VICTOR GARCIA PEREZ y Otros.

Expediente 1287/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1287/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/10/2015

Partes del expediente

  • VICTOR GARCIA PEREZ y Otros.
  • Victor Garcia Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B Visto el estado procesal actual de los autos y la certificación secretarial; toda vez que, en la especie, por auto de treinta de septiembre de dos mil quince (fojas 23-26), se sobreseyó este juicio de garantías y dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales consiguientes. Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el expediente laboral 579/2013, mismo que fue remitido por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, con motivo de la incompetencia planteada, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado.

  2. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." (Énfasis añadido). La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito. Conforme al segundo precepto invocado, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, la inhibitoria y declinatoria constituyen formas de plantear las cuestiones de competencia: la primera se intenta ante el órgano que se estime competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhiba y remita los autos; mientras que la segunda se propone ante el que se estima incompetente, solicitándole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. En ambos casos, la cuestión de competencia constituye un acto jurídico complejo que se compone de dos decisiones de órganos de distinta jurisdicción, que son complementarias en la medida en que converge la voluntad de uno de ellos de no conocer del asunto y la del otro que acepta dicho conocimiento. Convergencia que condiciona la "determinación" de la cuestión competencial, pues cuando el órgano requerido acepta inhibirse o continuar el conocimiento del asunto, según corresponda, se define tal aspecto, ya que de otro modo, surge un conflicto competencial. Así, se estima que la procedencia del amparo contra actos de autoridad que "determinan" inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se circunscribe al supuesto que define la cuestión competencial, en los términos antes reseñados; esto es, cuando el órgano requerido acepta inhibirse o avocarse al conocimiento del negocio, pues entonces se materializa el perjuicio que supone la decisión del asunto en una jurisdicción distinta. Cuestión que, además de atender a la naturaleza del juicio de amparo y las cuestiones de competencia, se corrobora en la medida en que el vocablo "determinar", conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "tomar resolución" o "hacer tomar una resolución", lo cual únicamente puede entenderse realizado cuando se define en forma cierta el conocimiento del asunto, ante la voluntad concurrente de los órganos requirente y requerido; esto es, será aquélla resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque la regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio, impone que los mismos sean de imposible reparación, como se advierte del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo cual, armonizando tal disposición con la fracción VIII del propio precepto, debe entenderse que la mera declaración de incompetencia de la autoridad que inicialmente conoce de un negocio y ordena remitir los autos a la que estima competente, no tiene esa irreparabilidad, pues no sabe si esta última aceptará o no el conocimiento de asunto. De ahí que no pueda considerarse como una "determinación", como tal, pues para que la declaración de incompetencia, surta sus efectos, es indispensable el pronunciamiento de aceptación de diversa autoridad, pues de lo contrario surgirá un conflicto competencial. Sostener lo contrario y admitir la procedencia del amparo cuando la cuestión competencial no está determinada, porque solo existía la voluntad del órgano que solicita la inhibitoria o que declina el conocimiento del negocio, permitiría que durante el trámite del juicio constitucional surgiera un conflicto competencial, así como la existencia de sentencias contradictorias sobre el tópico, lo que resulta jurídicamente inadmisible. Ahora, en el caso, se advierte que los quejosos Víctor García Pérez, Ricardo Chávez Aguilar y Alberto Luna López, reclaman a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "(...) IV.-ACTO RECLAMADO. Reclamo de la responsable la inconstitucional resolución de fecha 9 de abril del año 2015, donde en sus considerandos y parte resolutiva, se declara incompetente para seguir conociendo del juicio seguido por los suscritos en contra de la demandada Aeropuertos y Servicios Auxiliares, porque según ella se lo impiden los artículos 123 Apartado "A" Fracción XXXI Constitucional y 527 de la Ley Federal del Trabajo y a continuación transcribe diversos antecedentes que nada tienen que ver con el incidente en cuestión y por último, sin emitir razonamiento alguno respecto del fincamiento de la litis o de lo alegado por las partes, resuelve la procedencia del incidente de competencia violando con su proceder todas leyes del procedimiento establecidas con antelación al hecho (.)." De lo transcrito anteriormente, así como del cuaderno de pruebas relativo al presente juicio se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de nueve de abril del año en curso (fojas 217 a 220 cuaderno de pruebas), donde la Junta responsable se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio laboral 579/2013 de su índice, y declinó competencia a favor de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad; pronunciamiento que aún no define la cuestión competencial, pues la Junta responsable solo declina la competencia a favor del Tribunal aludido, y corresponde a este último resolver respecto de la aceptación. De allí, deviene improcedente el juicio de amparo indirecto que se intenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Época: Décima Época; Registro: 2009912; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Materia(s): (Común); Tesis: P./J. 29/2015 (10a.) Asimismo, apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la tesis XVIII.4o.11 K (10a.), publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2006818, que establece: "COMPETENCIA POR DECLINATORIA O INHIBITORIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN DEFINITIVA CONCLUYE CUALQUIERA DE ESOS PROCEDIMIENTOS (ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "DETERMINEN" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la disposición citada, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Ahora bien, el juicio de amparo reviste un carácter excepcional y no debe sustituir a los procedimientos ordinarios, puesto que su propósito principal es proteger los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, es claro que, una cuestión de competencia, se suscita por el desacuerdo entre autoridades sobre quién debe conocer de cierto asunto, por lo que cada una de ellas bien puede emitir resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia o su conocimiento; pero la amplitud del citado texto legal, en cuanto a los supuestos que establece, no puede llevar al absurdo de que, en una cuestión de competencia, puedan impugnarse en amparo indirecto cada una de las determinaciones que van emitiendo las autoridades involucradas pues, de ser así, una impugnación podría afectar a la otra y se desplazaría al sistema legal previsto en la ley respectiva, para dilucidar las cuestiones de competencia, lo cual no corresponde a la finalidad del juicio de derechos fundamentales. Por ende, la aplicación de la norma aludida no debe interrumpir ni sustituir los procedimientos legales ordinarios para la sustanciación de las cuestiones de competencia, por lo que, en cada vía o tipo de juicio, habrá de analizarse cuál es el momento oportuno para que el asunto sea del conocimiento de los tribunales de amparo, armonizando los principios de la legislación que rija al acto reclamado, con los del referido juicio constitucional. En ese sentido, el vocablo "determinen" utilizado en la fracción en comento, debe entenderse referido a aquella resolución que en definitiva establezca el conocimiento del asunto de origen, contra la cual procederá el juicio de amparo indirecto; esto es, tanto la inhibitoria como la declinatoria se componen de dos decisiones judiciales, la que inicia y la que concluye. Así, el amparo indirecto sólo procede contra la que concluye cualquiera de esos dos tipos de procedimientos competenciales, salvo cuando la decisión concluyente sea en sentido negativo pues, en ese caso, se generaría el conflicto competencial, el cual tiene una tramitación especial". En las relatadas condiciones, si la resolución reclamada no "determina" la cuestión competencial; es decir, no implica que el asunto indefectiblemente se resuelva en una jurisdicción diversa de la planteada en un inicio, no puede estimarse que el juicio sea procedente en los términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, a contrario sensu, 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. Lo anterior, porque en el último de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia." MESA 3-B

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