Víctor Geovanny Ramos Loaiza

Expediente 72/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
72/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Navarrete Soriano
  • Víctor Geovanny Ramos Loaiza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto del quejoso Juan Carlos Navarrete Soriano, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. se ordena el archivo del presente asunto como concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    Toluca, México; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el comunicado de cuenta signado por el Encargado de Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares de la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y al efecto adjunta copias certificadas de los oficios 757/2018, 476 y respectivos anexos de este último. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Así las cosas, precisa acotar que los efectos de la sentencia de amparo vincularon a la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que realizara lo siguiente: "1) Reponga el procedimiento a fin de que se deje parcialmente sin efectos la audiencia inicial, a partir del dictado de las medidas cautelares, reitere lo que no fue motivo de concesión y, con plenitud de jurisdicción, determine el monto de la garantía económica tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicha resolución, cumpliendo con el requisito de legalidad fundando y motivando debidamente, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero subsanando las irregularidades precisadas en el cuerpo de esta sentencia y, 2) Continúe con la fijación del plazo cierre de investigación." En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con número de control interno 1351, el citado juez responsable hizo del conocimiento que con motivo de la sentencia concesoria de amparo, se impuso como medida cautelar al aquí quejoso la exhibición de la garantía económica de $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional) y adjuntó las constancias relativas, entre ellas un disco que contiene el video de la audiencia celebrada el dieciocho de los cursantes, del que se advierte que dejó sin efectos lo relativo al laudo emitido por ese órgano de control en cuanto a la imposición de la media cautelar de seis de septiembre de dos mil diecisiete, única y exclusivamente respecto a la imposición de la medida cautelar de la exhibición de la garantía económica (minutos 4:19 a 5:13). De lo que se colige, que a la autoridad ahora oficiante Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares de la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, no se le vinculó a actuar en la forma que refiere dar cumplimiento al fallo protector (instar la cancelación al vigilo de la medida cautelar consistente en que el quejoso debe residir en su domicilio particular), pues se reitera, que únicamente fue materia de concesión la garantía económica no así las diversas medidas cautelares impuestas al quejoso; por tanto, en uso de la facultad que otorga el artículo 192 de la Ley de Amparo, el cual establece que el plazo de cumplimiento del fallo protector se podrá ampliar tomando en consideración la complejidad o dificultad del mismo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares de la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México para que en el plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo protector en los términos expuestos en la sentencia de amparo. Apercibida que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 en relación con el diverso 258 de la ley de la materia, así como de los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    UN ACUERDO Y SE ORDENA NOTIFICAR PERSONALMENTE.

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