Víctor Giovanni Muñoz Rodríguez

Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
913/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Víctor Giovanni Muñoz Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. En otro contexto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar ni promoción pendiente por acordar en el juicio en que se actúa; con fundamento en el diverso 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, de conformidad con el numeral vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del acuerdo general conjunto citado en líneas que anteceden, se hace constar que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que de conformidad en el segundo párrafo del punto décimo primero del ya citado acuerdo general, háganse las anotaciones respectivas en la carátula de este expediente...M-III

  2. Principal

    DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguense el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, devolviendo diligenciado el despacho 552/2021-I, del índice de este juzgado federal, enviado a fin entregar los oficios 5369, 5370, 5371 y 5372 al Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tránsito, Ayuntamiento, y Síndico Procurador, todos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo. Dese de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...M-I

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Secretaria de Acuerdos y Amparos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite una demanda de amparo. Vista la demanda promovida por Víctor Giovanni Muñoz Rodríguez, contra un acto de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Segundo de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, ambos del Estado de Hidalgo. Se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 913/2021-III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda que se provee, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En efecto, en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamados; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho o siete años; incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Cabe aclarar, que esta juzgadora de amparo no soslaya que, anteriormente, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada en el segundo artículo transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la promoción del juicio de amparo en los casos en que el acto reclamado afectara la libertad personal del individuo, podía verificarse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia. De esta norma, derivaron muchos criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales, partiendo de la inexistencia de límites temporales para la promoción del juicio constitucional, en todos los casos en que el acto reclamado afectara directa o indirectamente la libertad personal, el amparo también podía pedirse en cualquier tiempo. Sin embargo, al tenor de las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la regla apuntada ya no rige más que para aquellos casos en que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, dentro de los cuales no se encuentra la orden de aprehensión y el auto de plazo constitucional. Sobre esto último, conviene apuntar que los actos de autoridad que tengan como finalidad o efecto inmediato una afectación a la libertad personal, pueden reclamarse en cualquier tiempo mediante el juicio de amparo, siempre y cuando se hayan emitido fuera de procedimiento, el cual, en materia penal, inicia con la denuncia o querella en la averiguación previa y termina con la consumación de la ejecución de la pena que la autoridad judicial llegara a imponer. En ese sentido, si el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del Toca Civil 38/2020-II, en la que se resolvió recurso de apelación interpuesto por Víctor Giovanni Muñoz Rodríguez, en contra de la sentencia interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 1196/2019, se advierte que el mismo se encuentra comprendido dentro un procedimiento familiar, motivo por el cual, para ese acto, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejercerse dentro del plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la promoción de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. En ese sentido, si el quejoso manifiesta expresamente que el acto reclamado se le notificó el veinticinco de junio de este año, tal notificación surtió efectos a partir del día siguiente en que se practicó, es decir, a partir del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que dicho plazo transcurrió del veintinueve de junio al diecinueve de julio de dos mil veintiuno, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio de este año, ya que estos fueron inhábiles, y dicha demanda fue recibida hasta el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es decir, un día después de fenecido su plazo, por lo que es incuestionable que fue presentada fuera de término. En efecto, dicho término transcurrió en exceso a la fecha de su presentación, lo que conduce a afirmar el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, aunado a que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de los que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En consecuencia, como ya se dijo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que si bien es cierto la demanda de amparo fue presentada ante la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el dieciséis de julio de este año, también lo es que dicha presentación no interrumpe el plazo para promover la demanda de amparo en los términos establecidos, esto en virtud de que el término decretado debe de computarse hasta la fecha en que el escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, razón por la que como se señaló en líneas anteriores procede desechar de plano la demanda de amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia I.6o.C. J/32, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero 2002, página 1120, con numero de registro digital 188038, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO, DEMANDA DE. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE LO RIGE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114 de la Ley de Amparo, disponen que la instauración del juicio indirecto de garantías se hará ante el Juez de Distrito; luego, si esa demanda contra actos de autoridades judiciales en materia civil, se promueve por conducto de la responsable, el término establecido en el artículo 21 de la última ley en cita no se interrumpe, dado que debe computarse hasta la fecha en que el escrito sea recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, en virtud de que dicha autoridad carece de competencia legal para la recepción de una petición de esa naturaleza, toda vez que no se está en el caso de excepción a que aluden los preceptos 37 y 40 de la referida ley reglamentaria de nuestro Código Fundamental. DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Coyoacán número 100, fraccionamiento Rancho La Colonia, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado en término amplio del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Casas Hernández; y, como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Celene Belén Suárez Estrada, Jorge Enríquez Guzmán y Josué Rubén Esquivel Medrano; lo anterior, por no acreditar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo.

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