Víctor Francisco Vesarez Zuñiga
Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/06/2018
Partes del expediente
- Víctor Francisco Vesarez Zuñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 207-210), mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en auto de veintidós de marzo del actual, se reservó acordar lo conducente respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada ****(foja 28); asimismo, en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, y se ordenó notificar personalmente a la citada tercera interesada (fojas 207-210); sin embargo, a nada práctico conduciría emplazarla y notificar el referido auto a la misma, pues esa determinación no le irroga ningún perjuicio; por tanto, se deja sin efecto la notificación personal ordenada en el acuerdo de veintidós del actual. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio suscrito por el Juez de Control y Enjuiciamiento, Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informa que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra conociendo del recurso de apelación que promoviera ********, en contra de la sentencia condenatoria de dos de marzo de dos mil dieciocho, por el ilícito de abuso sexual, cometido en agravio de ********, registrándola bajo el toca penal ********, de su índice. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, solicita el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa y la resolución constitucional del mismo, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso. Como lo solicita la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, comunicándole que la audiencia constitucional está señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de mayo de esta anualidad y no se otorgó la medida cautelar, pues si bien existe sentencia de condena contra el impetrante, también informó el Juez responsable que la misma no ha causado estado y por ende, no ha ejercitado la pena privativa de libertad, ni hizo efectivo el apercibimiento de aprehensión con que se conminó al quejoso. Finalmente, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del oficio que al efecto se envíe, informe si admitió o no el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso ********, en la causa penal **********, del índice del juzgado responsable, debiendo remitir para tal efecto copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá en la audiencia respectiva, multa equivalente a cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.
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