Víctor Hernández Díaz
Expediente 767/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Víctor Hernández Díaz
- Administrador General de Recaudación de Administración Local de Ciudad Juárez, del Servicio de Administración Tributaria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Causa ejecutoria la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, y se archiva.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 767/2015-III, promovido por el quejoso Víctor Hernández Díaz, por propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" (denominación actual de la autoridad señalada como Administrador General de Recaudación de la Administración Local de Ciudad Juárez), y de los Notificadores, Verificadores, Ejecutores, abogados Tributarios adscritos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", (denominación actual de la autoridad señalada como Oficiales Notificadores Adscritos a la Administración General de Recaudación de la Administración Local de Ciudad Juárez), ambos con residencia en esta localidad fronteriza. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Víctor Hernández Díaz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades precisadas en el preámbulo de esta resolución, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, consisten en: El mandamiento de ejecución y requerimiento para obtener el cobro forzoso de los créditos fiscales identificados con los folios H 583584, H 583585, H 583586 y H 583587, derivados de la resolución determinante de situación fiscal en materia de Comercio Exterior, contenida en el oficio 800-32-00-01-01-(4)-2015-(IV)-2805, de seis de marzo de dos mil quince, emitida por el Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez; y, El embargo del inmueble ubicado en calle Mezquite Verde, número 2977, fraccionamiento El Mezquital, en esta localidad fronteriza. SEGUNDO. Satisfecha la prevención realizada al promovente del amparo, por auto de dos de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, diferida en una ocasión por cuestiones legales, la cual inició en los términos precisados anteriormente, para concluir con el dictado de esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se combaten actos cuya ejecución tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, población comprendida dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de los informes rendidos por las autoridades responsables, a fin de verificar la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" y de los Notificadores, Verificadores, Ejecutores, abogados Tributarios adscritos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", pues así lo reconocieron el rendir su respectivo informe justificado, en el cual señaló la autoridad exactora que ordenó el cobro forzoso de los créditos fiscales identificados con los folios H 583584, H 583585, H 583586 y H 583587, derivados de la resolución determinante de situación fiscal en materia de Comercio Exterior, contenida en el oficio 800-32-00-01-01-(4)-2015-(IV)-2805, de seis de marzo de dos mil quince, emitida por el Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, notificada personalmente el ocho de abril de dos mil quince; mientras que los aludidos notificadores aceptaron haber realizado la notificación y diligencia de veintiséis de octubre de dos mil quince; así como el embargo de la casa ubicada en la calle Mezquite Verde, número 2977, fraccionamiento El Mezquital, en esta localidad fronteriza, la cual se identifica con la inscripción 6, folio 6, libro 5293, sección primera. Para justificar la legalidad de sus actuaciones, la autoridad exactora remitió copia certificada de diversas documentales obtenidas del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de copias certificadas, expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ante tales circunstancias, se tienen por ciertos los actos reclamados de la autoridades indicadas. Como apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI Materia Común, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917 - 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". TERCERO. Conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de los actos reclamados es necesario atender las causales de improcedencia que invoquen las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, ya que su estudio es preferente. Para ello, conviene tener presente que el quejoso acudió a combatir el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago de los créditos fiscales H-583584, H-583585, H-583586 y H-583587, realizado dentro del procedimiento administrativo de ejecución que se inició en su contra; así como el embargo del bien inmueble ubicado en calle Mezquite Verde, número 2977, fraccionamiento El Mezquital, en esta localidad fronteriza, del cual refirió ser copropietario, decretado dentro del mismo. Con la finalidad de justificar el sentido de esta resolución, en primer término se analizará lo relativo al embargo aludido, y posteriormente lo concerniente al mandamiento de ejecución y requerimiento de pago realizado al hoy quejoso. En relación al embargo combatido, este juzgador considera que la acción de amparo es improcedente, ya que el quejoso no acreditó su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". En efecto, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en términos de lo que establecen los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Como derecho jurídicamente protegido, se debe establecer que para promover un juicio de amparo, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si el acto reclamado se hace consistir en el embargo, que implica afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta indiscutible que para comprobar el interés jurídico, cuando se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes inmuebles, el quejoso para acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular del derecho de propiedad respecto del mencionado bien. Lo anterior se desprende del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión combatidos producen una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo cual se traduce en el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, es decir, precisamente el interés jurídico para controvertir la legalidad o constitucionalidad del acto de autoridad. Luego, si en el presente asunto el quejoso no aportó algún medio de convicción idóneo que permita conocer, sin lugar a dudas, que el embargo que tilda de inconstitucional le depara alguna afectación en su esfera de derechos, pues no ofreció alguna prueba para demostrar que es copropietario del bien inmueble ubicado en calle Mezquite Verde, número 2977, fraccionamiento El Mezquital, en esta ciudad; entonces, válidamente se puede concluir que carece de interés jurídico para acudir a instar. Así las cosas, al no surtirse la condicionante requerida para la promoción del juicio de amparo, y actualizarse la causal de improcedencia aludida, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del embargo combatido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se estima que por cuanto hace al mandamiento de ejecución y requerimiento de pago, se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues se trata de actos intraprocesales, derivados de un procedimiento administrativo de ejecución, que por sí mismos no producen consecuencias de imposible reparación y, por ende, que el juicio de amparo sea improcedente en relación con tales actos, los cuales, además, no constituyen una resolución definitiva, ni la última resolución que se dicta en el procedimiento de remate de bienes. Se explica, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracciones III y IV, del ordenamiento legal en cita, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." En la porción normativa del último precepto transcrito, se establece que es procedente el juicio de amparo contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, supuesto que se actualiza en la especie, debido a que las autoridades a quienes se les imputan los actos reclamados no pertenecen a un tribunal administrativo, judicial o del trabajo. Por otra parte, se prevé que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo, sino hasta que se dicte la resolución definitiva; momento en el cual podrán combatirse ante el juez de Distrito, tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Mientras que tratándose de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. No se soslaya que en esta regla el legislador reitera, en esencia, la relativa a la procedencia del amparo directo, donde instituyó que dicho juicio solo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. Ahora bien, resulta oportuno hacer alusión a la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo de ejecución contemplado en los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación, el cual consta de las siguientes etapas: 1.- Mandamiento de ejecución, 2.- Diligencia de requerimiento pago; 3.- Diligencia de embargo; 4.- Avalúo de los bienes embargados; 5.- Convocatoria para el remate de los bienes; 6.- Remate; y, 7.- Enajenación y adjudicación de dichos bienes. De la interpretación de las normas indicadas, se llega al conocimiento que los créditos fiscales que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en la ley, se harán exigibles por la autoridad mediante el procedimiento administrativo de ejecución, el cual inicia con el requerimiento de pago al deudor y, en su caso, concluye con la enajenación y adjudicación de los bienes embargados al contribuyente. En relación al procedimiento administrativo de ejecución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el procedimiento administrativo de ejecución, regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación, no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes; por lo que, en rigor, no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, párrafo primero, de la Ley de Amparo; sin embargo, consta de una serie coherente y concordante de actos tendentes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación, con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del mismo, similar en estos aspectos, a una sentencia ejecutoriada. Determinando que tratándose de actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo sólo procede hasta que se dicte en él la resolución definitiva, esto es, en la que se aprueba o desaprueba el remate; quedando el afectado en aptitud de reclamar las violaciones cometidas dentro del mismo. Lo que se justifica, porque de permitirse la promoción del juicio de amparo contra cada uno de los actos intermedios de ese procedimiento, en forma aislada, se obstaculizaría la secuencia ejecutiva, cuando es voluntad del legislador que la autoridad administrativa tenga la posibilidad de hacer efectivos créditos fiscales. Así se obtiene de la tesis jurisprudencial 2a./J. 17/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Administrativa, página 187, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En ese contexto, es importante mencionar que el quejoso adujo en su demanda que desconocía las causas que motivaron el requerimiento de pago y embargo que aquí combate, ya que no sabía del adeudo que se dice tiene con motivo de diversos créditos fiscales. La posición jurídica que refiere el quejoso tener respecto de los actos reclamados, es de especial importancia, puesto que de ello dependerá si se ajusta a las reglas que rigen el procedimiento de donde derivan, o puede acudir directamente al juicio bi-instancial en defensa de sus derechos. Es así, porque la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, contiene una excepción a las reglas específicas, que consiste en que cuando dentro del procedimiento seguido "en forma de juicio", que se tramita ante autoridad administrativa, se cause un perjuicio a una persona extraña a dicho procedimiento, el afectado no tiene que esperar hasta la resolución definitiva, sino que puede, válidamente, acudir al amparo de inmediato. Sin embargo, adverso a lo que afirmó el quejoso, en la especie no tiene el carácter de tercero extraño. A tal conclusión se llega, porque las copias certificadas que remitió el Administrador Desconcentrado Jurídico de Chihuahua "2", en representación del titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", acreditan que oportunamente se le notificó la resolución de seis de marzo de dos mil quince, en la que se definió su situación fiscal en materia de comercio exterior, dictada por la Jefa de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez, en ausencia del administrador de dicha aduana, a las que en términos de los numerales 93, fracción II, 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede valor probatorio pleno, por ser actuaciones realizadas por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, autorizadas por un funcionario facultado para ello. En efecto, dichas documentales acreditan la existencia de la resolución de seis de marzo de dos mil quince, contenida en el oficio 800-32-00-01-(4)-2015-(IV)-2805, en la cual, al resolverse la situación fiscal en materia de comercio exterior de Víctor Hernández Díaz, se estableció en su contra un crédito fiscal por la cantidad de $78,288.23 (setenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos, con veintitrés centavos), moneda nacional. Además, ponen de manifiesto que el ocho de abril de dos mil quince, se le notificó dicha resolución, informándole que en contra de ella podía promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (fojas 42 a 70). Ante la omisión de cubrir el adeudo del crédito señalado, el veintisiete de julio de dos mil quince, se dictó el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo que en esta vía se combate, a fin de obtener su pago forzoso (fojas 73 a 81). De tal manera que al estar plenamente acreditado que oportunamente se le notificó la resolución determinante del crédito fiscal, queda desvirtuado el carácter de tercero extraño con que se ostentó. Como apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1242, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente". Énfasis añadido. Lo anterior también permite establecer que el quejoso reclama actos de ejecución en la vía coactiva del crédito fiscal determinado en la resolución de seis de marzo de dos mil quince, específicamente el mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago que de ella derivó, los cuales constituyen actos intraprocesales, sin que se actualice a su favor alguno de los supuestos de excepción previstos en las fracciones III, inciso b), y VI del artículo 107, de la Ley de Amparo. De esta manera, para la promoción del juicio de amparo, el quejoso estaba obligado a esperar hasta el dictado de la última resolución dentro del procedimiento ejecutivo, a fin de combatir la ejecución de los créditos fiscales en comento; al no hacerlo, conforme a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, el presente juicio resulta improcedente, en contra del mandamiento de ejecución de veintisiete de julio de dos mil quince, que se atribuyó al otrora Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, y el acta de requerimiento de pago de veintisiete de octubre del mismo año, derivada del aludido mandamiento, que se reclamó de los Notificadores, Verificadores y Ejecutores adscritos a la entonces Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez. Actos que sólo podrán reclamarse hasta que se dicte la última resolución en dicho procedimiento administrativo de ejecución, en el que el ahora quejoso podrá combatir tanto esa resolución definitiva como las violaciones cometidas en dicho procedimiento. Cabe mencionar que en este juicio tampoco se actualiza la excepción relativa a que los actos reclamados tengan ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que si bien es cierto dentro del procedimiento administrativo de ejecución formalmente se decretó el embargo de un bien inmueble, también lo es que el promovente del amparo no demostró contar con interés jurídico, pues no ofreció alguna prueba que hiciera patente que es propietario del mismo, y que por ello el embargo le causa un agravio en su esfera de derechos. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del mandamiento de ejecución de seis de marzo de dos mil quince, atribuido al otrora Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, y del acta de requerimiento de pago de veintisiete de octubre de dos mil quince, derivada del aludido mandamiento, que se reclamó de los Notificadores, Verificadores y Ejecutores adscritos a la entonces Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez. En mérito de lo anterior, es innecesario estudiar las restantes causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, en relación con tales actos, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, en tanto que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio 767/2015-III, promovido por el quejoso Víctor Hernández Díaz, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" y de los Notificadores, Verificadores, Ejecutores, abogados Tributarios adscritos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2"; por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario, licenciado Cristóbal Maviell Córdova Jacinto, secretario que autoriza lo actuado y da fe, con lo cual concluye la audiencia constitucional. Doy fe. EL JUEZ EL SECRETARIO La presente foja corresponde a la última parte de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en autos del juicio 767/2015-III, promovido por Víctor Hernández Díaz. Conste.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.
- Principal
agréguense a los autos los informes justificados y anexo, con los cuales se da vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.
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