrecieron documentales pública y privada , presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, en tanto que el órgano técnico de investigación responsable ofertó copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 , las cuales se admiten, se reciben y se desahogan en razón de por su propia naturaleza conforme a lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo; por lo que al no existir más medios probatorios que relacionar se cierra este período para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal formuló sus alegatos en términos de su escrito exhibido el doce de noviembre pasado ; por otra parte, se precisa que el resto de las partes no ejercieron su derecho de alegar. Consecuentemente, al no existir diligencias pendientes por desahogar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1065/2018 promovido por Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores, en contra de la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca -en su denominación correcta-, de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se colmen los presupuestos procesales necesarios para el dictado de un fallo de fondo, si la omisión del órgano técnico investigador responsable de pronunciarse respecto de las diversas peticiones contenidas en la denuncia que los justiciables formularon el tres de septiembre del año en curso vulneran los derechos fundamentales de petición y de acceso a la justicia consagrados por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.I. ANTECEDENTES1. El tres de septiembre de dos mil dieciocho , los quejosos Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores y una diversa persona presentaron ante la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, una denuncia en contra de Ángel Ruiz Cano y Ángel Israel Ruiz Hernández por diversos hechos que consideraron como constitutivos de los delitos de "informes falsos dados a una autoridad judicial" y "fraude".Los disidentes narraron en tal ocurso las circunstancias fácticas en las que fundaron su denuncia y realizaron diversas solicitudes asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes. Ese libelo fue ratificado por los inconformes en la propia data .2. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho , la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, dispuso el inicio de la investigación respecto de los hechos denunciados; formó la carpeta 8935/ETLA/2018 del índice de ese órgano; ordenó la realización de los actos de investigación correspondientes y que se efectuaran las diligencias necesarias para obtener los datos de prueba que justificaran el hecho que la ley señala como ilícito y la probable comisión de los "imputados".3. En acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho , el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, se pronunció respecto de la admisibilidad y rechazó de los datos de prueba que los denunciantes ofrecieron, a saber, documentos públicos, testimonial e inspección ocular; dictó diversas determinaciones para lograr el desahogo de esos elementos probatorios; formuló requerimiento a un tercero en cuanto a un seguro de vida; dio la intervención que corresponde al denunciado Ángel Israel Ruiz Hernández; y, citó a los ofendidos a una diligencia para que expresaran si era su voluntad o no aceptar un mecanismo alternativo de solución de controversias. Esa determinación se notificó a los disidentes el treinta de noviembre posterior.II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO4. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores, promovieron juicio de amparo en contra de la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho.5. La parte quejosa precisó como derecho fundamental violado el consagrado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.6. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho , este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola bajo el expediente 1065/2018; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 7. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede.III. COMPETENCIA8. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en términos de lo estatuido por los normativos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 11. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes reclaman lo siguiente:Del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, combaten: ? La omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes.V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO12. Es cierto el acto recriminado al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que los inconformes presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes, porque así lo reconoció al rendir su informe justificado , lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que le fue atribuida a ese ente público. 13. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 14. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con el ocurso original que los titulares de la acción constitucional exhibieron en este juicio de amparo, en el que obra el sello de recepción de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca .15. Además, debe señalarse que ese libelo se encuentra glosado en las constancias que integran la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 que fue remitida por la responsable en copia certificada, indagatoria a la que se le otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2.16. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente:"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."17. Por otra parte, debe precisarse que en el presente sumario no existe algún medio de convicción con el que el órgano técnico de investigación responsable haya demostrado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ya había pronunciado los acuerdos que correspondían a las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que los disidentes presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes, lo que conduce a tener por demostrada la certeza del acto reclamado.VI. OPORTUNIDAD18. Por la naturaleza del acto impugnado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores, que no se subsana mientras aquélla subsista.19. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa:"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. LEGITIMACIÓN20. Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores, están legitimados para promover por sí el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 del índice de la autoridad ministerial responsable de donde emana el acto combatido tienen la calidad de ofendidos, lo que implica que la omisión atacada impacta en sus esferas jurídicas en sentido negativo al paralizar la secuencia de la indagatoria y esa situación los legitima para ejercer la acción constitucional por propio derecho.VIII. PROCEDENCIA 21. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 22. Cobra aplicación, la jurisprudencia II.1o. J/5 localizable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, de contenido:"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."23. En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que los justiciables presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que los inconformes no observaron el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.24. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;[.]"25. Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.26. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales.27. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación.28. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible.29. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. 30. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). 31. En ese contexto, los quejosos previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. 32. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado.33. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.34. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad.35. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que la omisión reclamada aun cuando emana de un procedimiento penal tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas.36. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubica el acto reclamado en tanto que éste no tiene como finalidad causar una afectación a la libertad personal de los justiciables.37. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que los solicitantes del amparo no se ubican en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y comparecieron a esa indagatoria a ratificar su denuncia de acuerdo con los antecedentes relatados en el primer apartado de esta sentencia, lo que revela que tienen conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto.38. En ese sentido, es necesario destacar que de la consulta de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 se advierte que la parte quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que la faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. 39. Ahora, los disidentes reclaman de la autoridad ministerial responsable la omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes, omisión en contra de la cual procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 40. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado , el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio.Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.41. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social.42. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos:? La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. ? Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito.Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. ? Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda.La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.? Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. ? La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. ? Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. ? La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada.43. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 44. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales , que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos por ese ordenamiento y por las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. 45. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.46. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio.47. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora.48. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. 49. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de defintividad que rige en el juicio de amparo.50. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. 51. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País , de contenido siguiente:"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos.""SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." 52. En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental.53. Del dispositivo 94, décimo párrafo, de la Carta Magna se advierte que la regulación de la aludida jurisprudencia se rige por el principio de reserva de ley; de ahí que la Ley de Amparo contiene un título específico sobre la jurisprudencia, en cuyo contenido se prevé la normatividad aplicable en torno a su creación, ámbito de obligatoriedad, contenido, mecanismos para su interrupción o sustitución y las formalidades para su emisión y publicación.54. Por otra parte, debe indicarse que conforme a lo dispuesto por el punto Séptimo del Acuerdo General 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un criterio jurisprudencial se considerará de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis correspondiente sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en el entendido de que si el lunes respectivo es inhábil se considerará de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, sin perjuicio de que las partes puedan invocar un criterio jurisprudencial tomando en cuenta lo previsto por el dispositivo 221, parte final, de la Ley de Amparo cuando no se haya difundido en el aludido órgano oficial. 55. En otro punto, del contenido del arábigo 217 de la Ley de Amparo se desprende que a partir del sistema orgánico y competencial el legislador federal implementó tres criterios para determinar la obligatoriedad de la jurisprudencia a cargo de los órganos jurisdiccionales, el primero que sólo toma en cuenta el grado de jerarquía entre los Tribunales, el segundo que además del criterio anterior destaca la competencia territorial y el tercero que corresponde a la temporalidad en la emisión de la jurisprudencia, los cuales se explican enseguida:El criterio jerárquico:? La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vincula si es emitida por el Pleno a todos los órganos jurisdiccionales del país con excepción del propio Tribunal Pleno. Por otro lado, si el criterio emana de alguna de sus Salas obliga a todos los Jueces, excepto al Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación y a la otra Sala.? Los criterios interpretativos emitidos por el Pleno o las Salas del Alto Tribunal del País son vinculantes no sólo para los órganos del Poder Judicial de la Federación, sino que también para los Tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. El criterio de jerarquía y de competencia territorial:? Este criterio de obligatoriedad que toma en cuenta tanto el grado del órgano emisor como su ámbito territorial de competencia rige respecto de la jurisprudencia establecida por los Plenos de Circuito, la cual vincula a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, a los Juzgados de Distrito, a los Tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y a los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.? Asimismo, de la literalidad del aludido dispositivo se advierte que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y los Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.El criterio de temporalidad:? En el ámbito temporal, por regla general, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia que se encuentra vigente al emitir su decisión, de manera que si en la época en la que ha de dictar su resolución no existe algún criterio que lo vincule dicho Juzgador está en libertad de hacer uso de su autonomía interpretativa.56. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios jurisprudenciales tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina en este apartado, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que este fallo sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.57. Con base en lo anterior, es factible sostener que el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que los inconformes presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.58. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora.59. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que los ofendidos -los quejosos tienen acreditada esta calidad ante la responsable en la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018, de acuerdo con los antecedentes relatados en esta sentencia- pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, los justiciables previamente a la promoción de este juicio constitucional debieron agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que hayan atendido esa carga procesal. 60. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. 61. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que los disidentes no observaron el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la actuación reclamada. IX. DECISIÓN 62. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal determina decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto que los disidentes reclamaron al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar dentro de la carpeta de investigación 8935/ETLA/2018 las diversas solicitudes contenidas en la denuncia que los inconformes presentaron el tres de septiembre de dos mil dieciocho asociadas con el desahogo de algunos de los datos de prueba que ofrecieron -documento público relativo un contradictorio, testimonial e inspección ocular- y con el dictado de las medidas respectivas para que se realizaran las diligencias de investigación correspondientes. 63. En otro aspecto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la diversa que la Fiscal Federal adscrita a este órgano jurisdiccional invocó en su pedimento , porque aun cuando operara la que señala sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. 64. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 65. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 66. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 67. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 68. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor y Miguel, ambos de apellidos Hernández Hernández, Alicia Bertha Flores Durán, Miguel Ángel y Lilivati o Lilivaty o Lilibaty, los dos últimos de apellidos Hernández Flores, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el apartado VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede... los promoventes no han manifestado lo que a su derecho convenga en relación al requerimiento efectuado en el proveído dictado el pasado dieciséis de noviembre y que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a dicha parte procesal para que lo atienda... la audiencia se reprograma para las doce horas con diez minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el sobre cerrado señalado en la cuenta al expediente en el que se actúa para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, como de la leyenda que obra en la correspondencia de mérito se advierte la imposibilidad que le asistió al cartero para entregar el oficio 36503/2018 dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como "FISCAL INVESTIGADORA, CON RESIDENCIA EN VILLA DE ETLA, OAXACA"; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días siguiente a la notificación de este proveído manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la inexistencia de dicha autoridad al referir el repartidor postal que la Fiscalía Local de la Villa de Etla, Oaxaca cuenta con cuatro mesas y, por ende, se debe precisar contra cuál de ellas se ejerce la acción constitucional, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se le dejará de tener como responsable a esa entidad y se suspenderá toda comunicación con ella. Notifique personalmente.

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