Víctor Guadalupe Romero Morales
Expediente 1352/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/10/2018
Partes del expediente
- Víctor Guadalupe Romero Morales
- Junta Especial dos de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral D-2/600/2012 de su estadística; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Víctor Guadalupe Romero Morales acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistentes en la omisión de notificar a los testigos respectivos para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa dentro del procedimiento laboral D-2/600/2012 de su estadística, así como el señalamiento en fecha lejana para el desahogo de dicha probanza. Ahora bien, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, a través de su Presidente, aceptó la existencia del acto reclamado; no obstante, mediante oficios recibidos el treinta de agosto y dos de octubre, ambos del año en curso, informó que dictó diversos acuerdos dentro del juicio de origen D-2/600/2012, remitiendo copia certificada de diversas constancias. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-2/600/2012 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que señaló las diez horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, y el de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, en el que, tomando en consideración la imposibilidad para notificar a los testigos nombrados por la parte oferente de la prueba, decretó la deserción de dicha probanza, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla notificara a los testigos respectivos de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada para su debido desahogo, así como el señalamiento lejano para tal desahogo, aquélla, de cierta manera quedó satisfecha en la medida en que el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, señaló hora y día para el desahogo de la referida prueba testimonial y que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, tomando en consideración la imposibilidad para notificar a los testigos nombrados por la parte oferente de la prueba, decretó la deserción de dicha probanza. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral D-2/600/2012 de su estadística; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Víctor Guadalupe Romero Morales acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistentes en la omisión de notificar a los testigos respectivos para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa dentro del procedimiento laboral D-2/600/2012 de su estadística, así como el señalamiento en fecha lejana para el desahogo de dicha probanza. Ahora bien, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, a través de su Presidente, aceptó la existencia del acto reclamado; no obstante, mediante oficios recibidos el treinta de agosto y dos de octubre, ambos del año en curso, informó que dictó diversos acuerdos dentro del juicio de origen D-2/600/2012, remitiendo copia certificada de diversas constancias. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-2/600/2012 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que señaló las diez horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen, y el de fecha veintiocho de septiembre del año en curso, en el que, tomando en consideración la imposibilidad para notificar a los testigos nombrados por la parte oferente de la prueba, decretó la deserción de dicha probanza, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla notificara a los testigos respectivos de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada para su debido desahogo, así como el señalamiento lejano para tal desahogo, aquélla, de cierta manera quedó satisfecha en la medida en que el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, señaló hora y día para el desahogo de la referida prueba testimonial y que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, tomando en consideración la imposibilidad para notificar a los testigos nombrados por la parte oferente de la prueba, decretó la deserción de dicha probanza. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, remite copia certificada de una razón del actuario de su adscripción, de la que se desprende su imposibilidad para notificar a los testigos Sonia Méndez Rojas, Noé Hernández Cortés y Rosenda Cruz Bravo el acuerdo de veintisiete de agosto del año en curso, sin embargo, no remite constancia alguna del acuerdo que haya recaído a dicha razón; en tal sentido, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad laboral para que dentro del término de veinticuatro horas siguiente a la notificación del presente acuerdo informe a este órgano judicial lo conducente. Hágase saber a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización.
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