Víctor García Bahena

Expediente 1624/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1624/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Víctor García Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja, mismo que quedó radicado con el número 326/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa VÍCTOR GARCÍA BAHENA, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve VICTOR GARCÍA BAHENA, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1624/2019-II, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.": Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Para mayor comprensión del asunto, conviene precisar algunos antecedentes del acto reclamado: El acto impugnado se originó en el juicio ejecutivo mercantil 376/2011-1, que se encuentra en etapa de ejecución; en el que el impetrante es parte demandada. El siete de enero de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió incidente de nulidad de emplazamiento derivado de las actuaciones judiciales practicadas en el incidente de liquidación de intereses, dentro del juicio ejecutivo mercantil 376/2011-1, radicado por el Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Asimismo, el tres de julio del presente año, el quejoso solicitó de nueva cuenta el incidente de nulidad de emplazamiento consistente en (nulidad de citatorio de emplazamiento y nulidad de emplazamiento), el cual fue admitido el cinco de julio del año en curso, por la autoridad responsable. En resolución interlocutoria de treinta de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en su resolutivo tercero declaró inadmisible el incidente de nulidad de citatorio de emplazamiento y emplazamiento, promovido por VICTOR GARCÍA BAHENA; por tanto, hoy combate en vía de amparo indirecto la resolución descrita. En relatadas circunstancias y, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. Ahora bien, en el caso en particular, se destaca que si bien es cierto en el expediente 376/2011-1 del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, no menos cierto es que no se trata de la última resolución que ha de dictarse en dicho juicio, pues aún se encuentra en trámite el incidente de liquidación de intereses promovido por la parte actora; por tanto, en este momento dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos del impetrante, de ahí que en el caso en particular no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplida la sentencia. Además el acto que se reclama a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido como un acto emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Por ende, si el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, bajo esa óptica, se concluye que dicho acto podrá ser reclamado una vez que se concluya con la etapa respectiva. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Mayo de 2008, de la Novena Época, página 989, que a continuación se transcribe: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL." Por tanto, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, ya que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Ello trae como consecuencia que el acto aquí reclamado, no pueda ser analizado en la vía de amparo indirecto, ya que se afectaría la etapa ejecutiva de la sentencia al no constituir la última resolución que en ella se dicte. Además de que la determinación reclamada se traduce en una violación procesal que no afecta derechos sustantivos del quejoso, que en su caso, podrá combatir tal violación procesal conjuntamente con la resolución final. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.94/2008, Novena Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Tomo XXIX, Febrero de 2009, Pág. 256, con registro 167896 de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107 fracción IV a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por VICTOR GARCÍA BAHENA. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como autorizados en los términos propuestos a las personas que señala, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. CHANT*

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