Víctor Gabriel Gastón García

Expediente 579/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
579/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Víctor Gabriel Gastón García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de veinticinco de julio pasado mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido, devuélvase al Juzgado Décimo Séptimo Penal de la esta ciudad, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte del mes en curso, pues informa a este juzgado que el quejoso no interpuesto ningún medio de impugnación contra el auto de plazo constitucional de once de mayo de dos mil quince. Al respecto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la ley reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. .". De dicho precepto legal se concluye que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora bien, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Bajo esta última previsión está comprendido el supuesto de improcedencia referido al acto derivado de otro consentido, que para su configuración requiere dos supuestos, a saber, la existencia de un acto anterior consentido que, por tanto, debe causar afectación al interés jurídico del quejoso para ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, y la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, que en su rubro dice "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. NO TIENE TAL CARACTER EL DECRETO POR EL QUE SE PRECISAN LOS DECRETOS Y ACUERDOS EN MATERIA DE ESTIMULOS FISCALES Y SUBSIDIOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CUANDO NO SE IMPUGNA TAMBIEN EN EL JUICIO DE AMPARO EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA TAL EJERCICIO". Ahora, del presente sumario se aprecia que el justiciable reclama el proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete en que se ordenó -en cumplimiento a la resolución que se mencionará en el párrafo siguiente-, la identificación administrativa, recabar los informes de sus ingresos anteriores a prisión y antecedentes penales, así como su ejecución, emitido en la causa penal 82/2015, en la que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable ofreció como pruebas las mencionadas, sin embargo, en el caso en particular existe un acto anterior consentido que causa afectación al interés jurídico del quejoso, y no obstante ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, no fue impugnado. Lo anterior es así, porque mediante auto de plazo constitucional de once de mayo de dos mil quince (foja 104 del anexo de pruebas), la autoridad judicial responsable desde esa fecha, en su resolutivo tercero ordenó la identificación del amparista por el sistema administrativo en vigor, y recabar los informes de ingresos a prisión y de antecedentes penales. En esas condiciones, es incuestionable la existencia de un acto anterior al reclamado, que causa afectación al interés jurídico del quejoso, y no obstante ser susceptible de impugnarse en la vía constitucional, no se incorporó a esta controversia, por lo que indefectiblemente constituye un acto consentido; de ahí que se tenga acreditado el primero de los requisitos precisados, respecto de la causal de improcedencia analizada. De igual forma ha quedado evidenciada la existencia de un acto posterior -cinco de julio de dos mil diecisiete- que fue consecuencia directa y necesaria del auto de plazo constitucional de once de mayo de dos mil quince, pues fue en este último donde se ordenaron los actos reclamados; determinación que este órgano de control constitucional está imposibilitado a analizar, por no formar parte de esta controversia. Por tanto, válidamente se puede concluir que se consintió el auto que precede al reclamado, sin que exista algún indicativo de inconformidad contra el mismo, lo que denota el consentimiento tácito de aquella determinación dado que no se actualiza algún caso de excepción de los previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por ende, si el acto reclamado es consecuencia directa y necesaria de aquél, constituye un acto derivado de otro consentido. Resultó orientador el criterio emitido por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, que en su rubro dice "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO", así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 115 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, febrero de 1999, de rubro "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN". En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia; y por ende, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la ley en cita, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, titulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el once de agosto de dos mil diecisiete a las diez horas con veinte minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, fórmese por separado un anexo, respetando sus rúbricas, sello y folio. Finalmente, requiérase a la autoridad oficiante para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe si contra el auto de plazo constitucional de once de mayo de dos mil quince, el quejoso interpuso algún medio de impugnación, y de ser así se sirva remitir las constancias respectivas, con la precisión que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto admisorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO".

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