Victor Francisco Vela Paniagua
Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Francisco Vela Paniagua
Actuaciones
- Principal
.. . Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido...
- Principal
... Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios 1309 y 1702 de veinticuatro de septiembre y veintiocho de octubre del año en curso, signados por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, informó sobre el cumplimiento efectuado a la sentencia de amparo. En proveídos de veintinueve de septiembre y de octubre del presente año, se ordenó dar vista a las partes con el contenido del citado comunicado y anexo de referencia, por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad responsable, la que únicamente fue desahogada por el quejoso Miguel Felipe García Medida, no así de las diversas partes no obstante de encontrarse debidamente notificados. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De acuerdo con los antecedentes de este expediente, por sentencia autorizada el trece de mayo de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] 1) Que el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, deje sin efecto la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve dictada en el en el juicio ordinario civil 223/2019 de su índice; y; 2) En su lugar emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión y con plenitud de jurisdicción, al pronunciarse respecto del régimen provisional de convivencia de la menor quejosa con su progenitora: Atienda el interés superior de la menor y analice la opinión vertida por la infante en la diligencia de cercioramiento de la necesidad de depósito, en la cual realizó diversas manifestaciones relativas a la convivencia con su madre y de estimarlo procedente ordene los estudios y tratamientos psicológicos correspondientes; Tome en consideración la edad de la menor, sus necesidades y costumbres, el tipo de relación que tiene con su madre no custodia, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad de su progenitora, y en general, cualquier factor que le permitiera discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para la menor involucrada, a la luz de las constancias con las que cuenta; apoyando su resolución en los preceptos legales que considere aplicables y explicando las razones por las cuales llegue a la conclusión relativa." La resolución en cuestión se declaró ejecutoriada el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por falta de impugnación de las partes dentro del plazo legal previsto para ello; por lo que, se mandó requerir a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días cumpliera con la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias que lo acreditaran. Ahora, de las constancias que acompañó el Juez responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que en los autos del juicio ordinario civil 223/2019 de su índice, dejó insubsistente la resolución dictada con fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, y emitió una nueva resolución cumpliendo con los lineamientos de la sentencia dictada en el juicio que se actúa. Así, declaró improcedente la reclamación de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve planteada por la aquí tercero interesada María Luisa Vargas Mesa, confirmó el depósito de persona de catorce de febrero de dos mil diecinueve, y dejó firme la convivencia provisional decretada el catorce de febrero de dos mil diecinueve en las Instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado, entre la menor y la citada tercero, los días sábados de cada semana, de las once a las trece horas; y ordenó al quejoso Miguel Felipe García Medida que deberá acudir con la menor el día y hora fijado para que permita la convivencia de la menor con su progenitora, hasta en tanto se resuelva sobre la guarda y custodia definitiva, por lo que ordenó girar oficio al Centro de Convivencia Familiar, para informarle la resolución emitida, y así este a su vez le comunicara el cumplimiento de la misma. Ahora, mediante oficio 1702, recibido en este juzgado el veintiocho de octubre de dos mil veinte remitido por la autoridad responsable, se advierte que mediante auto de veintidós de octubre del presente año, determinó fijar el régimen de convivencia provisional entre la tercera interesada María Luisa Vargas Mesa y su menor hija de identidad reservada, la cual de forma enunciativa más no limitativa, serán todos los días de la semana en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, convivencias que deberán realizarse por video llamadas Whatsapp o a través de las vías de comunicación disponibles a que pudieran tener accesos los progenitores de la menor. Lo anterior privilegiando el derecho a la salud y en seguimiento al plan de contingencia comunicado por las autoridades sanitarias correspondientes y a fin de procurar un sano desarrollo de los menores evitar rupturas de lazos paternos filiales entre el progenitor no custodio y su menor hija. Asimismo, atendiendo a la Circular seis de fecha diecisiete de marzo del presente año, emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado, emitida en razón de la emergencia sanitaria del brote del virus Covid-19, donde suspendió labores del dieciocho de maro al diecinueve de abril del presente año, el cual fue ampliado en diversas circulares, se suspendieron las convivencias en el Centro de Convivencia Familiar, motivo por el cual requirió al quejoso Miguel Felipe García Medida y María Luisa Vargas Mesa, para que se realicen las llamadas de videoconferencia con la menor en el domicilio que habita, apercibiendo al citado quejoso que de no cumplir con la citada determinación, se dará vista al ministerio publico adscrito al citado juzgado, y este juzgado sería informado del desacato judicial del quejoso. En ese orden de ideas, incuestionablemente resulta que el Juez responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al dejar sin efecto la resolución de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 223/2019 de su índice y emitir otra en la que establece el régimen de convivencia provisional entre la tercera interesada María Luisa Vargas Mesa y su menor hija de identidad reservada, en los términos expuestos y en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19); circunstancia que se corrobora con lo manifestado por el quejoso Miguel Felipe García Medida en su escrito recibido en este juzgado el cinco de noviembre del presente año, mediante el cual indicó que ya se están llevando a cabo en tiempo y forma las convivencias de la tercero interesada y su menor hija a través de videollamadas Whatsapp. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes y de conformidad con lo establecido por el citado artículo 196, párrafo cuarto, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, en la inteligencia de que deberán conservarse y digitalizarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto; por lo que se establece como fecha probable el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. De igual manera, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso "c", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso "a", del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, las copias certificadas del expediente 223/2019 que remitió como justificación de sus actos, el que resulta innecesario en el presente juicio de garantías, del cual se ordenó formar cuaderno de pruebas. Notifíquese personalmente al quejoso y Representante Especial de la Menor, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 23/11/2020, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Francisco Vela Paniagua, contra actos del Director de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Delegado Jurídico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en Xalapa, Encargado del Módulo de las 72 horas Dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Jueces de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral acusatorio del Décimo Séptimo Circuito (Salas A y D), con residencia en Veracruz, Veracruz; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 18, de la Constitución. RADICACIÓN Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 658/2020-II, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso soslayó respetar el principio de definitividad, al omitir combatir el acto reclamado, mediante el recurso denominado petición administrativa, previsto en el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión... En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la orden de traslado del Módulo Preventivo de Setenta y Dos Horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, Veracruz, a diverso centro de reclusión, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución, que establece dentro del título segundo denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo V relativo a "Traslado", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad tiene el derecho de impugnar, entre otras cosas, tales cuestiones. En efecto, el numeral 57, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece lo siguiente: "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidos por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto..." ... Más aún, porque la reforma de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo cual genera un control judicial del sistema penitenciario. Además, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual inició vigencia al día siguiente, como lo estableció su transitorio primero. Dicho ordenamiento tiene dentro de su ámbito de aplicación el internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos de competencia de los Tribunales del Fuero Federal y Local. En este marco normativo, se insiste, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, todo interno debe agotar el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal cuando reclame la orden de traslado y condiciones de internamiento. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto porque no se está en el supuesto de que se aleguen solo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, el quejoso debió observar el principio de definitividad porque en contra del acto reclamado (orden de traslado y su ejecución) la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial efectivo, por virtud del cual es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto de la procedencia de su traslado..... En ese orden de ideas, se DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Se aprecia que similar criterio sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 284/2019, de su índice; así como en las resoluciones emitidas en las queja 38/2019 y 21/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del referido Circuito; resoluciones que se tienen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)....
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