Victor Gabriel Gomez Vazquez
Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Gabriel Gomez Vazquez
Actuaciones
- Principal
archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 331/2021 que le corresponde. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente, se impone resaltar que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES a) El CONGRESO DE LA UNIÓN, con residencia en Ciudad de México. b) El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con residencia en Ciudad de México. c) La SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, con residencia en la Ciudad de México. d) El INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con residencia en Ciudad de México. e) La empresa de telefonía celular "TELCEL". ACTOS RECLAMADOS: a) Del Congreso de la Unión: a. La discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quáter. b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: a. La orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quater. c) De la Secretaría de Gobernación: a. El refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quater. d) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones: a. La inminente recepción de datos personales biométricos del quejoso, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base en la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. e) Del particular actuando como autoridad: a. La inminente obtención e ingresos de sus datos personales biométricos, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. INCOMPETENCIA: Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, el Máximo Tribunal en el país ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro 167761: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSBLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. En ese sentido, como se adelantó, la parte quejosa reclama los siguientes actos: ( La discusión, aprobación, publicación y refrendo del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quáter; y ( La recepción de sus datos personales biométricos, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. Así, el artículo 28, fracción VII de la Ley Fundamental señala, en lo que interesa, que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, prescribe que esos juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que esa legislación es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, dado que los actos reclamados en este juicio de amparo están vinculados con un tema de telecomunicaciones, el cual constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados, este Juzgado Federal estima carecer de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, ya que se actualiza la competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746, registro 2008591: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS BJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía INTERCONEXIÓN, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos al quejoso en virtud de no atender aviso (artículo 27 fracción I, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: "fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 331/2021 que le corresponde. Ahora bien, a efecto de acordar lo conducente, se impone resaltar que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES a) El CONGRESO DE LA UNIÓN, con residencia en Ciudad de México. b) El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con residencia en Ciudad de México. c) La SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, con residencia en la Ciudad de México. d) El INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, con residencia en Ciudad de México. e) La empresa de telefonía celular "TELCEL". ACTOS RECLAMADOS: a) Del Congreso de la Unión: a. La discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quáter. b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: a. La orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quater. c) De la Secretaría de Gobernación: a. El refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quater. d) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones: a. La inminente recepción de datos personales biométricos del quejoso, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base en la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. e) Del particular actuando como autoridad: a. La inminente obtención e ingresos de sus datos personales biométricos, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. INCOMPETENCIA: Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran establecidas en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, el Máximo Tribunal en el país ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable, como se advierte de la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro 167761: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSBLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. En ese sentido, como se adelantó, la parte quejosa reclama los siguientes actos: ( La discusión, aprobación, publicación y refrendo del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico el artículo 180 quáter; y ( La recepción de sus datos personales biométricos, derivado del cumplimiento respecto al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a 180 séptimus. Así, el artículo 28, fracción VII de la Ley Fundamental señala, en lo que interesa, que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, prescribe que esos juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que esa legislación es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, dado que los actos reclamados en este juicio de amparo están vinculados con un tema de telecomunicaciones, el cual constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados, este Juzgado Federal estima carecer de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, ya que se actualiza la competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746, registro 2008591: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS BJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía INTERCONEXIÓN, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido."
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