Víctor Guillermo Balderas Zayas

Expediente 1034/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1034/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Víctor Guillermo Balderas Zayas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.) Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, devuélvase a los Juzgados Segundo, Cuarto y Quinto, todos de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, los legajos de pruebas que remitieron en cumplimiento al requerimiento que realizado en autos, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Cumple requerimiento quejoso. Se ordena separar juicios. Se desecha demanda de amparo. Vistos los escritos signados por el quejoso Víctor Guillermo Balderas Zayas, mediante los cuales da cumplimiento a los requerimientos efectuados en el proveído del doce de noviembre del presente año, en los juicios de amparo 1063/2020-VIII y 1064/2020-VIII, desahogando la prevención que se le formuló. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios, las constancias remitidas por las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: El auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones del juicio de alimentos 1641/2018 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. El auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el que se ordenó la retención del quince por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 1567/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. El auto por el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 55/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Puebla. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados son diversos y no se encuentran vinculados entre sí, pues se trata de actos diferentes cuyas consecuencias jurídicas igualmente se tornan distintas; en consecuencia, de conformidad con las reglas que rigen el juicio de amparo, éstos constituyen actos desvinculados y autónomos, pues incluso derivan de juicios distintos, por lo cual es manifiesto que en una sola demanda no pueden examinarse. Ahora, si bien en la ley de amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el contenido del artículo 66 de la Ley de Amparo, en el sentido de realizar la separación de juicios de oficio, toda vez que el presente asunto lo amerita en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de justicia constitucional consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, y efectuar una tramitación más clara, que en lo futuro evite el pronunciamiento de un fallo complicado y confuso en su comprensión. En torno al tema de la separación de juicios, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/96, se pronunció en los términos que a continuación se indican: "(...) así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: Si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie." De las consideraciones anteriores derivaron diversas jurisprudencias, entre ellas, las identificadas con los números 76/97 y 77/97, visibles en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcriben: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura esta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que deberá instrumentarse lo necesario para que en el presente juicio de amparo 1034/2020-I se tramite únicamente lo relativo al acto reclamado consistente en el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 1641/2018 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En la inteligencia que los diversos juicios constitucionales que deberán tramitarse por separado, versarán respecto de los actos reclamados siguientes: El auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte en el que se ordenó la retención del quince por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 1567/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. El auto por el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 55/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Puebla. En tales condiciones, procédase a certificar dos copias de todo lo actuado en el presente juicio amparo y mediante oficio remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto se turnen los asuntos separados al Juez de Distrito en esa materia, en turno, a fin de que se avoque a su conocimiento y resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Desechamiento. Ahora, como quedó precisado, el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones dentro del juicio de alimentos 1641/2018 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En ese contexto, procede desechar la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se ordenó la retención del cuarenta por ciento de salario y prestaciones y dentro del juicio de alimentos 1641/2018 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Sin embargo, del escrito de demanda se advierte que el solicitante de amparo ya conocía de dicho acto desde el nueve de mayo del dos mil diecinueve, tal como se desprende de la transcripción siguiente: "Luego de enterarme de que se trataba de una pensión alimenticia, el suscrito me presente el día nueve de mayo del dos mil diecinueve en Ciudad Judicial específicamente en el oficialía común de los Juzgados Civiles y Familiares, en donde me informaron que existía un juicio de alimentos en mi contra promovido por la señora MARÍA ALEJANDRA VÁZQUEZ ZAMORA madre de mis dos menores hijos VÍCTOR HUGO y MARÍA FERNANDA de apellidos BALDERAS VÁZQUEZ, radicado en el Juzgado Quinto de lo familiar del Estado de Puebla, bajo el expediente número 1641/2018, en ese momento me presento en el Juzgado Quinto de lo Familiar y me notifican dos acuerdos, uno de fecha diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve y uno más del día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, de los cuales el primero ordena la retención del cuarenta por ciento (40%) del salario y prestaciones del suscrito Víctor Guillermo Balderas Zayas para garantizar la pensión alimenticia provisional, así como una junta de conciliación que se llevaría a cabo el día veintiocho de marzo del dos mil diecinueve." En esas condiciones, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, pues fue promovido fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XIV, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De los numerales transcritos se aprecia claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Finalmente, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del juicio contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En el presente caso, se actualiza la primera hipótesis en virtud que de la propia demanda de amparo, y de las constancias remitidas Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Puebla, se advierte que el auto del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, que reclama el quejoso, le fue notificado el nueve de mayo de dos mil diecinueve, cuando compareció al Juzgado de origen, por lo que, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado, que en el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafo último, y 75, del código de procedimiento Civiles para el Estado de Puebla, la notificación surte efectos el mismo día. En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintisiete de octubre del dos mil veinte, es evidente que su presentación resulta extemporánea, ya que se presentó aproximadamente un año y medio después, y por ese motivo, para los efectos del presente juicio de amparo, el acto reclamado fue consentido tácitamente. Pero además, el juicio de amparo también resulta improcedente si se pondera que en contra del auto reclamado, el propio quejoso interpuso recurso de reclamación, el cual se declaró fundado en la interlocutoria del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 81 a 83, anexo I), y si bien en contra de dicha interlocutoria la parte acreedora alimentaria promovió el diverso juicio de amparo 1913/2019-III de este Juzgado, en el que se concedió el amparo mediante sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, para el efecto de dejar insubsistente dicha interlocutoria y recabar oficiosamente pruebas a fin conocer la capacidad económica del deudor alimentario, sin que a la fecha se haya emitido una nueva interlocutoria, ello pone de manifiesto que en contra del auto reclamado, se encuentra tramitando un medio ordinario de defensa, lo que actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17, 18 y 19 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Testimonio de revisión. Agréguese el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente del juicio de amparo indirecto 1241/2019, tres legajos de pruebas y testimonio de la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión número 64/2020, en cuyos puntos resolutivos establece lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento parcial. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso, aunque por diverso motivo legal. TERCERO. Se sobresee en el juicio promovido por David Arellano Excelente, en contra de las autoridades y por los restantes actos que quedaron precisados en el resultado primero de la sentencia ejecutoria." Se toma conocimiento de la ejecutoria. Acúsese recibo del expediente de amparo 1241/2019, de los tres legajos de pruebas y del testimonio. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, tomando en consideración que se trata de una reproducción de las constancias que obran en el juicio principal, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de constancias. Finalmente de la integración del presente juicio de amparo, se advierte que el Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor del Sexto Circuito, remitió un tomo de pruebas ( I ), y la Administradora Desconcentrada Jurídica de Puebla "1" remitió dos tomo de pruebas (II y III); en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de noviembre de dos mil veinte. Constancias. El Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, cumple el requerimiento formulado y al efecto remite copia certificada del juicio de alimentos ... En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta para que obren como corresponda, tómese nota para los efectos legales conducentes y acuérdese lo que en derecho proceda una vez que la parte quejosa desahogue la prevención formulada, o bien fenezca, el término concedido en el mismo. Fórmese el legajo de pruebas I. Cúmplase.

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