Víctor Gonzalo Sánchez Mendoza
Expediente 257/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Gonzalo Sánchez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara FIRME dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J30/1108/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el trece de mayo del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de nueve de mayo de os mil veintidós, llevada a cabo dentro de los autos del juicio ordinario laboral 567/2020, del que emanan los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la constancia de cuenta, remitida por la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que a las nueve horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente es 567/2020 Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Víctor Gonzalo Sánchez Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral numera 567/2020, con diligencia, sino con dilación procesal o demora, fuera de los plazos y 'términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la autoridad responsable ha señalado fecha lejana para el desahogo de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, siendo esta señalada para las 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE MAYO DE 2022, DOS MIL VEINTIDÓS, constituyendo el acto reclamado, ya que la responsable está incurriendo de manera deliberadamente (sic) en una dilación al procedimiento, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar..". Ahora bien, de la interpretación integral el sumario constitucional en que se provee de la demanda de amparo y de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe de ley, así como con la que se adjuntó al oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como actos reclamados la omisión celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas prevista en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, empero, misma que tuvo lugar a las nueve horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, en el que además, de conformidad con el artículo 884, fracción V, del último de los citados ordenamientos, se concedió a las partes el término de tres días a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de la certificación que hacía constar que no existen más pruebas por desahogar en el expediente laboral de origen. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, de ahí que es indudable, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J30/1108/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el trece de mayo del año en curso, remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de nueve de mayo de os mil veintidós, llevada a cabo dentro de los autos del juicio ordinario laboral 567/2020, del que emanan los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la constancia de cuenta, remitida por la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que a las nueve horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente es 567/2020 Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Víctor Gonzalo Sánchez Mendoza, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral numera 567/2020, con diligencia, sino con dilación procesal o demora, fuera de los plazos y 'términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que de autos se desprende que la autoridad responsable ha señalado fecha lejana para el desahogo de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, siendo esta señalada para las 9:00 NUEVE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE MAYO DE 2022, DOS MIL VEINTIDÓS, constituyendo el acto reclamado, ya que la responsable está incurriendo de manera deliberadamente (sic) en una dilación al procedimiento, lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar..". Ahora bien, de la interpretación integral el sumario constitucional en que se provee de la demanda de amparo y de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe de ley, así como con la que se adjuntó al oficio de cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como actos reclamados la omisión celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas prevista en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, empero, misma que tuvo lugar a las nueve horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, en el que además, de conformidad con el artículo 884, fracción V, del último de los citados ordenamientos, se concedió a las partes el término de tres días a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de la certificación que hacía constar que no existen más pruebas por desahogar en el expediente laboral de origen. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, de ahí que es indudable, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las once horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado informó que señaló las nueve horas del nueve de mayo de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, mismo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo indirecto. Por tanto, requiérase a la referida Junta Treinta, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe a este órgano jurisdiccional si llevóa cabo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas señalada para el día nueve de mayo de dos mil veintidós, en los auto del expediente ordinario laboral 567/2020, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga dela prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Consecuentemente, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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