Víctor Gabriel Dávila Villalpando

Expediente 1154/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1154/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Edgar Adrián Aranda Ramírez
  • Víctor Gabriel Dávila Villalpando

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    -CAUSA ESTADO- Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos a los quejosos Víctor Gabriel Dávila Villalpando y a Edgar Adrian Aranada Rampirez en términos del proveído de treinta de diciembre del dos mil veintiuno que dice: Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al promovente del amparo en proveído de quince de diciembre del año en curso, sin que haya cumplido con el requerimiento que le fue efectuado en los términos indicados en dicho auto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De la lectura de dicho precepto se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que los directos quejosos fueron puestos en libertad, pues de las copias certificadas acompañadas por la autoridad responsable a su informe sobre el acatamiento dado a la suspensión de plano se advierte que egresaron de las instalaciones del complejo de seguridad C-4 el quince de diciembre del año en curso, al haber hecho el pago de la multa que les fue impuesta. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en los aludidos quejosos -están en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues los directos quejosos se encuentran en libertad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido al promovente del amparo en proveído de quince de diciembre del año en curso, sin que haya cumplido con el requerimiento que le fue efectuado en los términos indicados en dicho auto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De la lectura de dicho precepto se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que los directos quejosos fueron puestos en libertad, pues de las copias certificadas acompañadas por la autoridad responsable a su informe sobre el acatamiento dado a la suspensión de plano se advierte que egresaron de las instalaciones del complejo de seguridad C-4 el quince de diciembre del año en curso, al haber hecho el pago de la multa que les fue impuesta. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en los aludidos quejosos -están en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia del quejoso, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues los directos quejosos se encuentran en libertad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Alejandra Lizeth Barraza Canales, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, encargada del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en sesión de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, conforme a lo comunicado en el oficio CCJ/ST/3784/2021, con motivo de las vacaciones concedidas al titular de este órgano jurisdiccional, signado por el Secretario Técnico de la citada comisión, asistida de la Secretaria María Elena Ramos Hernández, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1154/2021-VI.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Municipal del Turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, informando sobre la suspensión de plano dictada el quince de diciembre de este año. -PRUEBAS- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas las pruebas que exhibe, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. DELEGADOS - Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de la autoridad responsable, a los profesionistas que designa. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 20/2021. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria María Elena Ramos Hernández, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1154/2021-VI.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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