Víctor Guillermo Gutiérrez Ramírez

Expediente 884/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 56 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
884/2022
Año
2022
Actuaciones
56
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Víctor Guillermo Gutiérrez Ramírez
  • (NO GIRAR OFICIOS, AUTORIDAD PRECISADA AUTO 12/09/2022) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.********************Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que en parte sobreseyó y en parte se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.********************Háganse las anotaciones correspondientes.********************Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. ********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.********************Jennifer ********************

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, se constituye en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe, en términos del Artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y por el administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "1", de la administración jurídica del Servicio de Administración Tributaria. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos y la secretaría hace constar que las partes no ofrecieron alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto continuo, se cierra la audiencia y el juez procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 884/2022; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, y remitido a este juzgado en la misma fecha,********************, en representación del quejoso ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades. 2. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda, a lo que dio cumplimiento a través del escrito aclaratorio exhibido el diecinueve de julio siguiente; por lo que, por auto de veintidós de julio del año anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo con el número de juicio 884/2022, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien omitió formular pedimento; por auto de veinticinco de agosto del año anterior, se tuvo precisado el nombre correcto de la autoridad señalado como titular de la Oficina Jurisdiccional de Hermosillo, de la "Dirección General de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora", esto es: Dirección General de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora; y por auto de doce de septiembre del año anterior, se tuvo precisado el nombre correcto de la autoridad señalada como "Secretaría de Hacienda y Crédito Público", esto es: Administración Desconcentrada Recaudación de Sonora "1", de esta ciudad; y finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, la cual previos diferimientos se llevó a cabo a las once horas con cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. I. Competencia 3. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado trae aparejada ejecución en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que lo dota de competencia. II. Precisión de los actos reclamados 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: ". De la primera de las autoridades, o sea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclama todo lo ilegal actuado dentro de los procedimientos administrativos económico coactivo al no haber sido en estos, mi representado, citado, ni habérsele dado oportunidad de oponer defensa, ni de hacer valer recursos, ni ofrecer medios de prueba, ni de alegar, ni ser oído y vencido, del que pues obviamente mi representado es totalmente extraño; como así mismo reclamo, los ilegales embargos trabados por dicha autoridad dentro de dichos procedimientos sobre el bien inmueble de la legítima propiedad de mi representado el señor ********************, identificado como predio urbano clave catastral 360020056018, lote 1, Manzana VII, del fraccionamiento Arándanos Residencial, con superficie de 162.88 metros cuadrados y casa en él construida, que colinda al Norte en 17.00 metros con lote número 2; al Sur, en 8.50 metros y en 11.84 en línea curva con Retorno de los Enebros; al Este, 17.24 metro con calle sin nombre; y al Oeste, en 9.00 metros con Retorno de los Enebros, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 580398 en el volumen número 56458, de la Sección Registro Inmobiliario Libro Uno, con fecha 2 de diciembre de 2021; derivados dichos embargos de los créditos identificados con los números Z-192809 por $74,708.00 M.N., Z-192810 por $265,971.00 M.N, Z-151157, Z-151490, Z-185809 y Z-195810, por $47,363.00 M.N., $115,549.00 M.N., $75,746.00 M.N. y $137,985.00 M.N., sobre los que mi representante es totalmente ajeno, o sea no es deudor de la responsable la Secretaría de Hacienda y por ende no es jurídicamente responsable del cumplimiento de esas obligaciones; reclamándose de igual manera la adjudicación que se haya ejecutado dentro de ese mismo ilegal procedimiento sobre el bien inmueble antes descrito. De la segunda y tercera de las autoridades, reclamo la ejecución de las órdenes dadas por la primera de las autoridades, que consistió la ilegal de la inscripción de los ilegales embargos trabados dentro del procedimiento que le reclamo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo las partidas 225201 en el volumen 1782, con fecha 12/12/2002 y 225237 en el volumen 1783, con fecha 13/12/2002, ambos de la Sección Registro Inmobiliario Libro Dos." III. Inexistencia del acto reclamado. 5. No es cierto el acto reclamado a la Dirección General de Servicios Registrales del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir el informe justificado. 6. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con la existencia del acto que atribuye a dicha dirección general; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. 7. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, en relación con el acto que se atribuye a la mencionada dirección. 8. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 9. De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." IV. Existencia del acto reclamado 10. Es cierto el acto que se reclama al Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y al administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "1", de la administración jurídica del Servicio de Administración Tributaria, pues así se advierte de la lectura de sus informes con justificación. 11. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 12. Lo que se corrobora con las constancias exhibidas por el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y por el administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "1", de la administración jurídica del Servicio de Administración Tributaria; documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, pues se trata de constancias emitidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y resultan eficaces para demostrar la existencia del acto reclamado. V. Consideraciones jurídicas 13. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. 14. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia II.1º. J/5, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, Octava Época, con número de registro electrónico 222780, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 15. En virtud de que en el caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia, ni este juzgador advierte que se actualice una de estas, se procede al análisis de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. 16. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Novena Época, con número de registro electrónico 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." VI. Análisis constitucional del acto reclamado. 17. Previamente al análisis de los conceptos de violación, conviene precisar los antecedentes del caso. 18. Como lo señala la autoridad responsable administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "1", de la administración jurídica del Servicio de Administración Tributaria, el diez de octubre de dos mil dos, se llevó a cabo el embargo como garantía del interés fiscal, respecto del inmueble que ahora defiende el quejoso, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra de la persona moral Edificadora Plag sociedad anónima de capital variable, en virtud de que dicha moral contaba con los créditos fiscales Z-192809, Z-1982810, Z-151157 y Z-151490, y cuyos embargos fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, el doce y trece de diciembre de dos mil dos, como se advierte del certificado de gravámenes respectivo. 19. En efecto, como lo señala la referida autoridad, cuando tuvo verificativo el embargo a que se refiere el mencionado certificado de gravámenes (folio 1227412 -fojas 227 y 228-), el inmueble se encontraba libre de gravámenes, por lo que el embargo ordenado por la autoridad, se ubicó en primer lugar. 20. Luego, del oficio GRSON/2848/17 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por la C.P. Myrna Fátima Tarriba Amado, en su carácter de titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sonora, se advierte que, comunicó al ahora quejoso que en seguimiento a la regularización del inmueble de su propiedad, ubicado en el Lote 1, Manzana VII, del Fraccionamiento Arándanos Residencial, de esta ciudad, el cual como ya es de su conocimiento que se encuentra con embargo por parte del IMSS y/o SAT; lo anterior derivado de la falta de inscripción a su favor en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, de la escritura pública 8,201 de diecinueve de abril de dos mil, pasada ante la fe del Notario Público número 5, licenciado Próspero Ignacio Soto Wendlandt; se le requirió para que iniciara el trámite legal que conlleve a la liberación de los embargos recaídos sobre el inmueble que defiende el quejoso, y que para tal efecto, se presentara en las oficinas del referido Instituto para otorgarle asesoría legal. 21. Posteriormente, el quejoso ********************, mediante escrito de diez de octubre de dos mil diecisiete, compareció ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, con el objeto de solicitar la inscripción de la escritura pública 8,201 Volumen 295, de diecinueve de abril de dos mil, y que dicha inscripción se hiciera "arrastrando" cada uno de los embargos contenidos como anotaciones marginales en el Libro I, con número de inscripción 229792, en el volumen 1755 de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, o en la situación jurídica en que se encuentre, por así convenir a sus intereses. 22. Por lo anterior, son infundados los conceptos de violación, por lo siguiente. 23. En principio, cabe señalar que los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen y garantizan los derechos de debido proceso y de seguridad jurídica, consistentes en que previamente a que una autoridad afecte la esfera jurídica de alguno de los gobernados, se requiere que exista un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales establecidas en la ley de la materia y en el que se expresen los preceptos legales aplicables y las razones, motivos y consideraciones que se hayan tenido para la emisión de ese acto. 24. Dentro de tales formalidades destaca el que las resoluciones deben ser completas y congruentes con la demanda, contestación, con las pretensiones o excepciones formuladas y con las constancias que obran dentro del respectivo procedimiento. 25. Por otra parte, el derecho a la seguridad jurídica, consistente en que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose, por el primero, el señalar con precisión el precepto o preceptos legales que se estiman aplicables al caso concreto y, respecto al último, el señalar también con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir ese acto en reclamo. 26. Y además, debe existir una adecuación entre los motivos aducidos y los preceptos legales aplicados, para así dar a conocer al gobernado con toda claridad y precisión, cuáles son las facultades con que cuenta dicha autoridad para afectar su esfera jurídica, cuál o cuáles fueron las razones que se estimaron para la emisión de ese acto de autoridad y cuál o cuáles fueron los motivos en los que se apoyó dicha autoridad para resolver de la manera en que lo hizo. 27. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número 40, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el Artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 28. Ahora bien, el quejoso reclama que dado su carácter de tercero extraño al juicio, no ha tenido oportunidad de comparecer para defender su derechos. 29. Contrario a lo expuesto por el quejoso en la demanda de derechos, en el sentido de que, resulta ilegal lo actuado dentro de los procedimientos administrativos económico coactivos, en virtud de que el quejoso no fue citado, ni se le otorgó la oportunidad de oponer defensa, ni de hacer valer recursos, ni ofrecer medios de prueba, ni de alegar, ni ser oído y vencido; de la actuaciones se advierte que, cuando menos desde el diez de octubre de dos mi diecisiete, esto es, al comparecer ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, con el objeto de solicitar la inscripción de la escritura pública 8,201 Volumen 295, de diecinueve de abril de dos mil, ya tenía conocimiento de los embargos que afectan el inmueble de su propiedad. 30. A mayor abundamiento, la solicitud apenas invocada, tiene como antecedente, el oficio GRSON/2848/17 de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a través del cual, la titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sonora, comunicó al ahora quejoso que en seguimiento a la regularización del inmueble de su propiedad, ubicado en el Lote 1, Manzana VII, del Fraccionamiento Arándanos Residencial, de esta ciudad, el cual como ya es de su conocimiento que se encuentra con embargo por parte del IMSS y/o SAT; debía acudir ante dicho Instituto para iniciar el trámite legal para lograr la liberación de los embargos recaídos sobre el inmueble de su propiedad. 31. Por todo lo anterior, se considera que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño con que se ostenta, pues ha comparecido al procedimiento de origen y se le ha proporcionado información sobre la situación jurídica del inmueble que defiende, tan es así, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Fondo de la Vivienda, le ha comunicado los pasos que debe observar para la liberación de los embargos que afectan su patrimonio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los Artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por********************, en representación del quejoso ********************, respecto del acto de la autoridad precisada en el considerando III, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al quejoso ******************** respecto del acto reclamado a que se refiere apartado IV, por las razones plasmadas en los puntos V y VI. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Devolución de documentales. Agréguese a los autos para los efectos conducentes, el escrito que suscribe el autorizado de la parte quejosa y, atento a lo solicitado, al resultar innecesarias para la resolución del presente sumario, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse al promovente los documentos a que hace referencia en su ocurso, previa compulsa y cotejo que de los mismos se realice para constancia. En el entendido que las documentales que refiere el ocursante, corresponden a las exhibidas ante este órgano jurisdiccional mediante escrito recepcionado el diecinueve de enero de la presente anualidad. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, revelan que no pudo llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que transcurre el plazo previsto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para efectos de que el tercero interesado ********************, sociedad anónima de capital variable, comparezca al presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la referida audiencia y se fijan las once horas con cuatro minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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